Superar la pobreza en Argentina implica mucho más que aumentar los ingresos. La pobreza estructural encuentra una de sus mayores expresiones en los 6467 barrios populares donde más de 5 millones de personas viven sin acceso adecuado al hábitat. La política de integración sociourbana ofrecía una herramienta poderosa para hacer frente a este desafío. Sin embargo, a partir de 2024, ha sido crecientemente atacada, desfinanciada y desarticulada. En el contexto actual, resulta urgente retomar, profundizar y acelerar la política de integración sociourbana. Tres líneas clave para avanzar en este sentido.
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Hallazgos principales
Los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) brindan un diagnóstico para justificar la necesidad de avanzar en un plan nacional de infraestructura en barrios populares. El 92% de los barrios populares de la Argentina carece de conexión formal al agua, más del 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso formal a red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares o informales. El 70% de los barrios está expuesto al menos a un factor de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).
La heterogeneidad territorial y morfológica de los barrios impide pensar en soluciones lineales y demanda un abordaje situado que atienda a las especificidades locales. Por un lado, existe una fuerte concentración de la población que vive en barrios populares: la Provincia de Buenos Aires y otras cuatro jurisdicciones concentran la mayoría de la población. Por otro, el 70% de los barrios tiene menos de 150 familias y requieren el diseño de intervenciones ajustadas según la escala, la localización y el contexto específico.
Más del 99% de los barrios populares se encuentra en condiciones de inseguridad en la tenencia de la tierra. Esta condición obstaculiza la inversión pública y privada en infraestructura, impide que las familias accedan a créditos y subsidios para mejorar sus viviendas y expone a los habitantes a riesgos de desalojo.
Existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración. La inversión necesaria estimada para resolver la brecha de infraestructura es de más de 27.000 millones de dólares. La inversión anual requerida (en un plazo de 12 años) es de 2.250 millones de dólares.
El financiamiento otorgado a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente para cubrir el déficit estructural. Desde 2024, esta situación se agravó por la caída sostenida de la inversión pública: en lo que va de 2025, el gasto en programas de integración sociourbana fue de apenas 4,2 millones de dólares, apenas el 0,2% de la inversión anual requerida.
Recomendaciones de política pública
1) Lineamientos para un Plan Nacional de Intervención en Infraestructura
El Plan debe asegurar que los barrios populares tengan el mismo acceso a servicios básicos e infraestructura que la ciudad formal. Los pilares de este plan son:
- Reconocer la singularidad en el diagnóstico: realizar un análisis individualizado de cada barrio para definir prioridades y estrategias de intervención, utilizando criterios objetivos como los riesgos ambientales y el acceso a servicios básicos.
- Involucrar a la comunidad: la participación comunitaria es clave para garantizar que las obras respondan a las prioridades reales de los habitantes, fortaleciendo la transparencia y las capacidades locales.
- Comenzar por la conexión a servicios básicos: la regularización de la conexión de servicios esenciales (electricidad, agua y cloacas) debe ser prioritaria, ya que tienen un impacto directo y destacado en la vida de las personas y reducen los altos costos económicos y humanos de las conexiones informales.
- Implementar políticas preventivas: la integración debe ser vista como un enfoque preventivo, no sólo correctivo.
2) Ampliar el alcance del Certificado de Vivienda Familiar (CVF)
Dado que el CVF ha establecido un nuevo estándar mínimo de seguridad en la tenencia de la vivienda, el desafío es profundizar su alcance, aceptación y apropiación. Las estrategias incluyen:
- Asegurar recursos técnicos y económicos: es crucial que el CVF esté respaldado por una estructura que permita su uso masivo y eficiente, incluyendo equipos territoriales, infraestructura tecnológica y presupuesto acorde.
- Difusión, capacitación y control: la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) debe garantizar que las atribuciones del CVF sean conocidas y cumplidas por organismos públicos y privados.
- Mayor integración normativa: el CVF podría integrarse a procesos y organismos de registro de la tierra, como Catastros y Registros de la Propiedad Inmueble (RPI).
- Ampliación de beneficios: explorar mayores facilidades para acceder a servicios públicos, tarifas sociales y otros derechos económicos y sociales.
- Modificaciones normativas: evaluar reformas como la adición de la figura de Usucapión especial urbana individual y colectiva al Código Civil, la reducción del plazo para la prescripción adquisitiva administrativa o la modificación de la fecha de anclaje de la Ley «Pierri» N° 24.374.
3) Innovar en materia de financiamiento
Es necesario diseñar estrategias sostenibles que combinen fuentes de financiamiento nacionales, provinciales y municipales con instrumentos innovadores.
- Exploración de Valores Representativos de Deuda (VRD): la emisión de VRD en el marco de bonos temáticos (sociales o ambientales) es un enfoque innovador y prometedor para apalancar el financiamiento de las obras de integración, dado que los objetivos de las obras coinciden con las categorías dispuestas para ser incluidas como Bono Social.
- Aprovechamiento de fondos existentes: explorar la posibilidad de inversión por parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) y Fondos Comunes de Inversión (FCI), incluyendo los Fondos Comunes de Inversión Verdes y Sustentables.
- Generación de ingresos por parte de gobiernos subnacionales y locales: impulsar la contribución de municipios y provincias a través de la captación de plusvalías urbanas y la mejora de la eficiencia en el cobro del impuesto a la propiedad.
