La IA está presente en muchas de nuestras actividades diarias, no sólo de la manera en que imaginamos. Su evolución recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso es importante saber cuáles son las posibilidades y los riesgos de su desarrollo y utilización en el ámbito de las políticas públicas.

El sector público hace un uso cada vez mayor de tecnologías basadas en IA para ofrecer servicios esenciales y llevar a cabo una variedad de tareas. Tecnologías que permiten dar información a la ciudadanía, optimizar la asignación de recursos, agilizar procedimientos gubernamentales y respaldar a funcionarios en la toma de decisiones. En síntesis, son una herramienta clave para mejorar la gestión pública.

No obstante, el uso de IA presenta riesgos: sesgos, alucinaciones, información errónea o falsa. . Es fundamental que los gobiernos diseñen estrategias que estimulen la implementación y el uso de estas tecnologías, al tiempo que incorporan las normas éticas necesarias para minimizar sus efectos indeseados. Que adopten estrategias de regulación y evaluación para proteger a la ciudadanía de los posibles riesgos asociados a su implementación. Los riesgos no pueden ser un obstáculo para la transición digital.

Además de ser un asunto tecnológico, el uso de las tecnologías basadas en IA son un asunto político. Como tal, debe ser pensada, discutida y decidida para que sirva como un instrumento de mayor bienestar para la sociedad. Se trata de definir una estrategia para usarla a conciencia y con cuidado de sus potenciales efectos adversos.