Los datos tienen que ser el punto de partida para crear cualquier política pública. Mejorar la gestión estatal implica, entonces, mejorar la gestión de los datos: recolectarlos, administrarlos y usarlos para entender más y mejor a la población. ¿Cómo puede concretarse? ¿Cómo puede avanzar la Argentina? Una estrategia nacional para aprovechar al máximo los datos.
Ilustración: José Saccone
El Estado es uno de los principales productores de datos del país. A su vez, los datos son un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas más eficientes y eficaces, haciendo imprescindible fomentar su cuidado y su uso. Sin embargo, la información está fragmentada en distintas dependencias y no se explota todo su potencial. Si bien en los últimos años se realizaron una serie de esfuerzos por resolver estos problemas, aún persisten brechas significativas en la integración de sistemas e intercambio de información. La falta de jerarquía del tema y la ausencia de una estructura encargada de llevar a cabo una estrategia nacional para la gestión de los datos son síntomas del problema que enfrentamos. A su vez, el marco jurídico y legal existente no se aplica de manera completa. Estos son los desafíos que debemos encarar para contar con un Estado inteligente, capaz de generar políticas públicas basadas en evidencia y de gestionar de manera más informada y eficiente.
Un Estado inteligente
Un Estado inteligente es aquel que reconoce a los datos como un activo. Conoce con qué datos cuenta: los ordena y los clasifica. Sabe quiénes se encargan de generarlos, de resguardarlos y de utilizarlos. Los almacena y los utiliza para mejorar su relación con la ciudadanía. Diseña políticas públicas y gestiona con la mayor cantidad de información disponible. Interopera con otras fuentes y toma decisiones basadas en evidencia.
UN ESTADO INTELIGENTE SABE. Usa los registros administrativos y fuentes alternativas para conocer su población objetivo y tomar decisiones. Lleva a cabo políticas públicas consecuentes con las necesidades de la misma.
UN ESTADO INTELIGENTE RECUERDA. Conoce con qué datos e información cuenta y guarda esa información de manera responsable y segura para usarla cuando sea necesaria.
UN ESTADO INTELIGENTE RAZONA. Valoriza e intercambia datos para tomar decisiones informadas.
UN ESTADO INTELIGENTE PONE EN ACCIÓN SUS PLANES. Utiliza los datos de manera metódica y sistemática para convertir la información en metas y acciones concretas en el marco de sus políticas públicas.
Gestión de datos en Argentina
En Argentina, se promulgaron leyes y resoluciones que promovieron la creación de entidades gubernamentales encargadas de supervisar la gobernanza de datos, que promovieron la digitalización de la información, y buscaron resguardar su carácter de confidencialidad.
No obstante, la implementación de este marco jurídico en la práctica es dispar y en muchos casos está subutilizado. A pesar de los avances logrados en cuanto a la infraestructura y conectividad de datos, subsisten desafíos en términos de interoperabilidad y estandarización en la administración pública. Una futura estructura de gestión de datos debe considerar la legislación existente para potenciar el uso de las herramientas y los sistemas existentes.
Nueve tareas para diseñar una estrategia de datos para la Administración Pública
1) Institucionalizar los datos en el organigrama estatal
Para comenzar a subsanar esta situación, el primer paso consiste en institucionalizar los datos en el organigrama estatal. El análisis de las distintas experiencias internacionales señala que es indispensable contar con una persona o equipo responsable de impulsar la agenda de datos en el gobierno. Mayormente encontramos tres grandes tipos de estructura de responsabilidad de datos.
- Algunos gobiernos —como Reino Unido y España— decidieron que su estructura de datos esté centralizada en una sola figura: el Chief Data Officer (CDO). El CDO es un/a funcionario/a del gobierno que dirige la gobernanza de datos y se encarga de que se guarden y utilicen de manera segura y privada.
- Otros países —entre ellos, Brasil y Estados Unidos— decidieron estructurar una mesa interministerial de CDOs, donde cada ministerio tiene un CDO representante en un concejo, que a través de consensos marca y sigue la gestión de los datos.
- Por último, en algunos países se decide que todas estas funciones sean llevadas a cabo por una agencia gubernamental con algún grado de autonomía de la estructura de gobierno. A diferencia de las estructuras anteriores, la agencia no forma parte de la administración central sino que es externa. Algunos países que eligieron formar una agencia son Australia y Tailandia.
Es importante que esta figura tenga un respaldo de los distintos ministerios y asegurar que tengan suficiente poder y aceptación dentro del gobierno para impulsar sus agendas.
Basándonos en las lecciones aprendidas de otras experiencias, una solución viable para el contexto argentino es la creación de una estructura de gestión directamente subordinada a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta entidad debería estar dirigida por un/a Chief Data Officer (CDO) nacional, quien sería responsable de liderar y promover la agenda de datos en todo el Estado, otorgando máxima prioridad y relevancia a la gobernanza de los mismos.
2) Jerarquizar la política de datos en el ámbito estatal
Otorgar autonomía y estabilidad a la estructura encargada de la gobernanza de datos, permitiéndole desempeñar un papel central en la facilitación del intercambio de datos entre organismos públicos y con entidades privadas.
3) Hacer un diagnóstico
La superposición de objetivos así como la falta de acuerdos estables, de regulaciones específicas y de protocolos impiden el trabajo con datos de manera integral en el Estado. Una evaluación de madurez de datos en las dependencias estatales permitiría identificar superposiciones de objetivos, brechas y áreas prioritarias; y determinar qué cambios se deben hacer, en qué medida y cuándo.
4) Identificar y potenciar las capacidades técnicas
Hay una falta de reconocimiento de la naturaleza técnica de los desafíos relacionados con los datos. Un eje importante es evaluar las capacidades técnicas con las que cuenta el Estado para consolidar y mantener equipos técnicos en el sector público (desafiados por la alta migración de recursos hacia el sector privado).
5) Asegurar la credibilidad de la información
Para que las estadísticas oficiales sean efectivas deben mantener altos estándares de calidad e imparcialidad. La credibilidad de estas estadísticas es una cuestión que abarca tanto aspectos técnicos como políticos. Promover la transparencia a través de la apertura de datos y cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública son dos pilares fundamentales.
6) Fomentar una cultura de datos a nivel local
Aun si la conciencia sobre la importancia de los datos va en aumento, existen desafíos (como la falta de integración entre órganos de gobierno y la fragmentación de bases de datos) limitando el análisis efectivo y las posibilidades de aplicar la analítica de datos en el diseño de las políticas públicas.
7) Asegurar la seguridad y privacidad
En los últimos años, el Estado Nacional tuvo distintos episodios de vulnerabilidad tanto de los sistemas y tecnologías como de la información. La seguridad no debe ser obstáculo para la colaboración ni el acceso a los datos públicos, abogando por aplicar el principio de proporcionalidad, donde las medidas implementadas deben ser proporcionales a la naturaleza y el riesgo de los datos que se están protegiendo.
8) Promover el intercambio
La heterogeneidad en la perspectiva sobre los datos, la diversidad de sistemas informáticos y la falta de un lenguaje común dificultan la interoperabilidad entre dependencias estatales. Una forma de enfrentar estos desafíos podría darse a través del desarrollo de regulaciones y un marco legal orientado a la interoperabilidad y la libre circulación de datos. Esto conlleva la elaboración de protocolos, pautas de aplicación y principios éticos destinados a establecer acuerdos sólidos y facilitar el acceso a datos compartidos por todas las entidades involucradas.
9) Asegurar la continuidad
La falta de continuidad en las políticas públicas de datos, como en diversas áreas de gobierno, es evidente y se manifiesta tanto en los cambios en los cargos gubernamentales como en la ausencia de planes rectores a largo plazo. Es esencial reconocer la importancia de considerar los datos como un activo público y acordar una estructura que lleve adelante una política de Estado de datos.
