La palabra "Estado" está en el centro de las disputas políticas. Todas las fuerzas políticas en la Argentina han querido transformarlo: más chico, más interventor, más moderno, más eficiente, más federal. Una pregunta fundamental apunta a sus capacidades: qué puede y qué no, qué debe y qué no.
El Estado es el instrumento para ejecutar políticas públicas que transformen la realidad, pero también para transformarse a sí mismo. La capacidad estatal refiere a cerrar la brecha entre el anuncio y la realidad, algo que no sucede de un día para otro. Imaginar un camino posible para esa mejora requiere asumir que la expectativa de desarrollo del país y la del propio Estado caminan juntas.
Un Estado robusto es condición para el desarrollo. Un Estado capaz es el que diseña políticas públicas que llegan a tiempo a las personas, que administra recursos de manera eficiente y que sostiene reglas de juego claras.
Un Estado que moderniza y fortalece sus instituciones mediante el uso estratégico de tecnologías y la gestión inteligente de datos puede garantizar derechos, reducir desigualdades y mejorar el bienestar colectivo. Esto implica revisar procesos administrativos, invertir en capacidades humanas y técnicas, abrir datos y regular con enfoque ciudadano. La transformación debe operar hacia dentro —para mejorar la capacidad de decisión y gestión— y hacia fuera —para que la interacción entre ciudadanos y Estado resuelva problemas en tiempo y forma—.
La incorporación de tecnologías para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas es clave para mejorar la calidad institucional. Un Estado que integra datos, utiliza inteligencia artificial con criterios éticos y diseña innovación pública guiada por el interés común toma mejores decisiones, reduce la discrecionalidad y se acerca a la ciudadanía con legitimidad renovada.
Una sociedad activa, conectada e informada es condición para que este cambio sea sostenible. Ampliar los espacios de participación, democratizar el acceso a la información y generar canales de diálogo efectivos entre instituciones y ciudadanía son pasos esenciales para una democracia vibrante.
La transformación del Estado requiere de los recursos que genera una economía estable y es condición para políticas de bienestar efectivas y para una estrategia de desarrollo productivo anclada en el siglo XXI. Estos son nuestros desafíos.
