Las conversaciones sobre el sistema judicial argentino suelen terminar igual: necesita mejorar. No dejamos de hablar de cantidad de cargos o de dependencias, pero el acceso o la transparencia no entran en el debate. ¿Cómo podría mejorar el sistema de justicia? La digitalización es la respuesta. Una propuesta para que la justicia sea más rápida, accesible y transparente.
Ilustración: Nestor Agustín Vassallo
El sistema de justicia argentino enfrenta desafíos en términos de eficiencia, acceso y transparencia. En comparación con estándares internacionales, sus tasas de resolución de casos son bajas y la duración, muy alta. A ello se suma la desigualdad del acceso, especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos. Y una falta de disponibilidad de estadísticas de calidad para mejorar la evaluación del funcionamiento de los tribunales y la confianza ciudadana.
Este documento propone que estos desafíos pueden abordarse mediante la aceleración del proceso de transformación digital. Identifica oportunidades de mejora y casos de transformación a través de la incorporación de herramientas digitales, la automatización de procesos, el uso de inteligencia artificial y la innovación en sus dinámicas de funcionamiento. Sienta las bases para planificar una transformación digital de la justicia a nivel nacional.
Diagnóstico del sistema de justicia
Baja confianza
La baja confianza ciudadana en el sistema de justicia argentino es un problema persistente y de larga data. Más de un 82% de las personas encuestadas se mostró en desacuerdo con la afirmación de que el sistema judicial castiga a quienes son culpables, infiriendo que en Argentina no se aplica la justicia de manera imparcial y equitativa.
Bajos niveles de productividad y eficiencia
Los datos de percepción son consistentes con el Índice de Estado de Derecho, que muestra resultados preocupantes en cuanto a las demoras y falta de eficacia en la justicia—tanto en lo civil como en lo penal—. Los tribunales muestran bajos niveles de productividad y tasas de resolución y duración promedio de causas por debajo de los estándares razonables.
Barreras para el acceso
El acceso a las instituciones judiciales depende de factores sociales, económicos, institucionales, psicológicos e informativos. La dependencia se acentúa en los sectores desaventajados de la sociedad. Las instituciones judiciales resultan inaccesibles para ellos ya que están lejos territorialmente e implican costos que restringen el inicio o el sostenimiento de un proceso.
Poca transparencia y acceso a la información
Si observamos el desempeño de las instituciones de justicia, en cuanto a la transparencia, vemos que los ministerios públicos alcanzaron los puntajes más altos, superando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por su parte, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura obtuvieron los puntajes más bajos.
Las estadísticas disponibles están incompletas o desactualizadas. Ello dificulta la evaluación del funcionamiento de los tribunales y el entendimiento, por parte de la ciudadanía y las partes interesadas, sobre cómo se toman las decisiones.
La transformación digital como estrategia
Frente a este escenario, se propusieron un sinnúmero de reformas institucionales centradas en la cantidad y composición de las dependencias judiciales y sus órganos de gobierno. En numerosas oportunidades se discutió la composición del Consejo de la Magistratura o la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, pero estas medidas no necesariamente mejoran la eficiencia en la tramitación de los casos, el acceso a la justicia para la ciudadanía o la transparencia del sistema judicial.
La digitalización del sistema de justicia representa una oportunidad única para revertir los déficits del sistema de justicia argentino. Avanzar en el proceso de transformación digital mediante la innovación de las prácticas y la incorporación de nuevas herramientas digitales simplificará procesos, reducirá costos y tiempos de resolución de casos y eliminará barreras geográficas, económicas e informativas que dificultan el acceso a la justicia. De manera complementaria, contribuirá a la generación, gestión y publicación de datos, facilitará la rendición de cuentas y fomentará la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Panorama sobre el proceso de digitalización
Primeros pasos (2010-2020)
Desde 2010 los organismos judiciales incorporan de manera paulatina ciertas mejoras en los sistemas de gestión. En 2011, la ley 26.685 autorizó el uso electrónico de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones y domicilios en todos los procesos judiciales y administrativos. En 2012, se introdujo el Sistema Informático de Gestión Judicial para digitalizar los procedimientos judiciales (el cual, si bien fue un gran avance en la época, quedó rápidamente desactualizado). Entre 2016 y 2019, el Programa Justicia 2020 creó el portal Datos Abiertos de la Justicia Argentina del cual participaron 55 instituciones.
Un proceso acelerado por la pandemia del COVID-19 (2020)
La pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de digitalización que venía lento y muy dispar entre las distintas jurisdicciones. No sólo implicó incorporar herramientas digitales que antes eran opcionales o accesorias, sino también obligó a los tribunales a innovar en los procesos y flujos de trabajo. A su vez, debieron innovar en la organización del trabajo interno y en la comunicación entre sí y con las personas usuarias del sistema. La pandemia también aceleró la adopción de marcos regulatorios y protocolos para validar actuaciones y documentos digitales.
Quedaron demostradas las ventajas de la digitalización, pero también quedaron en evidencia las deficiencias en materia de infraestructura tecnológica y capacitación del personal. El avance es aún incipiente y limitado. Si bien el Poder Judicial realizó importantes mejoras en la infraestructura y en las funcionalidades, no deja de ser un sistema de registro que reproduce la lógica de una tramitación del mundo físico.
Iniciativas innovadoras
La introducción de soluciones de justicia digital debe entenderse como una reforma comprehensiva, sistémica e integral, que sobrepasa el elemento tecnológico. Se trata de un cambio institucional que involucra múltiples reformas organizacionales y culturales ante la adopción de nuevas tecnologías.
Argentina carece de políticas públicas definidas y estructuras de incentivos institucionales para impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la justicia. Los procesos de innovación institucional existentes se limitan a trayectorias pioneras, con una limitada escala y un incipiente grado de desarrollo.
Inteligencia artificial para la justicia: experiencias, oportunidades y riesgos
A partir de la sistematización de información, la detección de patrones y la generación de predicciones, la Inteligencia Artificial puede impactar significativamente en la mejora de los procesos y en la toma de decisiones de la justicia. Puede contribuir a simplificar y automatizar tareas, reducir errores y generar documentos de manera asistida. Estas contribuciones llevan, a una reducción de los tiempos de respuesta judicial, una mejora de la eficiencia en la asignación de recursos y una disminución de tareas burocráticas en los tribunales. Esto permitiría que el personal pueda abocarse a la resolución de casos complejos o prioritarios.
Sin embargo, la IA en la justicia también presenta riesgos. Uno de los más preocupantes es el potencial aumento de la discriminación y los sesgos. Es clave garantizar que los sistemas de IA en la justicia cumplan con principios fundamentales como la transparencia algorítmica, la trazabilidad o explicabilidad algorítmica, el máximo acceso algorítmico y la no discriminación algorítmica.
Priorizar los usos de la IA en justicia
La aplicación de técnicas de IA no ofrece un camino único y universal. Es posible que algunas aplicaciones tengan un mayor potencial de impacto que otras y también pueden ser más problemáticas que otras. Por eso, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) adoptó en 2018 la “Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial” donde repasa diferentes usos, alienta a implementar algunos y desalienta otros.
Usos alentados
- Técnicas de machine learning para mejorar la escritura de sentencias y complementar búsquedas de fuentes.
- Creación de chatbots para brindar información
legal básica de manera accesible. - Generación de plantillas en línea de documentos legales para facilitar el acceso, aumentar interoperabilidad y acelerar tiempos de procesamiento.
- Aplicación de técnicas de IA y ciencia de datos para analizar la actividad judicial, elaborar indicadores y hacer evaluaciones.
Usos que requieren precauciones metodológicas
- Elaboración de parámetros en litigios civiles.
- Apoyo a medidas alternativas de resolución de casos civiles a través de herramientas de “justicia predictiva” que no son imparciales y confiables y no deben ser la única base para la toma de decisiones.
- Resolución de disputas en línea (sin intervención de personas).
- Uso de algoritmos en la investigación criminal para identificar dónde están cometiéndose delitos.
Usos desalentados
- Perfilado de jueces o la predicción de decisiones judiciales.
- Uso de algoritmos en asuntos criminales con el fin de perfilar personas, criticados debido a los resultados erróneos y discriminatorios.
Decálogo para la planificación de una transformación digital del sistema judicial
- Establecer un plan estratégico de innovación digital basado en un diagnóstico, resultante de un proceso participativo y que contemple un plan de implementación y evaluación.
- Establecer un mecanismo de coordinación entre los distintos órganos del sistema de justicia y un espacio de interlocución interinstitucional con un equipo responsable de la implementación del plan estratégico.
- Revisar los procesos existentes para identificar las ineficiencias y los cuellos de botella y optimizarlos.
- Garantizar el acceso completo a los datos del sistema de gestión de expedientes del Consejo de la Magistratura y fortalecer su área de estadísticas.
- Fomentar la innovación desde abajo hacia arriba. Apoyar a los actores comprometidos; identificar y difundir buenas prácticas que puedan replicarse; llevar adelante un proyecto piloto.
- Diseñar las reformas centradas en los usuarios, involucrándolas y realizando pruebas piloto antes de la implementación.
- Promover la actualización de la legislación necesaria para facilitar la innovación tecnológica, sin esperar que esta suceda para avanzar.
- Garantizar una aplicación ética de la tecnología e identificar y gestionar los riesgos de sesgos.
- Establecer una política de seguridad de la información para proteger los datos personales y confidenciales.
- Destinar el presupuesto necesario para la inversión en tecnología, la mejora de la infraestructura y capacitación.
