La confianza en la justicia argentina es una de las más bajas en relación con el resto de los países de Latinoamérica: se encuentra por debajo del 25%, que es el promedio regional. A nivel nacional, se confía 3,7 veces más en las Fuerzas Armadas que en el Poder Judicial.
Como respuesta a la baja confianza y los efectos adversos de un sistema judicial limitado que no logra dar respuestas a la demandas sociales, se han propuesto un sinnúmero de reformas centradas en la cantidad y composición de las dependencias judiciales y sus órganos de gobierno. La mayor parte, basadas en diagnósticos no fundados en evidencia. Estas soluciones muestran un enfoque alejado de la realidad, dado que la problemática está en el cómo, es decir la forma en que se trabaja en los organismos judiciales y la forma en que se prestan los servicios. Ese es el camino a recorrer si queremos tener una Justicia que esté a la altura de las necesidades sociales actuales.
Hoy existen más de 1000 dependencias judiciales nacionales y federales. Allí trabajan más de 30.000 personas. Los espacios en donde cumplen funciones son, en su gran mayoría, pequeños, con pocas posibilidades de seguir generando puestos de trabajo físicos. Por eso, la mejora del sistema de justicia debe pasar por el aumento de la productividad y no por la creación de más estructuras. Dada la magnitud del problema, la solución pasa por lo cualitativo, y no por lo cuantitativo.
Por eso, entendemos que el camino es el uso de la tecnología, la sistematización y simplificación de los procesos, y el fortalecimiento de las habilidades de las personas. Si se ordenan y optimizan los recursos, se ganará en agilidad y se contará con datos que permitan generar una mejora continua del sistema. Y, lo más importante: las personas que integran las tres instituciones judiciales dispondrán de una mayor cantidad de tiempo para enfocarse en la resolución de los casos más complejos o urgentes.
Cuando se habla de la justicia, la lentitud se ha convertido sin duda en una de las características que la deslegitima. Es necesario introducir dinámicas ágiles en la organización para que la tutela judicial sea efectiva: reducir las distancias entre actores, hacer un uso intensivo del tiempo disponible, multiplicar las conversaciones productivas y automatizar aquello que no agrega valor en los procesos.
Propuestas para una transformación digital de la justicia
Cuando se planifica una reforma integral del sistema judicial argentino, es necesario contemplar tres dimensiones claves: innovación tecnológica, mejora de procesos y fortalecimiento de habilidades de gestión. Se trata de dinámicas claves para transformar una institución clásica, jerárquica y cerrada en una organización abierta, dinámica e inclusiva.
Para que tenga éxito una reforma de estas características, debe ser llevada adelante por las autoridades de las tres instituciones judiciales: el Poder Judicial de la Nación —Corte Suprema y Consejo de la Magistratura—, la Procuración General y la Defensoría General. También, será necesario el involucramiento de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores de los distintos organismos.
Innovación tecnológica
La innovación tecnológica es la clave para que una mejora judicial pueda producirse, pasando de un paradigma burocrático digital a un modelo de gestión digital inteligente. Se producirá una mayor apertura de las instituciones que permitirá una comunicación más estrecha con la ciudadanía, compartiendo información y publicando datos de modo tal que comiencen a producir valor social. Esta apertura no se configura por la mera publicación de información en los portales de transparencia, sino que se deben disponibilizar datos en forma inteligible y ordenada.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) no solo ofrecen una mejor manera de llevar a cabo las prácticas actuales, sino que también tienen el potencial para crear nuevas prácticas y cambiar fundamentalmente la forma en que las administraciones de justicia prestan servicios.
La ciencia de datos, junto con otras tecnologías emergentes, como blockchain, IOT, inteligencia artificial, machine learning, nos permiten inaugurar una nueva generación de programas públicos mucho más robustos y seguros, basados en evidencia. Programas que permiten un feedback en tiempo real, segmentados y adaptados casi para cada tipo de usuario/a, escalables y replicables.
Por lo tanto, es fundamental que la primera dimensión de la reforma esté centrada en la incorporación de tecnologías que permitan gestionar los casos judiciales de manera inteligente. Esto permitirá eliminar las burocracias innecesarias propias del mundo físico, automatizar tareas en las que el ser humano no genera valor y ordenar la información mediante el uso de la tecnología adecuada que permita su disponibilización inmediata.
Mejora de procesos
En la actualidad, las dependencias judiciales están caracterizadas por el trabajo atomizado en compartimentos estancos, donde existen debilidades características de las estructuras jerárquicas: cuellos de botella, poca agilidad, nula capacidad de experimentación y asunción de riesgos, poco incentivo a la creatividad, escaso margen de imprevisibilidad, delimitación de competencias, entre otras. Frente a este escenario, es necesario pensar las organizaciones más allá de sus estructuras duras y construir canales de trabajo conjunto, favoreciendo una visión amplia de la institución que propicie dinámicas colectivas.
El objetivo es que se reemplacen por completo los registros en papel, de modo tal de certificar que cada caso haya seguido el procedimiento correcto según lo indicado en el sistema. Además, se busca reemplazar el flujo de trabajo y la división de tareas, que tradicionalmente están estructurados y organizados alrededor del mundo del papel.
De esta manera, se logrará una gestión estandarizada, que registra permanentemente la información producida. Esos datos permitirán darle transparencia a la gestión, rendir cuentas y promover reformas que mejoren el desempeño.
Fortalecimiento de habilidades de gestión de las personas
Las innovaciones necesarias requieren tanto de la adopción de nuevos procesos de trabajo como de la transformación de la cultura y el entorno institucional. Si bien los sistemas de gestión de casos se basan en una infraestructura tecnológica articulada para hacerlos eficaces, estos deben contar con el respaldo del entorno adecuado. Se necesitará entonces el desarrollo de habilidades para que el personal esté calificado para capacitar a las personas que desempeñan tareas jurisdiccionales en el proceso de administración y seguimiento de los casos.
El éxito de una reforma judicial con innovación tecnológica depende en buena parte de que esta sea acompañada con el desarrollo de habilidades de gestión y una gobernanza judicial transparente, eficiente, sostenible e inclusiva.
Es necesario, entonces, fortalecer las habilidades de gestión para que los y las agentes judiciales cuenten con las herramientas necesarias para acompañar la modernización tecnológica y lograr un desempeño eficaz del servicio. En este sentido, el proceso de transformación judicial debe ser llevado adelante por las propias autoridades de los tres organismos judiciales, con la colaboración de los representantes de los trabajadores.
Impactos esperados de una transformación exitosa de la justicia
Pensar una reforma judicial basada en innovación tecnológica, simplificación de los procesos y el fortalecimiento de capacidades generará tres grandes impactos positivos: una mejora en el acceso a la justicia, un incremento en la transparencia y un aumento en la eficiencia del sistema.
Si las instituciones judiciales logran generar este cambio de paradigma, se comenzará un proceso de construcción de institucionalidad, imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Acceso a la justicia e inclusión
En Argentina, existe un problema de acceso a la justicia motivado por distintas barreras: geográficas, económicas, procedimentales, culturales, entre otras. Además, estas barreras afectan de manera desigual a la población, y se acentúan en los sectores más vulnerables de la sociedad.
La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la justicia realizó en 2019 un estudio con el fin de diagnosticar las necesidades jurídicas insatisfechas y los niveles de acceso a la justicia del país. Para el período 2018-2019 señalan que el 41,4% de la población experimentó problemas jurídicos. Luego, al discriminar los resultados por poblaciones vulnerables: discapacidad, extrema pobreza y personas de pueblos originarios, las cifras ascienden en ese orden. En particular para la población indígena presenta cifras de problemas y necesidades jurídicas que superan el 80%.
La inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito de la justicia puede ayudar a derribar esas barreras, mejorando no solo la comunicación entre los actores que se desempeñan dentro del ámbito judicial, sino también la relación entre los/las operadores/as judiciales y la ciudadanía.
A pesar de tener en cuenta la brecha digital como un factor de desigualdad en el acceso a la justicia, el INDEC indicó que a fines del año 2021 se registró que más del 60% de los hogares urbanos tienen acceso a computadoras y que un poco más del 90% tienen acceso a internet. Estos porcentajes, que ya son altos, deberían aumentar en el tiempo teniendo en consideración el dictado del decreto 690/2020, en el cual se determinó como servicio público esencial a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es decir que el Estado se compromete a garantizar su efectiva disponibilidad.
Por lo tanto, la incorporación de las tecnologías a la justicia debe contribuir a acortar la brecha digital, no a profundizarla. Aun en las situaciones de mayor vulnerabilidad, el escenario potencial de una modernización digital es de mayor acceso a los servicios de justicia, más eficaz y eficiente.
Mayor transparencia
La transparencia es otro de los ejes que debe guiar cualquier reforma: se constituye al mismo tiempo en causa y consecuencia. Una reforma que busque mejorar los procesos judiciales incorporando tecnología y fortaleciendo las capacidades de las instituciones promoverá una transformación en términos de transparencia. ¿Cómo? La tramitación de cualquier causa judicial mediante un sistema tecnológico de avanzada permitirá la disponibilización de datos para generar estadísticas y para trabajar en fenómenos específicos.
La disponibilidad de los datos también permitirá evaluar y mejorar distintas políticas para generar un mejor acceso a la justicia, disminuir la litigiosidad y proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Eficiencia y eficacia
Un servicio de justicia eficaz es aquel que logra alcanzar los objetivos constitucionales para los que fue concebida esta función del Estado. Es decir, un sistema que garantice el acceso real de toda la ciudadanía y que logre resolver los conflictos en tiempo oportuno, manteniendo un servicio de calidad.
Por otra parte, es necesario que esto pueda lograrse con eficiencia, es decir, mediante la optimización de los recursos disponibles. A su vez, el sistema de Justicia solo podrá ser eficiente y eficaz en la medida en que también sea equitativo y garante de los Derechos Humanos fundamentales, poniendo especial foco en los grupos más vulnerables.
Una justicia que funcione bien permitirá la construcción de mayor institucionalidad, mejorará la confianza de la ciudadanía y promoverá una transformación sólida del Estado, incidiendo transversalmente en el resto de las políticas públicas y preservando el bienestar de toda la sociedad.
