La IA está presente en muchas de nuestras actividades diarias, no sólo de la manera en que imaginamos. Su evolución recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso es importante saber cuáles son las posibilidades y los riesgos de su desarrollo y utilización en el ámbito de las políticas públicas.

El sector público hace un uso cada vez mayor de tecnologías basadas en IA para ofrecer servicios esenciales y llevar a cabo una variedad de tareas. Tecnologías que permiten dar información a la ciudadanía, optimizar la asignación de recursos, agilizar procedimientos gubernamentales y respaldar a funcionarios en la toma de decisiones. En síntesis, son una herramienta clave para mejorar la gestión pública.

No obstante, el uso de IA presenta riesgos: sesgos, alucinaciones, información errónea o falsa. . Es fundamental que los gobiernos diseñen estrategias que estimulen la implementación y el uso de estas tecnologías, al tiempo que incorporan las normas éticas necesarias para minimizar sus efectos indeseados. Que adopten estrategias de regulación y evaluación para proteger a la ciudadanía de los posibles riesgos asociados a su implementación. Los riesgos no pueden ser un obstáculo para la transición digital.

Además de ser un asunto tecnológico, la IA es un asunto político. Como tal, debe ser pensada, discutida y decidida para que sirva como un instrumento de mayor bienestar para la sociedad. Se trata de definir una estrategia para usarla a conciencia y con cuidado de sus potenciales efectos adversos.