En 2022, el Régimen de Tierra del Fuego cumplió 50 años. El objetivo geopolítico que le dio origen por medio de la Ley 19.640 en 1972 ha sido alcanzado con creces. Constituyó una herramienta efectiva para impulsar el crecimiento de la población y de la actividad económica sobre la base de la expansión del empleo industrial. La ley fue un elemento crítico en este proceso que operó en un territorio “casi vacío” y, hasta entonces, menos dinámico que otras regiones del país, y logró nivelar la cancha de forma considerable.

Hoy el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional, más del doble del presupuesto del CONICET para 2021 o el 39,3% del gasto público anual en AUH y AUE. Como está diseñado, premia la facturación y no el agregado de valor local, no promueve las exportaciones y no ha logrado generar la autonomía económica que Tierra del Fuego merece para dejar de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales.

¿Es viable reformular el subrégimen para una transformación productiva en Tierra del Fuego? Fundar se propuso contribuir a este debate a través de una serie de tres documentos que generan evidencia sobre las posibilidades y los acuerdos que este proceso requiere. Diseñó propuestas alternativas de política pública que muestran un camino posible para reducir, gradual pero sustancialmente, en un lapso de 11 años, el costo fiscal de este esquema de promoción, y reorientar los incentivos económicos hacia la innovación y la agregación de valor. Se busca que Tierra del Fuego sea una provincia crecientemente próspera y menos dependiente de las decisiones del gobierno nacional.