Se estima que como consecuencia del cambio climático, para 2050 Argentina podría perder hasta un 4% del PIB debido a sequías. Además, el país se encuentra en el puesto 12 entre los que más han deforestado y el Parque Chaqueño constituye el segundo mayor foco de deforestación de Sudamérica. Esto constituye una preocupante crisis de pérdida de ecosistemas y biodiversidad. El espacio fiscal para enfrentar estas situaciones hoy es acotado. Las posibilidades de aumentar el financiamiento doméstico son también escasas. Por eso necesitamos instrumentos financieros innovadores.
Ilustración: Micaela Nanni.
La tiple crisis y la brecha de financiamiento
La noción de “triple crisis” alude a los desafíos que enfrentan las economías emergentes y en desarrollo (EMDEs) en torno a la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad, a la vida en un planeta cada vez más caliente y a los altos niveles de endeudamiento. A través de su análisis se intenta comprender también cómo interactúan estos componentes.
El concepto de «brecha de financiamiento« alude a esta diferencia en los recursos que son necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos asumidos en términos de clima y biodiversidad y las inversiones efectivamente ejecutadas. Proyectos de infraestructura, nuevas tecnologías, esquemas de compensación por conservación, entre muchos otros elementos, confluyen en una necesidad común: financiamiento.
Cuando nos referimos a la biodiversidad, la brecha de financiación global se estimó entre USD 598 mil y 824 mil millones anuales. Para dimensionar: el gasto global en conservación osciló entre USD 124 y 143 mil millones por año, cuando la necesidad total estimada es de entre USD 722 y 967 mil millones anuales.
La innovación como instrumento
En este contexto, hay un llamado a ampliar el financiamiento a través de la implementación y ejecución de instrumentos financieros innovadores para atender simultáneamente los tres desafíos: deuda, clima y biodiversidad. Si bien no existe una definición acordada internacionalmente de «financiamiento innovador”, su origen se explica como parte del debate sobre disponibilidad de financiamiento para objetivos de desarrollo (más allá de los ambientales y climáticos).
Dichos instrumentos suelen priorizar el desempeño de los proyectos en materia de sostenibilidad ambiental, pudiendo hacer más efectivas las inversiones. Asimismo, podrían constituir el medio por el cual se reconozca el valor que aporta la naturaleza y la biodiversidad y de esta manera obtener rendimientos monetarios a través de las prácticas de conservación del capital natural, más allá de su mera transformación.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar tres instrumentos innovadores para la captación de financiamiento destinado al clima y la biodiversidad: los bonos verdes y sustainability-linked bonds (SLB), los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) y el canje de deuda para el clima y la naturaleza. Se revisa su uso en otros países para luego evaluar su desarrollo en Argentina.
Bonos verdes y SLB
Los bonos son instrumentos de renta fija utilizados para captar fondos con el fin de financiar diversas inversiones. Cuando se emite un bono, el emisor está esencialmente pidiendo un capital a inversores con el compromiso de devolverlo en una fecha futura, junto con el pago del período de intereses (o pago de cupones). La idea de renta fija viene del hecho de que se conoce la tasa de interés.
Con el aumento de las necesidades globales para cumplir con objetivos climáticos, ambientales y sociales, surgieron los bonos verdes, sociales y sostenibles, que comúnmente se agrupan bajo el término de bonos GSS (del inglés, green, social and sustainability), y más recientemente se incorporaron otro tipo de bono temático: el bono atado o vinculado a la sostenibilidad (SLB, del inglés sustainability-linked bond).
Los bonos GSS son caracterizados como “use-of-proceed bonds”, ya que los fondos se comprometen a proyectos futuros específicos (o a refinanciar una cartera de proyectos existentes). Esto genera la necesidad de realizar un seguimiento del uso de los fondos para corroborar que el capital invertido esté siendo efectivamente destinado a cumplir objetivos ambientales prefijados.
Por su parte, los SLB son más innovadores que de los bonos GSS, ya que pueden ajustar algunas de las características estructurales y financieras dependiendo del grado de cumplimiento de ciertos objetivos previamente definidos de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.
Con los compromisos ambientales asumidos por los países en el Acuerdo de París de 2015 y el establecimiento de estándares para su emisión, los bonos verdes en circulación crecieron de USD 42 mil millones en 2014 a USD 542 mil millones en 2023. En cuanto a los SLB, tuvieron un crecimiento notable desde su primera emisión en 2019, alcanzando su punto máximo en el año 2021 con un cifra de USD 113,9 mil millones.
El mercado de bonos argentino en su conjunto es uno de los más pequeños de la región. Si tomamos los bonos emitidos por el sector corporativo en relación al PIB como proxy del tamaño del mercado de bonos, Argentina presenta una de las cifras más bajas a nivel global, inclusive de sus pares regionales como Brasil, México y Chile.
A pesar del pequeño tamaño del mercado de deuda y de la inestabilidad macroeconómica, el mercado de bonos verdes y SLB en Argentina, incipiente en comparación con la región, mostró un gran dinamismo en los últimos cinco años.
Desde la primera emisión de un bono verde en 2019 hasta 2023, el total de emisiones de bonos verdes enlistados en el “Panel para Bonos Verdes, Sociales y Sustentables” de la bolsa de valores Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA) se incrementó a un ritmo anual acumulado del 12%, con alzas anuales ininterrumpidas. Tomando los datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a 2023 se llevaba acumulado un total de cuarenta bonos verdes, por un monto de USD 944,9 millones. Parte de ese incremento se debe a la elaboración de guías por parte de actores como la CNV y la ByMA para la emisión de bonos en línea con los estándares internacionales.
Pagos por servicios ecosistémicos
Los programas de pagos por servicios ecosistémicos (PSE) son mecanismos de mercado que establecen que quienes se benefician de los servicios proporcionados por los ecosistemas paguen a los propietarios de dichas tierras. Estos luego se comprometen a realizar acciones de conservación y restauración y, por ende, garantizar la provisión continua de los servicios ambientales. Estas acciones pueden incluir el plantado de árboles, la preservación de áreas ribereñas, la utilización de técnicas agrícolas sustentables, entre otras.
Según estimaciones, existen más de 550 programas activos en todo el mundo y un estimado de entre USD 36 y 42 mil millones en transacciones anuales. América Latina fue pionera en establecer esquemas de PSE financiados o implementados, en gran medida, por los gobiernos nacionales.
Experiencias seleccionadas de Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) en la región
| País | Cantidad de proyectos vigentes | Cantidad de hectáreas beneficiadas | Tipo de PSA |
| Costa Rica | 3289 | 205.645 | Reconocimiento financiero por parte del Estado a propietarios y poseedores de bosque y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del ambiente. |
| México | 3221 | 2.3 millones | Incentivos económicos a la población propietaria de terrenos forestales, con el objetivo de que realicen buenas prácticas de manejo. |
| Perú | 52 | Desde cuencas muy pequeñas (922ha), hasta cuencas de gran extensión (1.721.343 ha). | Reconocimiento a los beneficios que proporcionan los ecosistemas de la cuenca hidrográfica a los usuarios de agua. Los beneficios incluyen: la regulación hidrológica en una cuenca (garantizando el flujo de agua), la disponibilidad de agua en ríos para diferentes usos, el control de erosión y sedimentos, entre otros. |
Los PSE pueden ser instrumentos efectivos para abordar la conservación y restauración del ambiente, y al mismo tiempo se pueden combinar con objetivos de reducción de la pobreza al ajustar sus criterios de inscripción y focalización para priorizar comunidades vulnerables.
En Argentina, las provincias de Misiones y Chaco presentan algunas iniciativas que son vanguardia en el país.
Misiones tiene uno de los bosques prístinos más grandes del mundo y alberga el 52% de la biodiversidad argentina. En 2009, se sancionó la Ley de Pagos por Servicios Ambientales (Ley XVI-103), que establece el marco para la implementación de programas de PSE, y fue pionera en la implementación a nivel provincial con el esquema de pago por servicios hídricos en la Cuenca del Arroyo Campo Ramón en 2017.
Chaco ha evaluado diferentes maneras de valorizar su principal patrimonio natural, el Parque Chaqueño, que es la región forestal con mayor superficie de bosque nativo de Argentina. Una iniciativa fue el Ecotoken, un activo financiero basado en la tokenización y la utilización de tecnología blockchain. Este permitiría generar recursos a través de pagos en compensación por los servicios ecosistémicos que la provincia ofrece al mundo.
Swaps de deuda para el clima y la naturaleza
Los swaps de deuda por el clima y la naturaleza pueden constituir una gran solución para muchos países que enfrentan pesadas cargas de deuda. Estos son una transacción en donde el acreedor proporciona alivio de la carga de la deuda a un gobierno soberano deudor que se compromete a destinar parte de los ahorros a inversiones para alcanzar objetivos climáticos, de biodiversidad y para alcanzar otros Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
En Argentina no existen experiencias sobre el uso de este tipo de instrumentos. Algunos reportes plantean que Argentina es el caso típico de un país deudor que podría basarse en su posición como acreedor ambiental para negociar reducciones de deuda mediante swaps de deuda. Como acreedora ambiental, Argentina tendría un sólido régimen de gobernanza ambiental en el marco de las leyes de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (Ley 27.520), para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331) y para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Esto es fundamental en el marco de los compromisos que se asumen en el marco de una negociación como los swaps de deuda.
Pese a estas condiciones favorables, el consenso en la literatura es que los swaps de deuda no son una opción viable en casos como el de Argentina, donde existen dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda pública. En caso de requerir una renegociación de sus obligaciones, lo más adecuado probablemente serían los métodos tradicionales de reestructuración donde se involucre una sustancial proporción de la deuda.
Los swaps de deuda podrían ser una herramienta de financiamiento con gran potencial una vez que la Argentina estabilice su economía y recupere el acceso a los mercados internacionales.
Oportunidades para el desarrollo de los instrumentos
Se pueden enumerar tres condiciones comunes necesarias para la escalabilidad de los instrumentos financieros innovadores:
- Un marco institucional sólido y la articulación entre actores.
- Incubación de proyectos y disponibilidad de una cartera de proyectos de inversión diversificada y robusta.
- Un ordenamiento macroeconómico.
