La economía argentina es bimonetaria: cobramos nuestro sueldo en una moneda que usamos para consumir, pero no para ahorrar. Ante esto existen dos caminos: reforzar la moneda nacional o dolarizar. El resultado de las PASO posiciona a Javier Milei con chances de ser el próximo presidente, quien se ha manifestado a favor de la dolarización, por lo que se plantean una serie de interrogantes sobre qué implica y cómo se alcanzaría la dolarización.
Dolarizar la economía significa pasar todos los contratos que están en pesos a dólares y canjear la totalidad de los billetes y monedas en circulación. Para ello, el BCRA debe tener en su poder los dólares para ofrecer a cambio de los pesos. Sin embargo, el BCRA hoy está muy lejos de contar con esos dólares. Muestra de ello son las continuas presiones sobre el mercado de cambios con el aumento de los tipos de cambio paralelos y las dificultades para acceder a dólares, para ahorro en el caso de los individuos y para importaciones o pago de deudas en el caso de las empresas. Por lo tanto, es imposible dolarizar sin un salto cambiario de una magnitud mayor que la experimentada en 2001.
Adoptar la dolarización requiere tomar medidas en el plano cambiario, monetario y fiscal.
El plano cambiario
Dolarizar implica cambiar todos los pesos que circulan por dólares. ¿A qué tipo de cambio se debe realizar la conversión? En abril de 2023 este cálculo arrojó un tipo de cambio de 7000 pesos por dólar. En agosto de 2023, con menos reservas, más pesos en la calle y más LELIQS, este valor es muchísimo más elevado. Como en todos los casos en donde aumenta el tipo de cambio, cuanto mayor sea este valor, mayor será la inflación posterior y más tardará en disiparse. Con reservas netas negativas, la misma cuenta nos daría como resultado un tipo de cambio de conversión negativo, un sinsentido económico.
Para dolarizar a un tipo de cambio equivalente a las cotizaciones paralelas de agosto de 2023 sería necesario otro préstamo del FMI de 44 mil millones de dólares y ellos no van a volver a prestarle a la Argentina un monto así. Tampoco están dispuestos a prestar ese monto (ni mucho menos tampoco) los privados.
El país actualmente no cuenta con esa disponibilidad de financiamiento y un cambio de gobierno, incluso con una propuesta fuerte y disruptiva, no va a modificar esa situación.
El plano monetario
Dolarizar implica que el BCRA no pueda financiar más al Tesoro. Esto es una ventaja: un país no puede acudir de manera recurrente al financiamiento monetario y esta particularidad de la economía argentina se debe interrumpir con cualquier estrategia de estabilización. Esto nos lleva al tema fiscal: ¿cómo lograr cuentas equilibradas?
El plano fiscal
La dolarización implica una reforma fiscal. Dada la elevada presión tributaria que enfrenta el sector privado registrado de la economía argentina, la tarea recae principalmente sobre el gasto. ¿Qué partidas se modificarían y en qué medida? La principal erogación del sector público argentino son las jubilaciones. Esta partida tiene una particularidad: aumenta en términos reales cuando la inflación baja y más aún cuanto más veloz es la desinflación. Es decir, la dolarización implica una reforma jubilatoria. ¿Qué características tendrá el nuevo sistema previsional? ¿En qué nivel quedarán las jubilaciones? ¿Cómo se distribuirán los recursos entre los jubilados? Estas mismas preguntas valen para la inversión en infraestructura, los salarios de los docentes, del personal de seguridad, de los médicos del sector público, etc.
Algunos de estos problemas se enfrentarían también con cualquier plan de estabilización serio: aumento del tipo de cambio y de las tarifas, ajuste fiscal, necesidad de acumular reservas. La diferencia es que la dolarización requiere hacer todo eso en una magnitud mucho mayor. Si el esfuerzo que vamos a realizar es similar, ¿por qué no aprovecharlo para fortalecer la moneda nacional, como lo hicieron nuestros vecinos de la región? ¿Por qué eliminar las herramientas que tiene el sector público para llevar adelante un proceso de crecimiento con inclusión? ¿Por qué seguir el mismo camino que tomaron Ecuador y El Salvador, los dos países con mayor riesgo país de la región después de la Argentina?
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