Gobernanza socioambiental de la minería de litio

¿Qué significa el litio para la Argentina?

La crisis climática se ha convertido en uno de los mayores retos globales del siglo XXI. Frente a este escenario, una de las estrategias para la transición socioecológica es pasar de una matriz energética intensiva en combustibles fósiles a una intensiva en minerales. El mineral del litio es uno de los  insumos claves  para cumplir estos objetivos.

Los países latinoamericanos juegan un rol fundamental en el proceso de transición hacia matrices energéticas más sostenibles. Las reservas mundiales se concentran principalmente en Australia y los salares andinos de los países conocidos como el “triángulo del litio”: Argentina, Bolivia y Chile. En este contexto, el papel de Argentina es central. Es el segundo productor mundial de litio a partir de salmuera y el cuarto a partir de cualquier tipo de extracción. 

El protagonismo del litio en la transición energética, coloca a la minería como factor fundamental de este proceso. Es necesario atender los desafíos socioambientales de la minería de litio. Reflexionar sobre los sistemas de gobernanza de la actividad permitiría el cumplimiento de los derechos, la participación y la sostenibilidad ambiental.

¿Qué es la gobernanza socioambiental?

La gobernanza socioambiental de la minería es el proceso de toma de decisiones sobre los recursos naturales.

En los últimos años se han potenciado los reclamos de la sociedad civil por los impactos ambientales y sociales de la minería. Al hablar de litio, los cuestionamientos se concentran en los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos.

Los modelos económicos en pugna y los de vínculos institucionales débiles generan desconfianza en la capacidad de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad socioambiental. Se denuncia tanto la falta de participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, como limitaciones en la disponibilidad y accesibilidad a la información pública ambiental actualizada.

En este sentido, el desarrollo de la actividad minera en Argentina se caracteriza por una elevada conflictividad social. Según el estudio «Cartografía de la conflictividad minera en Argentina«,  Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales.

Hay que observar los marcos institucionales para analizar cómo están previstas las instancias de participación pública, diálogo y relacionamiento. ¿Cuáles son las autoridades que intervienen en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental de este tipo de proyectos? ¿Cuál es el grado de accesibilidad a la información vinculada?

En las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, que concentran las reservas litíferas en Argentina, no existe una estrategia uniforme en la gestión de sus recursos. Las instancias de participación pública y su articulación con el proceso de consulta libre, previa e informada (CLPI), el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y su implementación efectiva presentan brechas entre jurisdicciones.

Estas brechas deben analizarse  desde el enfoque de derechos humanos, que es uno de los seis Principios Rectores del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Este enfoque se apoya en dos pilares. Por un lado, coloca al Estado como responsable de garantizar, promover y proteger los derechos ciudadanos. Por otro, valoriza la potestad de los ciudadanos de defender, participar y reclamar el cumplimiento de sus derechos.

Por lo tanto, el Estado es clave para diseñar las reglas y crear órganos encargados de velar por su cumplimiento.

A su vez, la cuestión socioambiental también cobra importancia para el sector privado involucrado en el eslabón productivo de la cadena. Las empresas automotrices y productoras de baterías, principales consumidores de litio, se enfrentan a un profundo análisis de la sustentabilidad de sus prácticas. 

Los recursos naturales: política minera y Estados provinciales

Argentina es un país constitucionalmente organizado como un Estado federal, compuesto por 24 jurisdicciones. En esta configuración, existen competencias y atribuciones propias de las provincias, competencias exclusivas del Gobierno federal, y otras que se ejercen de manera conjunta o complementaria. 

La regulación de la política minera es una facultad del Estado nacional, ya que es el Congreso de la Nación el que tiene potestad para dictar el Código de Minería . Sin embargo, la Constitución Nacional en su artículo 124 establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Por eso, junto al Código de Minería, coexiste la reglamentación local. Las jurisdicciones locales adhieren y aplican el Código o publican su propia norma en consonancia con el Código Nacional. En este sentido, el litio se inserta en este doble marco normativo.

Los derechos de acceso y la consulta previa libre e informada: claves de la gobernanza socioambiental

La Ley General del Ambiente (LGA) dispone que las actividades que puedan degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población deben estar sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA).

El primer aspecto en el que profundiza la LGA es la realización de instancias de participación pública. El segundo es el acceso a la información como derecho y como deber de las autoridades. La importancia de contar con la información pública ambiental se plasmó en el dictado de la Ley de Presupuestos Mínimos de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

El derecho ambiental tomó otra dimensión a partir de la ratificación por parte de nuestro país del Acuerdo de Escazú (Ley N° 27566). Al ser ley en nuestro país, lo dispuesto por este Acuerdo se adiciona a las leyes de presupuestos mínimos. De este modo, no solo impacta en el Estado Nacional, sino también en las unidades políticas subnacionales.

El otro eje crítico es la relación con las comunidades y pueblos originarios. La actividad minera de los ecosistemas altoandinos se superpone con territorios utilizados y ocupados por poblaciones locales hace más de 10.000 años.

Institucionalidad: Licencia ambiental y consulta libre previa e informada

El eje de análisis institucional se focaliza en identificar cuál es el órgano o entidad competente para el otorgamiento de la licencia ambiental de los proyectos de minería de litio en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en cada una de las provincias elegidas.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar el potencial impacto que una actividad genera en el ambiente. 

Identificar a las autoridades que otorgan las licencias ambientales implica distinguir cuáles son los organismos que intervienen en el análisis de los impactos socioambientales y en qué marco se da esa intervención.

Analizar la pertenencia y nivel del organismo involucrado posibilita visibilizar los objetivos y el enfoque que puede tener esa autoridad. También es un factor a considerar el grado de legitimidad percibida por la sociedad. No resulta lo mismo interactuar con una cartera que debe evaluar el impacto de una actividad que con otra que debe promoverla económicamente. 

En esa línea, la institucionalidad se enfrenta a dos desafíos. Efectivizar los cumplimientos de la legislación vigente en la práctica, asegurando una implementación contextualizada y continua, y garantizar la transparencia que legitime las intervenciones.

Acceso a la información pública ambiental

El acceso a la información debe apuntar a centralizar información dispersa o de difícil acceso. Su principal objetivo es propiciar tomas de decisiones informadas. Para que sea fiable, no solo debe estar disponible, sino también usar un lenguaje adecuado para la compresión de la sociedad.

Este eje se vincula con la accesibilidad y la transparencia de la información socioambiental de los proyectos mineros. La accesibilidad se mide por facilidad de acceso. Implica poder acceder a la información mediante plataformas abiertas y públicas, sin necesidad de hacer un pedido de acceso. Por su parte, la transparencia se vincula con la disponibilidad de información actualizada de manera continua por parte del gobierno y las empresas.

Se parte de un enfoque en el cual los derechos a la información y la participación están íntimamente vinculados. Así, el grado de accesibilidad tendrá un efecto directo en la calidad de la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales.

Participación pública

El Acuerdo de Escazú distingue dos tipos de participación pública. Por un lado, actividades y procesos vinculados con el otorgamiento de autorizaciones ambientales. Por otro, procesos de toma de decisiones relacionados con asuntos de interés público.

Esta sección apunta a identificar la reglamentación local sobre la participación pública exigida dentro de los procedimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental. Esta caracterización sirve para identificar la legislación que se establece a nivel provincial respecto a las instancias de participación pública previstas para los proyectos litíferos.

Repensando la gobernanza: desafíos clave y propuestas de gestión

Recomendación: empoderar a la autoridad ambiental tanto en la conducción de los procesos como en su capacidad técnica. 

Un estado de derecho ambiental requiere que las instituciones reciban mandatos claros y transparentes. Que detallen la jurisdicción, los objetivos y la autoridad de la institución, y que estén a su vez coordinados con otras instituciones.

Recomendación: crear portales web que centralicen la información vinculada a la licencia ambiental de los proyectos mineros.

La claridad en el diseño, el contenido y los formatos de los portales web es el primer paso para generar involucramiento público. La disponibilidad de información permite garantizar que el público forme una opinión crítica y fundamentada, reduciendo las asimetrías de conocimiento.

Recomendación: institucionalizar etapas, metodologías, roles y responsabilidades de los actores involucrados en las instancias de participación pública. 

La implementación de las instancias de participación pública debe estar detallada y explicitar sus objetivos. El no cumplimiento de los requisitos y las expectativas de la sociedad civil pueden generar resultados perjudiciales y negativos para la resolución del conflicto o problema en cuestión.

Recomendación: incorporar las instancias de participación pública como un requisito en la instancia de presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El público puede contribuir en forma significativa, realizando observaciones en un momento en que es más fácil hacer los cambios que correspondan. El contacto de forma temprana con las partes interesadas es un insumo importante para ajustar el diseño de los mecanismos participativos al contexto local.

Recomendación: prever normativamente la integración del proceso de CPLI en el marco del procedimiento de la EIA. 

El establecimiento de criterios de implementación de la CPLI es fundamental. La integración de estos procesos con el procedimiento de EIA permitiría centralizar la identificación y gestión de los impactos. La planificación de la coordinación con procesos participativos o protocolos ya existentes es una dimensión clave de esta integración. 

Recomendación: difundir accesiblemente información sobre las etapas y roles existentes en un procedimiento de EIA. 

Una disponibilidad integral de la información genera una mayor transparencia y mayores capacidades de involucramiento.

La oportunidad de diseñar una mejor gobernanza de la actividad minera es real. Para eso, resulta fundamental asumir este escenario donde el abordaje de los temas sociales y ambientales cobra una nueva relevancia. Es necesario incorporar la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gobernanza socioambiental. Más allá de los avances tanto en el sector público como privado, queda abierto el interrogante respecto a si la implementación será tan veloz como lo vertiginoso del contexto.

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