La política ambiental a nivel nacional suele caer en el grupo de políticas ingratas: como su rol habitualmente es el de prevenir, las notamos cuando no funcionan o están ausentes. Con Javier Milei en el poder, conocer cuál es el rol del Estado en la promoción del desarrollo sostenible es fundamental para defender las conquistas, evitar retrocesos e, incluso, seguir avanzando.
No es novedad que La Libertad Avanza es la antítesis de cualquier espacio con mínima sensibilidad por las problemáticas ambientales. Milei es abiertamente negacionista del cambio climático y sostiene que la única forma de prevenir la contaminación hídrica es privatizando el agua; Victoria Villarruel repudió la creación de parques nacionales y Alberto Benegas Lynch sugirió que instrumentar derechos de propiedad sobre las ballenas es una buena forma de combatir su extinción. Ahora es el momento en el que estas temerarias declaraciones tienen la posibilidad de pasar a la práctica, pero, ¿en qué podrían traducirse concretamente?
En primer lugar, es importante atender al contexto internacional. Las transformaciones que demanda la crisis climática y ambiental significan un punto de inflexión en casi todos los aspectos de la vida humana: suponen cambios en las infraestructuras más grandes del mundo, modificaciones drásticas en los patrones de consumo de amplias porciones de la población y una reorientación en las especializaciones productivas de los países.
Los países centrales, aquellos que forman parte del “mundo libre” con el que Milei sí quiere entablar relaciones, no solo destinan cuantiosos recursos estatales a impulsar la transición energética y las tecnologías verdes — el Inflation Reduction Act de Estados Unidos destina 391.000 millones de dólares a la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea inyecta 225.000 millones de euros a su programa REPowerEU para independizarse del gas ruso y acelerar la transición energética — , sino que buscan imponer condicionamientos a las exportaciones de los países que no lo hagan. Ejemplo de ello son las regulaciones que instrumentó la Unión Europea — la Regulación para la Importación de Productos Libres de Deforestación (DFP) y el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) — , que podrían afectar al 40% de nuestras exportaciones a dicha región. En otras palabras, el mundo libre sí está convencido de que el cambio climático es real.
Además, se estima que este devenir “verde” se extenderá, al punto de que quienes logren estándares ambientales altos tendrán una mejor inserción internacional y accederán a mejores precios para sus productos. Conocer y anticiparnos a estas tendencias, instrumentar políticas que reduzcan la huella de carbono de nuestras exportaciones, implementar esquemas de trazabilidad para dar cuenta del impacto ambiental de nuestra producción y un largo etcétera son parte de la labor mancomunada que deben hacer Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía, entre otros organismos públicos. Se trata, precisamente, de parte del rol que el Estado tiene en el comercio internacional y que Milei desconoció flagrantemente en el último debate.
Algo similar ocurre con los mercados financieros y la cooperación internacional. En la medida en que la transición avanza, y cada vez más países y empresas se comprometen a metas de reducción de emisiones, las inversiones se orientan a proyectos alineados con los objetivos de sustentabilidad. Si bien esto puede ser un problema para Argentina, es también una oportunidad: durante 2022 se aprobaron más de 2100 millones de dólares de financiamiento climático internacional, orientado a la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, este tipo de erogaciones están en riesgo en la medida en que el Estado nacional tenga políticas contrarias a la acción climática, como sucedió con Bolsonaro y el Fondo Amazonía. ¿Podrá Milei ir a buscar dinero al mundo libre y sus organismos de crédito con el ropaje de negacionista a cuestas?
Esta suerte de “vulnerabilidad económica” al cambio climático mostró su costado más crudo con la última sequía en la campaña 2022/23, que generó una pérdida equivalente al 60% de las reservas brutas y a más del 3% del PBI. Para un país como Argentina, donde el 43% de sus exportaciones en 2022 provinieron de la soja, el maíz y el trigo, la variabilidad en el clima tiene impactos directos sobre la actividad, la entrada de dólares, la inflación, el empleo y la pobreza. Promover la investigación de soluciones a través de un sistema científico tecnológico robusto, diseñar políticas que permitan prevenir los impactos negativos y destinar recursos fiscales a apoyar a las regiones afectadas es, también, parte fundamental del rol del Estado en la adaptación al cambio climático que debemos defender.
Pero la vulnerabilidad no es solo económica, sino profundamente social. Muestra de ello fueron los incendios en la Patagonia en el verano de 2021, que se cobraron dos vidas y generaron la destrucción de más de 500 viviendas. En esa ocasión, al igual que con los incendios en la provincia de Corrientes de 2022, el Estado nacional proporcionó asistencia para el combate de las llamas y la reconstrucción de las comunidades afectadas, además de incrementar los recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para tareas de prevención. Este rol del Estado nacional no solo debe defenderse sino profundizarse, para pasar de un accionar emergentista, en el que los incendios son una excepción, a una gestión con foco en la prevención. Se puede negar el cambio climático, como lo hace Milei, pero no se puede negar el fuego: la realidad se empeña en imponerse.
A estos se suman otros impactos del cambio climático a los que deberemos adaptarnos, como la suba del nivel del mar, la ocurrencia más frecuente de olas de calor e inundaciones, o la pérdida de caudal de los ríos. El Estado nacional tiene un rol importante en evaluar estos fenómenos y planificar acciones acordes, que luego vuelca en un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Destinar fondos a la implementación de estas medidas, incrementar su alcance y ambición y actualizarlas en función de la nueva evidencia, es un rol fundamental de casi todas las dependencias del Estado nacional, que requiere del liderazgo y voluntad política de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
El Estado nacional cumple, además, un rol fundamental en la protección de la biodiversidad y el enorme patrimonio natural de nuestro país, lo que permite preservar servicios ecosistémicos claves para la vida de las comunidades, fomentar la investigación científica y promover el turismo sostenible. Estas acciones van desde el manejo de nuestras áreas protegidas, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), hasta el financiamiento de la Ley de Bosques, que aún no cumple lo comprometido por la Ley y debe fortalecerse. ¿Podrá Milei reducir drásticamente las partidas presupuestarias asignadas a estas funciones esenciales del Estado en su carácter de protector del suelo argentino?
No obstante, el difícil momento que se viene para la agenda ambiental debe resaltar una característica positiva del entramado jurídico e institucional de nuestro país: muchas competencias ambientales están en manos de las provincias, por el dominio originario que tienen sobre los recursos naturales. Este “federalismo ambiental”, que en numerosas ocasiones ha complejizado la implementación y cumplimiento efectivo de los estándares establecidos por el Congreso, hoy podría plantearse como un dique de contención a los eventuales retrocesos de un gobierno nacional negacionista, por ejemplo a través del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). No será tarea sencilla, ya que es el Estado federal el que muchas veces asume un rol de liderazgo y de armonización de la heterogeneidad provincial, como lo ha hecho al organizar el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, que saldó el debate sobre la definición de este ecosistema, o como se esperaba que hiciera con la estandarización de evaluaciones de impacto ambiental a partir del diseño de una ley de presupuestos mínimos. Es también una importante fuente de financiamiento para iniciativas a nivel local, como ocurre con el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. En consecuencia, recaerá sobre los gobiernos subnacionales asumir el compromiso de mantener viva la agenda ambiental — y será rol de la ciudadanía exigir que se cumpla — , a pesar de la falta de apoyo nacional, como lo hicieron algunos estados norteamericanos durante la presidencia de Donald Trump. Las provincias tendrán que defender lo que es suyo.
Sin lugar a dudas el triunfo de Milei supone un golpe para la agenda ambiental. Atrasa y corre el eje de la discusión. Sin embargo, años de trabajo y militancia por parte de la sociedad civil no son en vano. Es momento de poner a prueba la institucionalidad ambiental que se ha construido en Argentina, exigir liderazgo por parte de referentes a nivel local y provincial y tomar más que nunca la posta de todo aquello que no cesaremos de exigir porque Milei está en el poder. ¿Quién dijo que todo está perdido? Venimos a ofrecer nuestra resistencia.
