Mientras pienso esta nota, el titular del diario abierto en la otra pestaña informa que venimos de vivir el invierno más cálido registrado en la historia. Por debajo, el titular siguiente, cuenta que el candidato a presidente más votado en las PASO afirmó en el último debate que “el cambio climático no es una consecuencia de la acción del hombre”. Es el mismo candidato que hace unas semanas había afirmado que “una empresa tiene derecho a contaminar un río todo lo que quiera”. Es 2023 y la distopía está entre nosotros.
Por estos y otros tantos motivos —como la semejanza entre los cielos anaranjados en Buenos Aires con las quemas en humedales y Los Ángeles de la distopía cinematográfica Blade Runner, pero sobre todo porque no hay tiempo que perder—, no vamos a hablar aquí de los ríos, de la contaminación ni del cuidado del agua.
Tampoco de cómo existe algo que se llama artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Una discusión que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la década del 80, pero del siglo XIX. En «Saladeristas de Barracas» la Corte dijo en forma clara: «ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte”. No, no lo vamos a hacer.
En esta nota, en cambio, nos vamos a enfocar en el futuro y en la manera en que se piensa la relación entre el ambiente y la economía. Si no se dimensiona la relación complicada entre ambos temas, es difícil hallar un equilibrio, que es la clave de la supervivencia.
En otras palabras, disociar ambiente de economía es lo que nos vuelve miopes de futuro. Tanto para ver los riesgos como las soluciones. Si no, miremos los datos de hoy, 2023. Este año, por la sequía, el país no exportó US$ 20.000 millones . Y miremos las proyecciones en el tiempo: el Banco Mundial estimó que, para la Argentina, el impacto conjunto de las inundaciones y el calor implicaría una reducción de PIB que oscilaría entre un 0,5 % (en un escenario optimista) y en un 1,3 % (en un escenario pesimista). Estos datos se conjugan con uno por demás crítico: nuestro país tiene más del 40% de la población debajo de la línea de la pobreza.
Una tormenta (casi) perfecta en esta, la era de las catástrofes climáticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo generar recursos y calidad de vida a favor de la preservación del ambiente, y no en su contra? La respuesta es: de forma simultánea y por varios frentes.
En esta nota, nos ocuparemos de tres temas clave de la agenda ambiental, que también es agenda económica: las regulaciones comerciales verdes, la política fiscal ambiental y el pago por servicios ambientales. Una tríada imprescindible.
Tríada ambiental: regulaciones comerciales verdes
Vamos con un orden arbitrario, porque cada uno de los tres elementos es igual de importante. El primero: regulaciones. Para Argentina, un país que necesita exportar, el comercio internacional es clave y las regulaciones ambientales son y serán sus protagonistas, ya que están definiendo las oportunidades que los países tienen en los intercambios comerciales. Un ejemplo es la norma sobre productos libres de deforestación de la Unión Europea. ¿Qué productos abarca? Varios: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Sí, soja y ganado.
¿El bloque europeo es un caso aislado? No, China y Estados Unidos también están trabajando en esa línea. China, por ejemplo, a través de COFCO —una de sus más grandes empresas comercializadoras— tomó un compromiso concreto con la trazabilidad de productos asociados a la deforestación en Brasil y Argentina. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país?
Argentina cuenta con iniciativas del sector privado que están abordando, por ejemplo, la trazabilidad de los productos alcanzados por esta norma, pero se necesita fortalecer la intervención y coordinación del Estado, que también empieza a avanzar en estos temas. No es un futuro lejano: la norma está vigente y sus disposiciones más relevantes estarán operativas para 2025. Es decir, ayer.
No nos vamos a cansar de decirlo: el futuro del cual estamos hablando ya está entre nosotros.
Tríada ambiental: política fiscal
El segundo ingrediente de nuestra tríada es la política fiscal ambiental, a través de la cual se pueden generar incentivos y cambios en los comportamientos perjudiciales para el ambiente.
Los tributos ambientales (que engloban impuestos sobre combustibles fósiles, carbono, agua, residuos, plásticos, entre otros) no solo generan ingresos: también pueden favorecer la innovación tecnológica porque impulsan procesos para reducir los efectos no deseados de la actividad económica, las externalidades negativas.
En Argentina, de acuerdo con datos de 2019, los ingresos tributarios relacionados con el ambiente alcanzaban apenas el 1,1% del PIB y con marcado protagonismo de aquellos relacionados con combustibles. Hay margen para trabajar en la extensión del impuesto al carbono por ejemplo, pero también en impuestos aplicados sobre consumos o actividades productivas que generan presión sobre recursos naturales específicos, como la pesca, o sobre recursos no renovables, como la minería, pensando en algo más complejo que un simple canon.
Además, una política fiscal ambiental virtuosa no sólo tiene que analizar los impuestos existentes, sino tener en cuenta el cambio de las variables futuras. Puntualmente, el riesgo que representa la dependencia de recursos fiscales derivados de hidrocarburos. Por el avance de la transición energética, la demanda de petróleo se reducirá y ello impactará en la recaudación.
Según el Tercer Ciclo de Reporte del Índice de Industrias Extractivas de Argentina (EITI, por sus siglas en inglés) las exportaciones del complejo petrolero-petroquímico totalizaron US$ 5208 millones —el 6,7% de las exportaciones totales—. Cómo sustituir esos ingresos tiene que ser parte de una estrategia fiscal a diseñarse hoy. 2050 —la fecha establecida para la mayoría de los compromisos de descarbonización a nivel global— está a la vuelta de la esquina.
Tríada ambiental: pago por servicios
Last but not least, el tercer elemento de nuestra tríada de futuro es el pago por servicios ambientales. El punto aquí es el valor. Los servicios ambientales son los procesos o funciones ecológicas que tienen un valor para los individuos o para la sociedad en general.
Tomemos los humedales: el abastecimiento de agua, la amortiguación de las inundaciones y la provisión de hábitats para la diversidad biológica son un ejemplo de servicios prestados por estos ecosistemas. Esos valores son los que se reconocen como fundamento para la figura de «pago por servicios ecosistémicos».
La región de América Latina y el Caribe es la mayor productora de servicios ambientales a escala internacional. Sin embargo, es, al mismo tiempo, una de las regiones más vulnerables al cambio climático: las inversiones necesarias para enfrentar los cambios se ubican en torno a los US$ 279 mil millones. ¿Rica y pobre al mismo tiempo? Mejor digamos que su potencial es enorme, pero con enunciarlo no llegamos a ningún lado. Hay que actuar.
Por eso, países como Costa Rica, Colombia y México han desarrollado la figura del Pago por Servicios Ambientales (PSA): un reconocimiento financiero a quienes poseen, por ejemplo, bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y las acciones y las prácticas de preservación y restauración de esos ecosistemas. En México, por ejemplo, se redujo casi un 29% la deforestación en áreas con alto riesgo de pérdida de bosques.
En Argentina, el concepto está previsto en la Ley de Bosques y existen iniciativas como la de la provincia de Misiones, pero su implementación es aún embrionaria. Somos uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo: la oportunidad es muy grande, pero esta agenda permanece poco explorada. Generar nuevos recursos y proteger los que ya poseemos es uno de los mantras que el futuro nos murmura.
Las regulaciones comerciales verdes, la política fiscal ambiental y el pago por servicios ambientales son dimensiones claves de la política ambiental presente y futura. Es decir, la política ambiental del siglo XXI. La marginalidad que estos temas tienen en la agenda de la política argentina proyecta un panorama sombrío. Pero hay una visión alternativa a la distopía de Blade Runner, con sus cielos furiosamente naranjas y envenenados de humo y gas. El solarpunk, por ejemplo.
Este movimiento artístico que imagina un futuro optimista donde el hombre y la naturaleza se integran en función del trabajo cooperativo, la innovación tecnológica y el respeto del ambiente. Sí, es ciencia ficción, pero, como toda ficción, la diferencia con la realidad es consecuencia de una construcción.
Como mínimo, tenemos que empezar a hablar del futuro, en serio. No hay manera de proyectarlo sin hablar de él y no hay manera de hablar de él si el espacio está ocupado con viajantes trasnochados que nos traen discusiones del siglo XIX. Para empezar a alterar la línea temporal y tener ciudades más solarpunk y menos Blade Runner, el tiempo es hoy.
