No hay mayor prueba de que la violencia de género es un asunto público que lo que está sucediendo en estas horas: quienes negaban el problema lo han salido a exponer públicamente. Claman por la cabeza del victimario mientras acusan de inacción al Estado que debía proteger a la víctima. Pero que el oportunismo no nos quite lo bailado. Semanas atrás, las violencias y las desigualdades no tenían género, como si el número de femicidios pudiera ser negado. Hoy el tema está en boca de todo el mundo.
Ahora que tenemos su atención, repasemos algunas cosas:
Las políticas de género no son propiedad de ningún partido: son transversales. El Estado generó agencias especializadas en abordar las desigualdades y las violencias desde 1987. El Ministerio creado a fines de 2019 es parte de una historia mucho más larga. En los 80 Alfonsín creó la primera subsecretaría de la mujer y en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem se creó el Consejo Nacional de la Mujer, que traccionó la Ley de Cupo Feminino en el poder legislativo. En 2017 el Consejo fue reemplazado por Mauricio Macri por el Instituto Nacional de las Mujeres y recién en 2019 esa estructura alcanzó la forma de ministerio.
Pero a esta última agencia responsable de atender desigualdades de género se le cobró más que a cualquier otra y hoy es más necesaria que nunca. Y no sólo por la denuncia de Fabiola Yañez, sino por todas las mujeres que se van a sentir habilitadas a denunciar ahora que la primera dama lo hizo. Al Ministerio de Economía, que existe mucho antes que el de Mujeres y que todavía no logró resolver la inflación ni que el país crezca, no se lo eliminó por su falta de eficacia. Pueden cambiar sus titulares como cambia director técnico un equipo de fútbol, pero difícilmente se discuta la necesidad de su existencia.
Y no, con el Poder Judicial y penas más duras no alcanza. Se leyó en un tuit del presidente un giro punitivo que siempre es la respuesta más fácil y la que no tacklea en ningún caso la profundidad del problema. Si queremos no hacer nada, descansemos en que el Poder Judicial pedagogice a eventuales perpetradores. Ataca la punta del iceberg y encima desconoce cómo funciona la violencia en nuestra sociedad. La última encuesta de prevalencia realizada gracias a la asesoría de PNUD muestra que el 77% de las mujeres que sufren violencia no denuncian y que el 42% de los casos que sí se denuncian constituyen violencia psicológica. No todos los casos involucran un delito y, si así lo hicieran, sus penas son muy bajas. Si se condenara al expresidente por lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género, la pena podría ir de 6 meses a 2 años de prisión,
Entre reconocer que existe violencia de género y la deriva punitiva necesitamos una parada intermedia. ¿Cómo van a llegar los casos a la justicia si se cierran los Centros de Acceso a la Justicia en el país y se desmantelan los organismos especializados para atender a quienes padecen la violencia de género? La siguiente parada: comprender los mecanismos que reproducen las desigualdades y que sostienen esas violencias para poder trabajar en la prevención que no se logra de un día para el otro. ¿De una mejor forma a como se hizo hasta ahora? No hay duda, pero la mirada tiene que estar puesta en cómo lo hacemos mejor. Meter todo bajo una alfombra en donde ya no cabe más nada no es la solución.
