Hace diez años, Argentina dio un paso fundamental hacia la diversificación y reducción de emisiones de su matriz energética con la sanción de la Ley 27.191 de Energías Renovables. Su aprobación fue fruto de un consenso político amplio, que trascendió diferencias partidarias: impulsada desde un sector y puesta luego en marcha por otro, la ley se convirtió en un ejemplo de continuidad institucional en beneficio del desarrollo energético.
Los resultados de esta década son contundentes. La implementación de la ley permitió, en estos diez años, pasar de una participación prácticamente nula de las energías renovables en la generación eléctrica, a 6,7 GW de capacidad instalada, responsables de haber producido en 2024 el 16,3% de la energía demandada. Este proceso amplió la oferta energética, redujo importaciones de combustibles, impulsó la creación de empleo y el desarrollo de proveedores nacionales. Asimismo, contribuyó a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, respondiendo así a la urgencia de abordar el cambio climático.
La experiencia argentina demuestra que las energías renovables son, al mismo tiempo, una respuesta ambiental y una oportunidad económica. El desafío de la próxima década será sostener y profundizar estos avances, garantizando políticas estables que permitan atraer inversiones, consolidar capacidades locales y expandir el aporte de las renovables a la seguridad y sostenibilidad energética del país.
A diez años de la Ley 27.191, celebramos este logro colectivo y reafirmamos la importancia de seguir impulsando la transición energética en Argentina. El futuro de las renovables exige dar continuidad al marco legal vigente y, al mismo tiempo, proyectar una visión ambiciosa de una transición de largo plazo que consolide al sector como un pilar estratégico para la seguridad, la equidad en el acceso y la sostenibilidad en la generación energética del país.
