En 1985, tras varios intentos fallidos y luego de coquetear con la idea de la dolarización, el gobierno israelí implementó un plan de estabilización integral, decidido a atacar las múltiples causas de la inflación a la vez. En un año, Israel bajó la inflación de más de 300% a 50%. Tres años después del inicio del programa, la inflación se estabilizó en el 20% y el poder de compra del salario se incrementó. ¿Cómo lograron reducir la inflación de manera tan abrupta? ¿Tiene Argentina algo que aprender de este programa exitoso?
Cuando se analiza el programa israelí, el foco se pone en distintas cuestiones. Dependiendo del analista, se hace hincapié en el manejo del déficit fiscal, la emisión monetaria o el congelamiento de precios. Pero hay un ingrediente fundamental que no aparece en la discusión económica muy seguido: el acuerdo tripartito entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios.
En cualquier economía hay tironeos entre trabajadores y empresarios. Esto se debe a que los empresarios ven al salario como parte de su costo, los costos se trasladan a precios y los precios definen el poder de compra de los sueldos. Así, los salarios que se definan para cada sector tienen implicancias en el resto de la economía. El tironeo entre ambos se conoce como puja distributiva. El problema no es la puja en sí: el problema es su espiralización. Cuando un sector aumenta, el otro percibe una pérdida en sus ingresos, y como reacción tira para su lado, provocando una reacción mayor del contrario, y así sucesivamente. De no ser regulada esta puja, la inflación escala rápidamente. Como los precios pueden actualizarse más rápido que los salarios, en general cuando el conflicto escala, el poder de compra del salario desciende. ¿Cómo podemos frenar la espiral?
En este punto radica la potencia de un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Para desescalar la puja, hay que bajar las armas. ¿Pero quién las baja primero? Sería ingenuo suponer que un sector, por el bien de la economía, se conformará con menores ingresos y dejará de tirar de la soga. Hace falta un mediador: el Estado. En contextos en los que no existe una coordinación entre las demandas de los distintos sectores, el Estado es el encargado de arbitrar la disputa. A esto se lo conoce como política de ingresos.
La política de ingresos busca influir en la evolución de precios y salarios, para ponerle paños fríos a la puja distributiva. En concreto, se trata de que empresarios, sindicatos y el Estado acuerden un sendero de aumentos a futuro por un período de tiempo (generalmente menos de un año). Estos acuerdos pueden incluir cláusulas sobre impuestos, tarifas o empleo, elementos que permiten darle flexibilidad a la negociación.
Podemos dividir los objetivos de la política de ingresos en dos. Por un lado, busca desacelerar los aumentos de precios y salarios, regulando el tironeo para evitar que el conflicto escale. Por el otro, pretende disminuir la inercia del conflicto. Es decir, que los actores dejen de guiar sus aumentos por disputas pasadas, y se concentren en el futuro. Para eso, es crucial el consenso en el sendero a seguir entre los tres actores.
Este es el “secreto” de las políticas de ingreso: atacar dos causas de la inflación a la vez, el conflicto distributivo y la inercia inflacionaria. Así, las chances de éxito de un programa antiinflacionario aumentan. Además, tanto trabajadores como empresarios se benefician. Si la inflación cae abruptamente, los salarios pueden recuperar poder de compra, impulsando el consumo y las ventas de las empresas. Estos beneficios incrementan el apoyo de estos sectores al programa antiinflacionario, haciéndolo más creíble y robusto. Por último, las políticas de ingreso le dan un lugar institucional a sindicatos y empresarios en el diseño del programa económico. El mensaje que se baja por parte del Estado es claro: ceder en la pugna tiene su recompensa.
En el caso de Israel, las políticas de ingreso tuvieron un rol fundamental en su plan antiinflacionario. En particular, el programa israelí incluyó incrementos salariales programados y mayores subsidios para las empresas exportadoras, pero ambos beneficios sujetos a un techo de aumento acordado por todas las partes. Dar para recibir. Este fue la causa de la caída abrupta de la inflación en un año. Asimismo, se generó una instancia de consenso que otorgó credibilidad, previsibilidad y respaldo a medidas complementarias del plan.
Si bien la teoría y experiencia histórica están del lado de las políticas de ingreso, es necesario hacer dos advertencias. En primer lugar, la política de ingresos no es una bala de plata ni una panacea. Es solo un ingrediente más, que debe ser parte de un programa antiinflacionario. Es un componente fundamental, pero que no funciona en soledad: las restantes causas de la inflación también tienen que ser atacadas. En segundo lugar, la forma específica que tome la política de ingresos en Argentina no se puede importar: debemos debatirla y construirla a nuestra medida, considerando nuestro modelo actual de negociación salarial. Luego de analizar diversas experiencias de políticas de ingresos, Sebastián Etchemendy y Federico Pastrana señalan en un documento de Fundar que nuestro país cuenta con la ventaja de una negociación sectorial potente y sindicatos fuertes. De allí parte su propuesta de valerse de esa ventaja para recalibrar la política de ingresos en Argentina, mejorando la coordinación entre precios y salarios, y disminuyendo la inflación.
Cuando una crisis se extiende en el tiempo, la confianza disminuye y las palabras se vuelven cascarones vacíos. Es redundante decir que la situación es crítica. Es vago proponer “ordenar la economía” y mejorar el diálogo. Necesitamos acciones concretas que marquen el horizonte y recuperen el valor de la palabra consenso. La crisis puede ser una oportunidad, pero también es el momento previo a tomar una decisión impostergable. Es el momento de acordar. Pero los acuerdos no se imponen; emanan de la discusión. Las políticas de ingreso pueden fomentarla y encauzarla.
