Argentina fue el primer país del mundo en otorgar por ley pisos de participación en la representación política de las mujeres en el sistema electoral. La Ley N° 24.012, sancionada en 1991, exige que las listas de candidaturas de representantes del Congreso incorporen un 30% de mujeres; porcentaje que se extendió al 50% en 2017. Esta posición de vanguardia de nuestro país en la lucha por la igualdad ha sido acompañada por importantes movilizaciones. La acción de movimientos feministas ha convocado al Estado para mirar de frente a la desigualdad de género en todas sus formas. A pesar de las tres décadas de vigencia de estas innovaciones y de los importantes niveles de movilización, aún persisten grandes desafíos para lograr un acceso equitativo a las diversas esferas del poder político y económico.
Pese a las contribuciones realizadas por el trabajo académico, los informes y las bases de datos disponibles, es todavía muy poco lo que sabemos sobre las desigualdades de género. Una de las áreas a explorar -y el aporte innovador de este trabajo- es la disparidad en materia de toma de decisiones y representación. Para medirlo, hemos desarrollado el Índice de Género, Decisión y Representación (IGDR), diseñado para la realidad argentina, que permite evaluar las posibilidades que tienen las mujeres de integrar las élites políticas, judiciales y económicas no solamente a partir de números agregados que nos permiten saber qué pasa en todo el país, sino haciendo mediciones en todas las jurisdicciones para poder trazar un mapa del territorio en 24 fichas provinciales Cabe destacar que, debido a la casi nula disponibilidad de datos que midan la situación de personas trans, travesti y no binarias, este Índice atañe solo a la categorización varones y mujeres.
Acceder al poder en las provincias
De este índice se desprende un mapa de las brechas de género que ilustra la variación de contextos entre provincias y entre poderes y el sector privado al interior de cada una de ellas. Al observar todos los puntajes de paridad para cada jurisdicción, vemos que en una escala de 0 a 100, representando 100 un porcentaje de paridad total en el indicador compuesto construido, Santiago del Estero es la provincia que se ubica al tope del ránking, con un 71,8% de paridad en el indicador compuesto, mientras que el valor mínimo del ránking (el caso de la provincia de Santa Cruz) tiene un valor de 42,4%. Es decir, el rango efectivo de variación al interior del Índice es del 29,3 puntos.Estas diferencias no se explican ni por nivel de desarrollo económico y riqueza de las provincias, ni por el signo político en el poder, ni siguen un criterio regional. Para entender qué influye en el acceso de las mujeres al poder, distinguiremos entre acceso a la representación en los cuerpos legislativos (en donde la incorporación de legisladoras busca garantizar la representación de las mujeres) y el acceso a puestos de toma de decisión (en el cual las reglas de entrada no siempre son electivas). Para capturar esto, el IGDR se organiza en torno a dos componentes: representación política y poder de decisión, para revisar el grado de paridad en los tres poderes públicos y el sector privado, que se miden todos los poderes de cada una de las 24 jurisdicciones.
Poder decidir
El poder de decisión es el componente que mejor explica la variación de niveles de paridad entre provincias, debido a que aquellas que mejor puntaje obtienen en el índice de igualdad de género son las provincias en que las mujeres ocupan en mayor medida posiciones en los poderes ejecutivos, judicial y en el sector privado.
El Poder Judicial es el sector más feminizado, siendo el poder con la paridad promedio más alta (83%), y el sector en el que más provincias alcanzaron la igualdad (ocho). Esto puede deberse a la estabilidad en las trayectorias profesionales de las mujeres que deciden hacer la carrera judicial o a las reglas institucionales de promoción.
El Poder Ejecutivo es, por el contrario, uno de los sectores más masculinizados. A nivel provincial, observamos que los gabinetes tienen una paridad media de 40,9% (es decir que la presencia de hombres es más de dos veces mayor a la de las mujeres). La disparidad no se da sólo en la cantidad de mujeres que integran los gabinetes, sino en sus jerarquías y los puestos que ocupan. De hecho, ninguna provincia llega al máximo puntaje de paridad dado que, aun donde el gabinete es paritario, quien gobierna es un varón. A nivel municipal, la situación es similar: la cantidad de mujeres intendentas por provincia es por lejos el indicador con peores resultados de todo el índice y ninguna provincia alcanza la paridad.
La masculinización del poder no es un problema exclusivo del sector público. En el sector privado, el porcentaje de paridad es de apenas el 51%, lo que equivale a decir que por cada dos empresas lideradas por un varón encontramos una liderada por una mujer, siendo San Luis la provincia con el puntaje máximo (65%). A pesar de ser uno de los espacios que continúa masculinizado, cabe destacar que esta cifra se corresponde con la situación regional, puesto que en Latinoamérica solo el 22% de las PyMEs están lideradas por mujeres (porcentaje de paridad: 44%). La ausencia de mujeres en espacios de toma decisión no estatales se observa además en ámbitos clave como la Unión Industrial Argentina, donde solo tres de los veintiséis miembros del Comité Ejecutivo son mujeres, o en la Sociedad Rural Argentina, donde una de diecinueve directivos es mujer.
Poder representar
A diferencia del poder de decisión, la diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a puestos como representantes exhibe menor variación. Veintidós de las veinticuatro jurisdicciones del país cuentan con leyes de paridad que promueven la presencia de legisladoras mujeres. Y, si bien no podemos afirmar que la paridad es la regla, estas herramientas de acción afirmativa han calado hondo en los ámbitos de representación legislativa.
Luego del Poder Judicial, el Poder Legislativo es el segundo sector más feminizado. Es el que más provincias paritarias presenta: un total de seis, contando Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Mendoza, Catamarca y Misiones. A nivel provincial, es necesario destacar que todas las provincias argentinas tienen herramientas que promueven la participación legislativa de mujeres. Casi todas las leyes de paridad provinciales extienden el mandato de paridad a la conformación de listas en Concejos Deliberantes, con excepción de Catamarca. La legislación es clave para alcanzar la paridad entre varones y mujeres no solo por su existencia sino también por su implementación. En aquellos lugares donde las leyes de paridad o cupo encuentran limitantes, se percibe que los puntajes provinciales descienden levemente. Es el caso del indicador de poder partidario que mide la cantidad de listas legislativas que compiten electoralmente por asientos en el Poder Legislativo Nacional y que están encabezadas por mujeres.
Un último indicador a revisar es el poder partidario, medido en términos de la cantidad de listas legislativas que compiten electoralmente por asientos en el Poder Legislativo Nacional y que están encabezadas por mujeres. Este es el indicador de representación con la menor cantidad de provincias que alcanzan la paridad. Dada esta participación relativamente paritaria en las listas legislativas, cabe poner el foco en quienes encabezan dichas listas y qué puestos que ocupan las representantes mujeres y varones. Algunas provincias extienden los mandatos de paridad a la conformación de autoridades partidarias, pero solo San Luis refiere a la alternancia en el género de quien encabeza la lista elección a elección en dos disposiciones electorales transitorias de 2021 y 2023.
Contemplar las realidades regionales
Hasta aquí revisamos la situación de paridad por sector. El carácter subnacional de este índice permite además presentar una radiografía de la situación de cada provincia y realizar un análisis comparativo. En esta línea, agrupamos las veinticuatro jurisdicciones del país en tres grandes grupos.
El “Grupo A” reúne a las seis provincias más igualitarias en términos de género, ubicadas en los primeros puestos del ránking (Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Mendoza) con una paridad media de 66,1%. Estas provincias son, a grandes rasgos, las que mayor paridad tienen a lo largo de las distintas áreas evaluadas. Cuentan con cinco indicadores que superan ampliamente la media. Las cuatro primeras provincias incluso alcanzan los ochenta puntos de igualdad en al menos cuatro de ellos. Ofrecen rendimientos por encima de los valores críticos en el Poder Legislativo Provincial, sin excepción y todas ellas cuentan con leyes de paridad provinciales. Es además el grupo que exhibe un mejor rendimiento en el Poder Ejecutivo local: con cinco de las seis provincias por encima de la media nacional.
El “Grupo B” agrupa casi la mitad de las provincias: once jurisdicciones con una paridad media de 56,6% (Chubut, Chaco, CABA, Córdoba, Catamarca, La Pampa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires y Jujuy). Al observar sus puntajes desagregados por indicadores, notamos que solo en el indicador de Poder Judicial se obtienen sistemáticamente resultados en el tercio superior, con la excepción de Entre Ríos y Buenos Aires. En el resto de los indicadores se observan performances erráticas. Con excepción de Chaco y Entre Ríos, destaca la masculinización del Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, su performance en liderazgo privado y poder partidario se encuentra entre los valores más bajos de todo el Índice.
Finalmente, el “Grupo C”, ubicado al final del ránking, agrupa a los territorios más masculinizados (Tucumán, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz) con una paridad media de 44.7% . Este grupo presenta mejor performance que el Grupo B en términos de Poder Ejecutivo provincial, pero una performance deficiente en el resto de los indicadores. De hecho, es el grupo que exhibe números más bajos en todo el componente de representación política.
El carácter subnacional del índice nos permite encarar la pregunta acerca de si deberíamos utilizar las mismas herramientas para todas las provincias y todos los actores por igual. A priori, podríamos decir que los contextos disímiles de las provincias sugieren que los estándares de exigencia pueden variar pero también es cierto que en los casos donde se aplicaron instrumentos como el cupo o la paridad, el acceso mejoró.
Ni tan iguales ni tan desiguales
Si nos preguntamos por la incorporación de mujeres a ámbitos de decisión y representación, ¿para qué sirve un índice? Como número aislado, no dice mucho. Su potencial proviene de su capacidad de condensar y estructurar evidencia; y, aun si los datos no zanjan discusiones, nos ayudan a enriquecerlas. En este sentido, este índice no solo contribuye a debatir la situación de paridad a nivel nacional, profundiza en los debates regionales, ofreciendo una radiografía de cada una de las 24 jurisdicciones para buscar la responsabilidad que tienen las élites provinciales en esta situación y su potencial de cambio. Identificar qué factores explican los distintos grados de incorporación de las mujeres al poder permite orientar a organismos y agencias interesadas a determinar hacia dónde dirigir sus iniciativas.
El proceso de igualación en la participación de mujeres en los sectores de poder provinciales no es lineal, ni se pueden notar en simultáneo avances en las esferas ejecutivas, legislativas, judiciales y empresariales. Por el contrario, se evidencian desempeños muy disímiles en cada uno de estos indicadores. Los avances en una esfera no implican necesariamente un efecto de contagio en otra, puesto que hay realidades locales a contemplar. Tampoco parece observarse un proceso de avance horizontal y secuencial en el que la mayor cantidad de mujeres en ciertas esferas dé lugar a mayor presencia en otras. Por el contrario, la incorporación de mujeres pareciera estar explicada por una multiplicidad de microprocesos que dan lugar a una incorporación en ciertos ámbitos o nichos específicos.
En los siguientes enlaces podés acceder a dos documentos que amplían estas ideas: la investigación completa y las fichas provinciales que describen la situación en cada una de las 24 jurisdicciones argentinas.
