Estamos en presencia de un nuevo ciclo ascendente de los precios de los commodities agrícolas, motivado por el calentamiento global y potenciado recientemente por la guerra en Ucrania. Sin duda, es una oportunidad para los países exportadores de alimentos como Argentina. Los impactos a mediano plazo del nuevo boom son todavía inciertos. Si nos guiamos por la experiencia reciente —el último auge de mediados de los 2000—, podemos esperar un crecimiento de los ingresos del sector y del Estado. Como contracara, por las características del modelo productivo actual, también se va a profundizar el deterioro del ambiente y de los ecosistemas. Las propuestas desde el progresismo ante esta situación priorizan la redistribución y la agenda socioambiental, y tienden a descuidar agendas como la generación de exportaciones y la transformación productiva del agro. Es necesario combinar o repensar estas agendas en un nuevo modelo de desarrollo que utilice parte de la rentabilidad de las exportaciones para financiar actividades de innovación y transformación productiva en el agro.
Los altos precios de los alimentos encuentran a la agricultura argentina en una crisis en tres niveles: ambiental, productivo y comercial. La manera en la cual el país responda a las oportunidades del nuevo escenario global va a depender de cómo se resuelva dicha crisis. ¿Por qué decimos “crisis”? Sin dudas, el sector está mostrando buenos resultados en términos de rindes: la introducción del paquete tecnológico de semillas transgénicas resistentes a herbicidas generó un salto exponencial en la productividad. No obstante, también ha producido un severo daño ambiental: la intensificación en el uso de herbicidas de amplio espectro asociados al paquete tecnológico —la aplicación de plaguicidas por hectárea en Argentina es más del doble del promedio mundial, según la FAO— redujo drásticamente la diversidad biológica y multiplicó casos graves de afectación a la salud en poblaciones rurales. A su vez, el desplazamiento de la frontera agrícola aumentó la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, traducido en una mayor frecuencia de inundaciones.
Una segunda dimensión de la crisis es productiva. Incluso los promotores de la difusión del paquete tecnológico, como Aapresid, señalan hace unos años los síntomas de agotamiento del modelo productivo: las malezas resistentes a plaguicidas se han multiplicado. Los estudios muestran también un balance negativo de nutrientes y una degradación de los suelos, en parte por los bajos niveles de fertilización, con lo cual se ve amenazado el principal recurso: la tierra. Si incluimos la pérdida de valor que esto implica, el balance económico positivo del último boom se reduce sensiblemente.
La tercera dimensión de la crisis es comercial: las respuestas al cambio climático y los cambios en las dietas a nivel global aumentaron los requisitos necesarios para acceder a mercados. Las reglas de juego están cambiando: los exportadores de alimentos van a tener que ajustar sus formas de producción para no perder mercados con condiciones cada vez más exigentes sobre la huella de carbono.
Ante este diagnóstico algunos sectores del progresismo plantean un rechazo sin matices del paquete tecnológico y una transición radical hacia la agricultura orgánica o agroecológica. Un problema de esta propuesta es que en la actualidad más del 50% de las exportaciones argentinas vienen de la producción de commodities agrícolas, de la cual depende además la actividad económica y el trabajo de millones de personas. Para no generar trastornos macroeconómicos ni poner en riesgo la fuente de ingresos de amplios sectores de la población, las transformaciones del modelo necesitan ser graduales. Además, la promoción de la exportación de commodities no es necesariamente contraria a la promoción de la agroecología.
Desde versiones más liberales del progresismo se cae en la versión opuesta del mismo problema: se asocia a cualquier desarrollo tecnológico con el progreso y se sobreestima la capacidad que tiene el mercado para incentivar vía competencia el surgimiento de tecnologías más amigables con el ambiente. Sin duda los avances tecnológicos recientes tienen mucho potencial: insumos biológicos para reemplazar a los químicos, edición génica para la adaptación a la recurrencia de sequías y alimentos más saludables, agricultura de precisión para reducir el uso de herbicidas, entre otros. Pero el rumbo de la innovación de las empresas responde sobre todo a la necesidad de aumentar sus ingresos y eso muy pocas veces coincide con los desafíos sociales y ambientales. La desconfianza del progresismo liberal respecto a las regulaciones, el control y las sanciones estatales para proteger a los ecosistemas (por ejemplo a través de una mejor aplicación de una Ley de Bosques y la aprobación de una Ley de Humedales) es otra limitación para abordar esta agenda.
Pero tal vez el mayor desafío del progresismo liberal es explicar cómo van a surgir los desarrollos tecnológicos necesarios, dada la concentración y extranjerización del mercado de insumos agrícolas en Argentina. Hoy cuatro firmas (Bayer, Corteva, BASF y ChemChina) poseen el 60% del mercado mundial de semillas y la mayoría de las patentes de eventos transgénicos y de las técnicas biotecnológicas asociadas al desarrollo de insumos, las cuales les permiten excluir a otros actores del proceso de innovación. Además, estas firmas mantienen sus actividades de I+D en sus casas matrices y desarrollan productos en función de sus negocios globales, y no de los problemas locales.
Si Argentina quiere aprovechar este contexto para impulsar el desarrollo necesita una estrategia que vaya más allá de las opciones clásicas de liberalizar el sector o tomarlo solo como una fuente de recursos fiscales y divisas. Los desafíos del momento (ambientales, productivos, tecnológicos, comerciales, financieros) demandan un rol más activo y un liderazgo del Estado en el proceso de transformación, en articulación con empresas, científicos y actores de la sociedad civil. Requieren que se usen de manera coordinada y en el marco de un plan estratégico instrumentos de desarrollo productivo, de ciencia y técnica y de política comercial y regulatorios. Una propuesta: redirigir parte de la rentabilidad de las exportaciones de los commodities para financiar actividades de I+D e intentar aumentar la incidencia de empresas locales de biotecnología, agtech, maquinaria agrícola y de las instituciones públicas (INTA, CONICET, universidades) en las formas de producción. Para un gobierno de base popular, que históricamente excluyó al principal sector exportador de su base de apoyo, esta estrategia tiene dos ventajas adicionales: ampliar su base política incorporando actores vinculados al sector agrícola, y diversificar la estructura productiva promoviendo la formación de empresas locales en sectores dinámicos.
