1.
En una planta industrial de la ciudad de Rafaela, en la Provincia de Santa Fe, un grupo de ingenieros e ingenieras trabajan para resolver uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo adaptarse a un mundo que se encamina de manera inevitable hacia la producción verde. En ese nuevo mundo ya no habrá lugar para las válvulas de motores de combustión que el Grupo Basso exporta a más de 30 países y que compran clientes como Ferrari, General Motors y Ford, en Europa y los Estados Unidos. Basso decidió actuar antes de que fuera tarde: hace unos años creó una unidad de I+D dedicada a pensar la transición hacia la electromovilidad. ¿Cómo aprovechar todo el aprendizaje técnico acumulado desde 1963 para identificar productos de nicho que puedan exportarse cuando los países que hoy compran su producción ya solo permitan la circulación de autos “verdes”? En Rafaela saben que la respuesta está en la capacidad de reinventarse. De ello dependen una larga historia de innovación productiva y mil empleos de calidad.
2.
El caso de Basso ilustra de manera vívida el desafío de supervivencia que enfrentan muchos sectores y empresas de todo el planeta, porque la transición hacia sistemas de producción más sustentables no se limita a los países de ingresos altos. El Acuerdo de París de 2015 es el hito más reciente en esta tendencia global: las partes firmantes se comprometieron allí a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en pos de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 ºC respecto de los niveles preindustriales. Si bien no es seguro el cumplimiento de esos objetivos, sí es un hecho que los países se fijaron metas concretas que implican, de manera inexorable, la reconversión de los sectores responsables de la mayor parte de las emisiones. Una de las metas es la alteración de las matrices energéticas, que tenderán a incorporar mayor participación de fuentes renovables. Alemania, por ejemplo, ya sobrecumplió lo que se había propuesto para 2020: que el 35% de la generación de su electricidad provenga de ese tipo de fuentes; planea llegar al 65% en 2030. Brasil se propuso que para 2024 el 86% de la generación de electricidad tenga ese origen, mientras Chile buscará que en 2025 se alcance el 25% y se incremente al 60% en 2035. La prohibición progresiva de las ventas de vehículos a combustión interna empujará, asimismo, la transformación en el sector automotriz. En Alemania y Japón, en diez estados de Estados Unidos e incluso en países latinoamericanos como Costa Rica, se planea que hacia 2050 el 100% de las ventas sean vehículos limpios. En otros casos, como Canadá y España, se espera alcanzar la meta diez años antes.
3.
Múltiples gobiernos de distinto cuño ideológico, en países con distintos niveles de ingreso, entendieron que la transformación verde sería improbable sin acción activa del Estado. La profunda crisis económica que se desató con el inicio de la pandemia consolidó el nuevo clima de época. En 2020, Alemania anunció el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que prevé que el sector recibirá fondos públicos por 9 mil millones de euros, nada menos que el 7% del paquete de estímulo fiscal anunciado en junio de 2020 destinado a lidiar con las consecuencias económicas del COVID-19. A pesar de que la narrativa convencional caracteriza a Estados Unidos como un país donde la intervención estatal es escasa, el sector público tuvo un rol proactivo en el apoyo a los sectores verdes. Por citar apenas un ejemplo, Tesla, hoy líder global en el mercado de vehículos eléctricos, recibió en 2009 un préstamo garantizado con financiamiento público por USD 465 millones. China, en su Plan Quinquenal 2011-2015, destinó cerca del 5% de su PBI a múltiples sectores verdes y se fijó como objetivo para 2050 ampliar la potencia instalada de aerogeneradores eólicos en 1.000 GW, lo que equivaldría, ni más ni menos, a reemplazar toda la infraestructura eléctrica de los Estados Unidos. En América Latina, Chile presentó en 2020 su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, con la cual aspira a convertirse en un líder exportador de hidrógeno verde y sus derivados, ambición estatal novedosa en un país donde hace décadas sus gobiernos son refractarios a la idea de embarcarse en políticas industriales que “elijan” sectores estratégicos. Por su parte, entre 2009 y 2018, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil proveyó fondos por 23.500 millones de dólares a iniciativas de energías limpias, cifra que lo ubicó como el principal prestamista a nivel mundial para este tipo de proyectos.
4.
Así, tanto en el Norte como en el Sur Global, los intentos recientes para acelerar la transición hacia tecnologías bajas en carbono ratifican algo que sabemos hace tiempo: en perspectiva comparada, la transformación estructural de una economía es un resultado difícil e infrecuente. No ocurre de manera automática: requiere de un intencionado y sostenido trabajo de coordinación entre actores estatales y privados. Precisa de mucha política pública: la novedad de esta época es lo que llamamos Políticas de Desarrollo Productivo Verde (PDPV). Asistimos a un cambio de paradigma con epicentro en el Norte Global: el enfoque de green industrial policy supone una vuelta de página respecto de las discusiones previas acerca del rol de la política industrial en el desarrollo, que rara vez atendían la problemática medioambiental; y también sobre los debates en torno del cambio climático, que no han prestado la atención suficiente a las necesidades de crecimiento económico. Este giro implica que las soluciones win-win entre las agendas económica, social y ambiental se vuelvan más alcanzables.
5.
En la Argentina hasta ahora hemos tenido la conversación a un nivel tan alto de generalidad, que es casi imposible derivar de ahí próximos pasos para la acción. Se ha hablado ya largamente sobre la necesidad de articular ambientalismo y desarrollismo; se ha invocado la jerga del Green New Deal; se ha dicho que podemos fabricar baterías gracias a nuestro abundante litio, sin un claro diagnóstico público de costos y beneficios, capacidades y potencialidades, que indique que vale la pena apostar recursos en el intento de recorrer toda la cadena de valor. Todas intenciones loables, pero es tiempo ya de bajar de los enunciados y del encomio intelectual porque en la nueva agenda de política productiva verde el diablo está en los detalles. Hace falta identificar los dilemas de política pública para hacer apuestas informadas con recursos escasos, en un contexto de urgencias socioeconómicas típicas de país en desarrollo. Hace falta hablar con franqueza sobre los puntos de tensión (intereses a tocar y posibles perdedores, porque no todo es win-win). Y hace falta construir una agenda operativa para la transición a tecnologías bajas en carbono que impulse sectores y empresas dinámicas, con metas realistas e indicadores de evaluación. Ya no tenemos tiempo para encarar con liviandad el desarrollo productivo verde. El tema es estratégico y requiere bajar a tierra.
6.
Paradójicamente, en esa discusión sobre ambientalismo y desarrollismo, no queda claro el rol que ocupará el Estado: ¿cuál será la estrategia de la política pública para contribuir a la transformación productiva que potencie el desarrollo económico y avance hacia menores emisiones de GEI? Argentina firmó el Acuerdo de París e incluso reforzó en 2020 su compromiso con Contribuciones Determinadas a nivel Nacional más exigentes. No obstante, son metas que aún no están plasmadas en una hoja de ruta factible, con foco productivo. Hasta el momento tuvimos marcos normativos e instrumentos sectoriales que, si bien son similares en su diseño a los impulsados a nivel global, se caracterizan por su desarticulación y discontinuidad. El caso del hidrógeno ilustra este patrón, con una ley pendiente de reglamentación desde hace 15 años. O programas como el RenovAr, cuyas convocatorias quedaron suspendidas desde 2019: hoy no existe información pública sobre futuras licitaciones, ni tampoco sobre nuevos programas de incentivos que lo reemplacen. Si bien hay múltiples proyectos en discusión sobre sectores verdes, el pasado enseña que la productividad legislativa por sí sola no alcanza para generar impacto.
7.
Una agenda de PDPV para la Argentina podría capitalizar la experiencia que ocurre en el llano, con foco en las empresas locales que ya se han embarcado en esta transición. Conectar los puntos hoy dispersos en el entramado productivo y en la geografía. Argentina podría tener con qué. Así como en el sector autopartista está Basso, en el sector eólico estuvo y podría volver a estar INVAP, en Río Negro. Si bien más conocida por su trayectoria tecnológica en las áreas nuclear y espacial, INVAP llegó a desarrollar aerogeneradores de diferentes potencias y a fabricar localmente ensayos de palas, el componente más costoso y crítico en esta tecnología. Aún más al sur, en Chubut, Hychico hacia 2009 logró posicionarse como una de las plantas de hidrógeno verde más grandes del mundo. ¿Cómo emergieron estos emprendimientos atípicos en el panorama productivo local? No tenemos una respuesta definitiva, pero identificamos varios atributos comunes: por una parte, las empresas verdes son “hijas” de firmas preexistentes y se apalancan en estructuras y capacidades previas; por otra, las empresas “madre” que dieron lugar a estas experiencias se caracterizan por tener una larga trayectoria en exportación y contar con departamentos de ingeniería y experiencia en I+D. ¿Qué barreras enfrentan las empresas verdes para dar un salto? ¿Qué rol tuvo y podría tener la política pública para potenciarlas? No habrá transición productiva verde sin hacerse estas preguntas. Es un tango que se baila de a dos, sector público y sector privado. Sentar en una misma mesa a gente que nunca o rara vez conversa entre sí es un primer paso ineludible. En ese sentido, es especialmente promisoria la conformación del Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en Argentina (H2ar), concebido por Y-TEC —compañía tecnológica de YPF y el CONICET— para crear un espacio de trabajo colaborativo entre las empresas de la cadena de valor del hidrógeno.
8.
Lo que pensábamos que iba a pasar en el futuro ya ocurre hoy en el mundo pospandemia: la transición hacia tecnologías bajas en carbono es inevitable a nivel global. En ese inesperado mundo nuevo no es posible una estrategia de crecimiento sin políticas de desarrollo productivo verde (PDPV). Entrar tarde a una carrera que ya se inició no es buena idea. O actuamos ya o sectores enteros de la economía tenderán a desaparecer: podríamos aprovechar capacidades que la Argentina ya tiene para explotar oportunidades en sectores incipientes. Como ocurre en otros países que intentan desarrollarse, el desafío es actuar hoy sin haber consolidado aún las capacidades estatales que se necesitan para que las PDPV produzcan los resultados esperados. El salto que debe darse es cada vez más difícil y, a la vez, más urgente. Transformar a la Argentina requiere, en definitiva, transformar al Estado. Es tiempo entonces de pasar de la enunciación genérica a una discusión más cerca de la tierra, concreta y operativa, sobre la arquitectura institucional y los mecanismos de coordinación —tanto intra-sector público como público-privada— para una agenda de PDPV ambiciosa y de largo plazo, con la que nichos y empresas verdes se identifiquen, crezcan y se multipliquen.
