La inflación en Argentina ha evidenciado una tendencia ascendente a lo largo de los últimos veinte años, llegando a niveles por encima del 90% anual. En cambio, la gran mayoría de los países del mundo ha logrado mantener tasas relativamente bajas y estables. Así, Argentina permaneció catorce de los últimos dieciséis años entre las diez economías con mayor inflación y está a punto de unirse al pequeño club que enfrentó tasas superiores al 100% en al menos un año de la última década (Burkina Faso, Líbano, Sudán del Sur, Sudán del Norte, Venezuela y Zimbabue).
Estos niveles inflacionarios son incompatibles con un proceso de crecimiento sostenido, mejora en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. De hecho, entre 2011 y 2021 el ingreso por habitante de la Argentina cayó 13%, una performance decepcionante que se encuentra muy por debajo de la experimentada por otros países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia. Para retomar la senda del crecimiento, reducir la inflación es una condición necesaria y la prioridad macroeconómica número uno.
Sin embargo, no hay consensos con relación a las causas del proceso inflacionario que atraviesa nuestro país. Un correcto diagnóstico es central para enfrentar el problema. Desde Fundar contribuimos al alcance de dicho consenso mediante el estudio de los determinantes de la inflación en Argentina, como paso previo a sugerir aquellos aspectos que debería abordar una política antiinflacionaria.
Nuestro estudio parte de un esquema teórico que motiva la inclusión de variables en el ejercicio cuantitativo, lo cual disminuye el riesgo de omitir factores relevantes. En particular, se descompone al nivel general de precios en tres grandes grupos de precios, cada uno con sus determinantes próximos: transables, no transables y regulados. Los transables dependen del tipo de cambio y de los precios internacionales. En cuanto a los no transables, se plantearon dos posibilidades: i) que son función de la oferta y la demanda de dinero; y ii) que se determinan a partir de una función de costos compuesta por salarios, insumos nacionales e importados y un margen de ganancia. Finalmente, los precios regulados están fuertemente influenciados por el sector público.
La metodología utilizada permite diferenciar los efectos de corto y largo plazo. Los resultados indican que, en el largo plazo, un aumento de la tasa de interés o de los precios regulados baja la inflación; mientras que la depreciación del peso aumenta la inflación. En el corto plazo se observa que, por un lado, incrementos en la inflación pasada, depreciaciones de la moneda y aumentos en la oferta monetaria elevan la inflación de manera duradera. Por otro lado, alzas en el precio de bienes regulados y en las tasas de interés también tienen un efecto al alza, pero transitorio. Finalmente, incrementos en el nivel de actividad y en el precio internacional de commodities no tienen impacto relevante.
La inflación argentina es un fenómeno multicausal, de modo que cualquier abordaje parcial está destinado al fracaso. Tanto una política de ingresos sin consistencia macroeconómica como un planteo único y exclusivamente monetario carecerán de eficacia. En cambio, se deben atacar todos los frentes de manera simultánea.
En función de estos hallazgos, un plan antiinflacionario para Argentina debería considerar lo siguiente:
- Consolidación fiscal. No es posible financiar déficits fiscales crónicos con emisión sin esperar consecuencias sobre los precios, menos aún en una economía bimonetaria como la argentina. Es imperante la consolidación fiscal para permitir que el Banco Central lleve a cabo una política monetaria consistente. Asimismo, dada la situación social del país, es indispensable que la consolidación sea progresiva, tarea para nada sencilla dada la resistencia a la baja del gasto y a la elevada presión tributaria (particularmente en los segmentos formales de la economía). Al respecto, una de las claves consiste en implementar una reforma tributaria que corrija las inequidades y superposiciones en el sistema impositivo. Del lado del gasto, es posible que las tarifas sigan teniendo margen para hacer un aporte al respecto.
- Mejorar la gestión de la liquidez y la intermediación financiera. En la economía argentina se da la paradójica situación de contar, al mismo tiempo, con una liquidez excesiva (causada parcialmente por el financiamiento monetario del déficit fiscal) y dificultades de financiamiento del sector público e importantes segmentos del sector privado. Parte de la explicación se debe a que una porción significativa de los ahorros del sector privado y de entidades superavitarias del sector público es canalizada a pasivos remunerados del Banco Central (Leliqs y Pases), que crean un factor adicional de expansión de la base monetaria. Así, es necesario mejorar la intermediación del sistema financiero para fomentar el ahorro en moneda local y aceitar los canales de financiamiento tanto del sector público como el privado.
- Reducir el bimonetarismo. El carácter bimonetario de la economía argentina está relacionado con la incapacidad de la moneda nacional para cumplir ciertas funciones como la reserva de valor y, en determinados mercados, la unidad de cuenta y el medio de pago. Esto dificulta el funcionamiento del sistema económico en general y la efectividad de la política económica en particular. Para fomentar el ahorro en moneda local es requisito contar con una tasa de interés real positiva y reducir las expectativas de devaluación.
- Alinear precios relativos. El cepo genera una brecha cambiaria que desincentiva exportaciones e incentiva importaciones, afectando la sostenibilidad externa de la economía. No hay dudas de que el horizonte debe ser la unificación cambiaria. Más aún, casi la totalidad de los procesos de estabilización se inician con un tipo de cambio alto para permitir su apreciación real al tiempo en que la inflación cede. El problema entonces radica en cómo evitar los costos de la devaluación, relacionados con la aceleración de precios, la caída del poder adquisitivo de los ingresos, la recesión económica, y el aumento en la pobreza.
- Política de ingresos. Para esto último se requieren mecanismos de coordinación para abordar dos objetivos: i) evitar que shocks, como una devaluación, se trasladen a precios en toda su magnitud; y ii) a los fines de frenar la inercia inflacionaria. En un documento previo de Fundar (Etchemendy y Pastrana, 2021) proponen un pacto social de duración temporal a fin de colaborar en la estabilización de la economía.
- Fomentar las exportaciones para acumular reservas internacionales. La estabilización requiere que el Banco Central acumule reservas internacionales, para lo cual es necesario un incremento en las exportaciones de nuestra economía. Desde Fundar se propuso un marco regulatorio para el desarrollo del sector de gas natural licuado (GNL) en la Argentina, un bien que en la actualidad importamos pero que, al mismo tiempo, contamos en Vaca Muerta con reservas para abastecer 200 años de demanda local y con un potencial de exportaciones por unos 27.000 millones de dólares anuales por 30 años (Arceo et al., 2022).