Balotaje, última semana. Los espacios de discusión y de griterío son parte del paisaje. La agenda política actual se torna oportuna para echar las semillas, dijo Belgrano, que algún día sean capaces de dar frutos. Para un economista, como lo fue el creador de la Bandera, hay ciertos puntos de acuerdo con los cuales es difícil no coincidir: la necesidad de estabilizar la macro, de volver a crecer, de (re)construir sociedades más justas con una mejor distribución del ingreso, de repensar el gasto del Estado y el sistema tributario. Entre los dos candidatos puede haber un consenso tácito en la necesidad de una estabilización y, con sus diferentes magnitudes, de una consolidación fiscal, pero en los otros aspectos hay disidencias. Como se observó en el debate, muchas de esas disidencias tienen que ver con la manera de alcanzar esa consolidación, por ejemplo con respecto a los subsidios o el tema del arancelamiento de las instituciones educativas y sanitarias. Porque estabilizar la macro involucra, entre muchas otras cosas, reformular el gasto del Estado, tanto en nivel como en composición: decime cómo gastas y te digo qué Estado tenés.
Analizar el gasto público es establecer prioridades y objetivos, priorizar necesidades y derechos de los ciudadanos. En este sentido, el gasto del Estado es un reflejo de lo que la sociedad elige. Y si queremos hablar de gasto público, hay dos cuestiones que no se pueden eludir. Primero, es importante contar con una comprensión, aunque sea básica, de cómo se compone el gasto del Estado Nacional. Segundo, es importante saber cuál es la posibilidad real de modificar el Presupuesto Nacional en relación con las normas y la realidad argentinas.
Vamos por partes. En el Gasto Público Consolidado Nacional (GPCN) está contemplada una serie de gastos que podemos separar según respondan a: la administración gubernamental, los servicios sociales, los servicios económicos y los servicios de deuda pública. Los datos de los últimos 21 años (2021 es el último dato disponible por parte del Ministerio de Economía de la Nación) nos cuentan que seis de cada diez pesos del gasto fueron relacionados a servicios sociales: 17% del PIB en 2021. Dentro de esta categoría se incluyen inversiones en educación, cultura, ciencia, salud, vivienda, urbanismo, promoción y asistencia social, trabajo, jubilaciones y pensiones, representando estas últimas dos la mitad del gasto social. Son variables y bailan al son de las decisiones de inversión pública en cada gestión de gobierno. Los servicios económicos, por su parte, están compuestos por Energía y combustible, Servicios (Comunicación y Transporte), Industria, Producción primaria (Ecología y medio ambiente y Agricultura) y Otros (Comercio, Turismo, Seguros y finanzas, y Otros servicios). En los 2000 representaron el 3% del GPCN y en 2021 fueron del 17% (4% del PIB), es decir la segunda finalidad de mayor relevancia en el gasto público, explicado principalmente por subsidios y tarifas de energía, combustible y servicios.
Por su parte, el gasto en la administración gubernamental (gastos que el Estado hace en Defensa y Seguridad, Justicia y Administración general) se mantuvo relativamente estable, representando en promedio 11% del GPCN. Si ponemos la lupa en el gasto en administración general — en parte mantener “la casta”, de la cual tanto ha hablado uno de los candidatos presidenciales— representó en los últimos 21 años un 4% del GPCN (0,9% del PIB). Por último, los servicios de la deuda, para sorpresa de nadie, son fluctuantes. En los albores de la crisis del 2001 eran del 24% del GPCN, luego se ubicaron en torno al 10%, volvieron a subir en 2016 y tocaron su pico máximo en 2019 con el 18% del GPCN. En 2021 descendió a 7% del GPCN.
Como vemos, si uno quiere hacer una reducción del gasto, en favor de la consolidación fiscal, las franjas del presupuesto sobre las cuales deberá actuar son las que están vinculadas a zonas particularmente sensibles. No será suficiente reducir el gasto de la administración gubernamental, dejar de mantener “la casta” o ajustar los gastos que lleva mantener la estructura burocrática. Los puntos porcentuales del PIB van a tener que salir de partidas asociadas a los servicios sociales y servicios económicos. El desafío, entonces, es encontrar los espacios del gasto en los cuales avanzar hacia una consolidación fiscal sean lo menos nocivo para el crecimiento económico posible y que no afecten a las familias de menores ingresos.
Pero hablamos de dos cuestiones centrales: la composición del gasto y la posibilidad real de modificarlo. Vamos con la segunda. La evolución del gasto público está vinculada a la capacidad de modificar la asignación de recursos. Pero no es tarea sencilla modificarlo, aun cuando en este tiempo suplementario de elecciones los mensajes parecerían indicar que sí. Porque la posibilidad de modificación del gasto público está estrechamente ligada a factores institucionales y políticos que respaldan su asignación: hay ciertos gastos que necesitan pasar por una ley, otros que surgen de compromisos o acuerdos políticos/federales, del establecimiento de mínimos denominadores comunes, y algunos surgen de procedimientos administrativos. Y esta es solo una clasificación veloz. En este sentido, la composición del gasto no se puede cambiar de la noche a la mañana: los gastos más rígidos son aquellos que conllevan costos significativos en términos políticos, económicos o judiciales, o que implican el cambio de una ley. Así, por ejemplo, el gasto en subsidios económicos —en tarifas de electricidad, gas o en el boleto de tren— es un gasto con flexibilidad media debido a sus altos costos políticos, mientras que el del sistema previsional es de rigidez alta: el recorte a jubilaciones producirá gran resistencia social y masivas protestas políticas.
A pesar de los desafíos que enfrenta la Argentina, la consolidación fiscal es una semilla, como aquellas de las que hablaba Belgrano, que es necesario plantar para avanzar en la estabilización macroeconómica. No es una semilla de izquierda ni de derecha: es una semilla que requiere el momento histórico actual. Pero esa consolidación no debe hacer caso omiso de que la composición del gasto es un reflejo de las problemáticas sociales de cada momento. En el siglo XIX, Argentina tenía un Ministerio de Guerra; hoy tiene un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. No todos los gastos son iguales: son resultado de las prioridades de la sociedad y de consensos federales. No es posible ni deseable reducir gastos allí donde hay consenso de que lo que se necesita es más inversión. Si bien la reducción apunta a alcanzar un porcentaje concreto en términos del PIB, no da igual de dónde provienen esos puntos porcentuales. Decime cómo gastas y te digo qué Estado tenés. La concesión no puede ser drástica: hay alternativas para reformular el gasto y alcanzar la necesaria consolidación fiscal. Y este es el punto neurálgico de la cuestión, del debate, de la decisión: ¿qué Estado queremos los argentinos y argentinas? Posiblemente esa pregunta es la que estaremos respondiendo el domingo a través de las urnas.
