El Estado es uno de los principales productores de datos del país. A su vez, los datos son un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas más eficientes y eficaces. Por eso, es imprescindible fomentar su uso. No es una tarea sencilla: la información está fragmentada en distintas dependencias que no intercambian la información de manera óptima. Y, si bien en los últimos años se realizaron una serie de esfuerzos por avanzar en esa dirección, aún persisten brechas significativas en la integración de sistemas e intercambio de información entre diferentes dependencias.

Esta situación se puede explicar por una falta de jerarquización del tema, por la ausencia de una estructura encargada de llevar a cabo una estrategia nacional para la gestión de los datos, y por un marco jurídico y legal que no se utiliza completamente en la práctica. Todos estos son desafíos que debemos encarar para contar con un Estado inteligente, capaz de generar políticas públicas basadas en evidencia y de gestionar de manera más informada y eficiente.

Es fundamental evaluar si estamos haciendo pleno y correcto uso de los datos que producimos para tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. También, es fundamental proponer y analizar formas posibles de mejorar el uso de datos a nivel estatal. En esta serie abordamos temas clave que las organizaciones del sector público pueden afrontar en materia de gobierno de datos.