Argentina cuenta con un importante potencial geológico y minero, especialmente en cobre y litio, cuya demanda se prevé que aumente sustancialmente por la transición energética. La actividad minera representa el 0,9% del valor agregado bruto y el 3,7% de las exportaciones, pero aún no alcanzó todo su potencial. En contraste con Chile y Australia, el sector y sus proveedores han tenido un desarrollo limitado. Realizamos un diagnóstico de los factores que limitan la integración de la actividad minera con el aparato productivo nacional. Y delineamos una serie de propuestas para promover el desarrollo de proveedores y por esa vía potenciar el sector y la economía local.
Panorama actual de proveedores del sector minero minero
En Argentina el sector está dominado por la minería de metales y de litio. En 2019, estos dos segmentos representaban casi el 85% del total facturado, el 86% de las compras de bienes y servicios y casi al 93% de las importaciones de bienes realizadas por el sector.
Los principales proveedores de este sector son: la industria (24%), la construcción (17%), el comercio (15%), los servicios profesionales y empresariales (10%), el petróleo y gas (8,7%) y el transporte y la logística (8%).
Generar proveedores de capital nacional produce considerables beneficios. Contribuye a la diversificación productiva, promoviendo la expansión de la actividad económica a nivel local y de capacidades productivas y tecnológicas a nivel nacional. También puede aportar a la movilidad social de trabajadores locales debido a las mejoras salariales en las firmas proveedoras de grandes empresas.
Desafíos para el desarrollo de proveedores locales
Los proveedores mineros enfrentan problemas tanto para ingresar en las cadenas de valor como para mantenerse competitivos y crecer.
Una condición necesaria para avanzar en ese sentido es la escala productiva de la actividad minera, que se ha visto afectada por la inestabilidad macroeconómica, la falta de progresividad del sistema tributario y la incertidumbre respecto a los incentivos del marco de promoción.
Más allá de estos condicionantes macro, también se destacan las políticas y prácticas de abastecimiento de las grandes empresas mineras que priorizan sus contratos globales y establecen barreras de entrada a proveedores locales. A esto se suman las limitaciones referidas a las capacidades productivas, tecnológicas, financieras y de gestión comercial de los propios proveedores.
Entre los desafíos político-institucionales, encontramos:
- La Ley de Inversiones Mineras (LIM) no regula ni incentiva la generación de proveedores para el sector.
- La ausencia de un régimen informativo coordinado federalmente que favorezca la vinculación entre la demanda del sector minero y la oferta de capacidades domésticas.
- Políticas provinciales de compra y contratación local para la minería que, si bien favorecen el desarrollo territorial y federal, desincentivan la coordinación interprovincial y generan barreras para alcanzar economías de escala.
- La escasa articulación entre las necesidades productivas, los desafíos socioambientales del sector minero y las agendas de trabajo del sistema público científico-tecnológico y de innovación.
Fomentar el desarrollo de proveedores locales
Una visión estratégica
El punto de partida consiste en definir y negociar entre múltiples actores una mirada estratégica para el desarrollo del sector. Se propone avanzar hacia una minería que priorice el manejo sustentable de los recursos, la descarbonización de sus actividades, el impulso de encadenamientos productivos aguas arriba y aguas abajo y la búsqueda de soluciones innovadoras a limitantes estructurales del sector (como son la conflictividad social y la insuficiente coordinación de políticas mineras a nivel federal).
Esta estrategia probablemente requiera modificaciones al régimen que regula actualmente el sector. Se identifican a continuación una serie de iniciativas prioritarias a corto plazo dentro del marco regulatorio existente, así como reformas a explorar en el mediano y largo plazo.
A corto plazo
Realizar reformas en el régimen de promoción establecido por la ley de inversiones mineras, por medio de cambios en los condicionamientos para acceder a los beneficios que establece dicha ley. Se destacan:
- Reforzar el requerimiento de presentar un Plan de Participación de la Industria Nacional (PPIN) como condición para acceder a la estabilidad fiscal y cambiaria por parte de las empresas operadoras de proyectos mineros.
- Ampliar el requerimiento de exigir la presentación de un PPIN a los beneficios de importar bienes de capital libre de aranceles al amparo del Art. 21°de la LIM.
A mediano y largo plazo
Argentina es un país con un importante entramado productivo-industrial con proveedores competitivos en muchos sectores. En colaboración con el sistema científico-tecnológico, existe un gran potencial para impulsar una transición energética basada en el aparato productivo nacional y provincial, como también para abordar muchos de los grandes desafíos ambientales.
Las propuestas a mediano y largo plazo están direccionadas a generar una verdadera política federal de desarrollo de proveedores para minería. Esta requiere la construcción de consensos entre actores públicos y privados y explorar reformas sobre la reglamentación vigente.
En Australia existe un sector de proveedores de Equipos, Tecnología y Servicios para Minería (“METS” por sus siglas en inglés). Está compuesto por más de 600 empresas, muchas de las cuales cuentan con el sector minero como principal cliente. Involucran proyectos colaborativos y generan oportunidades para que los proveedores de tecnología se conecten y transformen soluciones individuales en respuestas colectivas. Se da importancia a la colaboración informal para resolver problemas específicos y, en menor medida, a colaboraciones formales con universidades.
Promover la demanda
Establecer un régimen informativo federal donde recolectar información acerca de las compras, planes a futuro próximo, ítems a ser adquiridos, y también las empresas exploradoras y mineras en cada etapa de la cadena de valor.
A nivel internacional se observa una tendencia hacia una mayor transparencia en la publicación de información sobre cuánto dinero gastan las empresas mineras. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) y el Mecanismo de información para la adquisición local en el sector minero (LPRM) son una herramienta de estandarización para evitar que cada país recopile información a su manera. Ofrecen una oportunidad para incentivar a los gobiernos y empresas a recolectar, sistematizar y compartir datos sobre los planes de compra y promover la demanda.
Promover la oferta
Crear un régimen federal informativo de la oferta de proveedores para minería (existentes y potenciales) y de las capacidades domésticas existentes (con posibilidad de ofrecer o desarrollar capacidades para la provisión local).
Fomentar una mayor articulación de organismos estatales nacionales y provinciales y una mayor asistencia técnica a proveedores locales.
En pos de incentivar la oferta de proveedores especializados, a mediados de la década de 1980 se creó en Australia el Industry Capability Network (ICN). Esta red permite contactar empresas con perfiles compatibles (matchmaking). Busca incrementar la actividad económica y las oportunidades de empleo para la industria local. Con objetivos similares, en 2001 se creó en Chile el Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras (SICEP). Esta iniciativa del sector privado se propone aportar valor tanto a las empresas mineras —entregándoles información validada sobre sus proveedores— como a las empresas proveedoras —brindándoles la posibilidad de ofrecer sus servicios a las más importantes compañías mineras e industriales del país—.
Promover la innovación e investigación aplicada
Argentina cuenta con un sistema público de ciencia, tecnología e innovación desarrollado. Sin embargo, a diferencia de otros sectores económicos, y de Australia, en Argentina la agenda de los organismos públicos de ciencia y tecnología ha estado tradicionalmente desvinculada de las necesidades y desafíos del sector minero.
- Promover la articulación público-privada para la I+D y el fortalecimiento de capacidades institucionales.
- Promover la creación de nuevos instrumentos de apoyo y de incentivos a la cooperación entre empresas mineras y proveedores, con el objetivo de desarrollar capacidades en los proveedores.
- Generar una mayor federalización del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (RPEC), con el objetivo de promover el ingreso de servicios de alta calificación a la cadena minera.
Un ejemplo interesante de esto es el Programa Nacional de Minería “Alta Ley” en Chile. Propone iniciativas en torno a dos áreas: tecnológica y habilitadora. En el ámbito tecnológico, el foco está puesto en fundición y refinería; en el ámbito habilitador, en el desarrollo de capital humano, proveedores, I+D+i, infraestructura e institucionalidad. En Australia también figura activo desde 1990 el programa de los Centros de Investigación Colaborativa.
