Marcelo T. de Alvear 684, 7° piso, Buenos Aires, Argentina.
En los barrios populares, el espacio público abandonado nunca queda vacío. El lugar que deja el Estado lo ocupa el delito, el narco. En el medio, los chicos. Le preguntamos a los vecinos qué hace falta para que puedan crecer el barrio sin miedo: educación, espacios deportivos y recreativos; es decir, un club. En un club, los chicos cambian el arma por la pelota.
¿Tenemos en cuenta el largo plazo al idear estrategias de seguridad? ¿Podemos tener barrios más seguros con la creación de clubes? ¿Qué dicen los vecinos de barrios populares?
Los clubes sociales y deportivos favorecen la organización e institucionalización del tiempo libre de los jóvenes. En barrios populares, permiten alejarlos de la calle, prevenir el ingreso al delito y desarrollar habilidades socioemocionales vinculadas con la práctica de deporte y las actividades educativas. Los clubes son un espacio de referencia y pertenencia. Un lugar posible para la reconstrucción de la vida en común y los lazos sociales, que el narcotráfico busca romper.
En Argentina, actualmente existen 6467 barrios populares en los que viven más
5 millones de personas.
El deterioro del espacio público y la falta de infraestructura social y urbana en territorios urbanos segregados favorecen el delito y la violencia. La falta de apropiación del espacio público por parte de las comunidades locales y la poca presencia estatal (a través de su oferta de servicios públicos y de seguridad) hace surgir territorios “liberados” que son ocupados por actividades delictivas y el crimen organizado.
Este trabajo analiza antecedentes de intervenciones barriales en la prevención social del delito y presenta los resultados de un estudio cuali-cuantitativo realizado en Nuevo Alberdi Oeste —uno de los barrios con mayores índices de violencia de la provincia de Santa Fe—. Se relevaron las necesidades y demandas de sus vecinos en términos de seguridad y de la provisión de servicios y espacios públicos en el barrio. El foco estuvo, en especial, en los jóvenes, que suelen ser reclutados por las redes delictivas del crimen organizado.
El 50% de los residentes se siente inseguro y el 70% experimentó miedo al transitar por el barrio.
Los espacios comunitarios para el disfrute del tiempo libre y el esparcimiento son percibidos como inexistentes o insuficientes.
El 90% de las personas encuestadas considera “muy importante” la presencia de un club en el barrio.
Cuando se les pregunta a los jóvenes, sienten la necesidad de contar con espacios para realizar actividades recreativas o deportivas dentro del barrio.
El club amplió su impacto porque promovió el involucramiento de las familias y una identidad barrial positiva.
Para estimar el empleo en riesgo se utilizó el modelo insumo-producto desarrollado por Leontief (1951). La matriz insumo-producto (MIP) asociada al modelo permite vincular los cambios en la demanda final nacional (asociados a variaciones de las importaciones) con variaciones en la producción, que permiten a su vez estimar las variaciones en el empleo, y desagregar el impacto por sector, provincia y características sociodemográficas.
La apertura comercial iniciada por el gobierno pone en riesgo 430.000 puestos de trabajo y no existe una estrategia de transición en el horizonte para los trabajadores afectados. Mediante un modelo de simulación, se estima que 431.452 puestos de trabajo podrían perderse por el aumento de importaciones que desplazan producción nacional.
El 65% de los puestos de trabajo en riesgo se concentra en la industria manufacturera. Particularmente en sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa.
Seguir leyendo → La industria textil
Impacto regional desigual: cuatro provincias concentran el 74% de los puestos de trabajo en riesgo. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Santa Fe son las jurisdicciones más afectadas en cantidad de trabajadores. En relación con el tamaño del empleo en cada provincia, sobresale el caso de Tierra del Fuego, donde está en riesgo el 5,5% del empleo privado.
Corren más riesgo los que tienen trabajo registrado, tienen entre 25 y 44 años y terminaron la secundaria.
La apertura comercial puede provocar impactos duraderos sobre el empleo y los salarios. Una apertura comercial sin políticas que acompañen puede agravar la desigualdad territorial, debilitar sectores estratégicos y erosionar puestos de trabajo formales y de calidad. Las rigideces del mercado laboral, los altos costos de movilidad, la lenta reasignación del capital y la presencia de economías de aglomeración contribuyen a que los efectos negativos se prolonguen o incluso se amplifiquen con el tiempo, erosionando las capacidades productivas.
→ Remover las barreras que obstruyen el comercio y la actividad exportadora es un ingrediente crucial en la receta del desarrollo, pero no lo garantiza. Las medidas de apertura comercial pueden ser dañinas si no van acompañadas de otras políticas igualmente importantes —cambiaria, tributaria, productiva y laboral—, que compensen los efectos negativos de la apertura comercial, fortalezcan la competitividad de las empresas y brinden apoyo a los trabajadores afectados.
Para evitar estos efectos es clave pensar una apertura que articule instrumentos de transición productiva y laboral, calibrando tiempos, magnitudes y condiciones. El diseño de políticas productivas y laborales debe considerar de forma explícita los sectores y perfiles más expuestos al cambio. Una apertura desarrollista requiere que la política comercial sea parte de una receta con más y mejores políticas públicas, y con un orden de aplicación totalmente diferente. Hay tres ingredientes que están ausentes o mal mezclados en la receta actual: el macroeconómico, el industrial y el de la generación de bienes públicos de calidad.
La reforma fiscal para bajar impuestos a la producción debe realizarse antes de la apertura, no después. La desregulación comercial actual se implementa en el contexto de una fuerte (e insostenible) apreciación cambiaria. Un tipo de cambio apreciado agrava el impacto. Si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos de trabajo, 76.294 menos que en el escenario con el tipo de cambio de abril de 2025. Así, la apertura comercial obliga a las empresas argentinas a competir contra firmas extranjeras de mayor productividad, más impuestos a la producción y un peso fuertemente apreciado inclinan la cancha en contra de la producción nacional.
Por un lado, la política industrial para promover el crecimiento de la industria nacional. Para apoyar la reconversión de la estructura productiva, es necesaria una política industrial ofensiva de crecimiento de las exportaciones que promueva incentivos para innovar y otorgue beneficios para competir en mejores condiciones, pero que también cuente con un cronograma definido, con metas de desempeño y mecanismos de salida claros. Sin miedo a elegir sectores ganadores, priorizando intervenciones en aquellos sectores con potencial de ser competitivos, y dispuestos a abandonar apuestas que no terminen funcionando.
Por el otro, las políticas de reconversión del empleo para reconvertir los puestos y mitigar los efectos del desempleo. Las dos oleadas de aperturismo de los 90s y del gobierno de Cambiemos nos enseñaron que, si se gestiona mal la desregulación comercial, el desempleo y la informalidad se disparan. En el medio de la transición a una economía más abierta, hay que compensar y apoyar a aquellas empresas y personas que deban transicionar a otros sectores y empleos.
Si queremos mejorar la productividad para competir, no podemos darnos el lujo de desinvertir en infraestructura pública, clave para reducir los costos logísticos de nuestras empresas. Tampoco en desfinanciar al sistema científico y tecnológico. Sin inversión en la infraestructura que permite ganar competitividad, nuevamente nivelamos la cancha en contra de las empresas argentinas, tanto en el mercado interno como a la hora de salir a conquistar nuevos mercados. La fuga del talento argentino ya es palpable y tiene efectos sobre la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo.
Además de los bienes públicos, necesitamos un actor capaz de apoyar a las empresas argentinas en la conquista de nuevos mercados y en la integración en cadenas de valor regionales o globales. En particular, que destrabe y propicie la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio basados en criterios de reciprocidad: nuestro país tiene que abrirse para que se abran otros mercados. Por lo ya expuesto, ese mismo actor debe tener la potencia de diseñar, implementar y coordinar la política comercial con la macroeconómica, industrial y de empleo. El Estado argentino es el único candidato a la vista con la potencia latente para hilvanar una estrategia de apertura desarrollista. No el que tenemos en la actualidad, sino el que debemos reconstruir. Desfinanciarlo en todos los frentes nos aleja cada día más de poder contar con su poder articulador.
© 2025 Fundar
Todos nuestros contenidos se encuentran sujetos a una licencia CC BY-NC-ND 4.0. Queremos que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas, por eso celebramos su uso y difusión sin fines comerciales.
