El tema de la productividad de la economía argentina merece un debate maduro. Su bajo dinamismo tiene larga data, pero el problema se agravó durante la última década. Según datos del CEP XXI, entre 2011 y 2019 la productividad laboral cayó más de un 10% y la de la industria manufacturera casi un 20%. En un sector clave, el automotriz, la caída fue del 35%. Este no es un problema exclusivo de Argentina: los países de América Latina han ampliado su brecha de productividad no solo con los países desarrollados, sino también con el propio grupo de países de ingresos medios al que pertenecen. El desafío es construir una agenda orientada a incrementar la productividad y así lograr una mejora genuina de la competitividad, que no esté centrada en las recetas ortodoxas de reducción de costos, en general asociadas a flexibilización de las relaciones laborales y baja de salarios. Un camino alternativo a transitar es la generación conjunta —entre empresarios y trabajadores— de capacidades productivas. Un camino no exento de claroscuros y tensiones.
El desarrollo económico implica una transformación de la estructura productiva. Para ello, el aumento del nivel medio de productividad de las actividades y sectores existentes aparece como una condición necesaria. Pero el salto en productividad necesario en el presente es mucho más pronunciado que el que tuvieron que dar los países que se desarrollaron primero (Estados Unidos y Japón, apenas dos ejemplos paradigmáticos). Hacerlo implica entender los problemas concretos a los que se enfrentan empresarios y trabajadores en los contextos económicos, institucionales y políticos en los que se desenvuelven. Una cuestión tan seria como la productividad no puede quedar en voces de la ortodoxia, que suelen pronunciarse desde un corset ideológico y se reiteran en recetas y fórmulas mágicas de larga data. Es necesario pensar en alternativas prácticas para el país real que tenemos.
La industria automotriz es una puerta interesante para ampliar el campo de debate. No solo por su relevancia en la economía argentina —representa un tercio de las exportaciones industriales y el 6% del empleo industrial—, sino también por los desafíos de competitividad que enfrenta el sector autopartista local en el contexto de una cadena global de valor que avanza cada vez más rápido hacia un importante cambio tecnológico —cambio que incluye, pero no se limita, a la electromovilidad—. Un país como Argentina debe considerarse afortunado en tener que afrontar esta clase de desafíos: economías vecinas como las de Chile o Uruguay no tienen que resolver este dilema ya que carecen de una industria automotriz a la cual transformar.
Para el archipiélago de empresas autopartistas que proveen a las terminales automotrices en Argentina –pero también en otros países de ingresos medios como Brasil, Sudáfrica, Turquía o Tailandia– el desafío es lograr una inserción inteligente en cadenas globales de valor que típicamente localizan la generación de innovación en el Norte Global. Una de esas empresas es Industrias Guidi (IG), autopartista ubicada en la Provincia de Buenos Aires, que emplea a más de 500 personas y se dedica al estampado de piezas de tamaño mediano y al ensamblado de conjuntos soldados, proveedora de Toyota Argentina desde mediados de la década de 1990. IG logró acompañar el ciclo expansivo de esta terminal, basado en la producción y exportación de camionetas pickups, respondiendo a sus requerimientos de aumentar la productividad y colocarse en la frontera internacional de costos para competir con las plantas tailandesas de Toyota y exportar a otros países de América Latina. El acompañamiento de la filial japonesa fue determinante para lograr el objetivo.
Nada de esto puede entenderse sin bajar al llano. En reductos pequeños y atípicos dentro del paisaje corporativo de nuestro país podemos aprender algo interesante sobre el desafío de la productividad en Argentina del siglo veintiuno. El problema de una firma, el problema de un país: acercar la lupa, alejar la lupa. Por eso la importancia –la necesidad– de realizar estudios en enclaves industriales como Guidi: una política pública que quiera contribuir a que la Argentina produzca más y mejor debe ser capaz de identificar aquellos elementos virtuosos en las experiencias que existen. Y los obstáculos que esos casos encuentran en el camino.
¿Cómo han hecho los y las dueñas, los y las gerentas y los y las trabajadoras de estas empresas domésticas para dar esos saltos de productividad que exige la integración en cadenas globales de valor, escapando al declive que caracteriza al conjunto del país? La respuesta requiere considerar las características del vínculo entre las empresas domésticas y las multinacionales, y también el contexto institucional local de las empresas proveedoras de estas cadenas que afecta las posibilidades de las firmas para adquirir, adaptar y mejorar su conocimiento productivo. El trabajo de campo en las plantas de IG en Burzaco y Zárate muestra que para integrarse al mundo y competir con empresas muy eficientes en costos y capacidades tecnológicas es importante no solo incorporar tecnología, sino también fortalecer las instituciones que promueven la cooperación de los trabajadores en relación con la mejora de la productividad y el desempeño de la empresa.
Pero, ¿en qué marco se articula esa cooperación? Las negociaciones sobre productividad deben considerar las especificidades de las firmas y eso implica cierto grado de descentralización de la negociación entre empresarios y liderazgos sindicales. Es un tema de máxima sensibilidad para el mundo del trabajo y para el progresismo argentino. Los derechos de los trabajadores —más aún, los cuerpos de los y las trabajadoras— deben ser especialmente protegidos en un contexto donde los sistemas de producción imponen exigentes procesos en términos de tiempos, metas y controles de productividad. La pregunta es cómo hacerlo: la respuesta, por supuesto, carece de soluciones enlatadas fáciles.
Parece claro, por un lado, que las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios deben definir lineamientos comunes para la aplicación de instrumentos que impulsen mejoras de productividad a nivel de las empresas —por ejemplo, los sistemas de pago por desempeño—. Parece claro, por otro lado, que los sindicatos tienen que fortalecer sus capacidades de acompañamiento y monitoreo de la implementación de estos instrumentos en las plantas, esto es, responder al llamado del tiempo que corre. El salto de productividad es también un salto institucional a toda regla, y la responsabilidad puede no ser equivalente, pero es conjunta: propiciar espacios adecuados entre el Estado, el empresariado y los trabajadores para discutir una agenda de mejora la productividad que tengan legitimidad y generen un marco de confianza y de discusión de alto nivel técnico. Entonces, ¿es posible construir una agenda de mejora de la productividad que no esté centrada en la flexibilización de las relaciones laborales, sino en la construcción conjunta de capacidades productivas? Entrar en este debate incómodo es un primer paso urgente para que la respuesta sea afirmativa.
Guidi ha sobrevivido y ha crecido –en el panorama desalentador de la última década– porque ha podido mejorar su productividad. Al final del día, es fundamental que empresas domésticas medianas como Guidi continúen en su senda de crecimiento y que sean un modelo cada vez más virtuoso para ofrecer trabajo de calidad a sus empleados. Pero ese modelo debe potenciar los pactos preexistentes en nuestro país: producir más y mejor no puede significar un retroceso sobre derechos adquiridos. Y una nota final, que surge al alejar la lupa una vez más. Como en otras dimensiones de la agenda de desarrollo inclusivo, la evidencia internacional muestra que cuando los actores progresistas en la sociedad y en el Estado supieron hablar con rigor técnico sobre productividad, hacer de este un tema suyo, las mesas de negociación se ampliaron. Lejos de quedar como un asunto de las derechas, la experiencia comparada indica que hacerse cargo del tema de la productividad desde el campo progresista vuelve posible la definición de estrategias para acelerar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la construcción de sistemas de protección social más generosos y de sociedades más igualitarias.
