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Trabajar en los márgenes. Una propuesta para el cuentapropismo informal

En Argentina, casi uno de cada tres trabajadores es pobre. En los últimos años, el mercado laboral ha procesado las crisis a través de un deterioro de la calidad de los empleos, mayor informalidad y pérdida de ingresos. Para muchas personas, tener un trabajo no alcanza para evitar la pobreza. Especialmente para quienes acceden a empleos informales, de baja productividad, con escasa protección y remuneración. Un análisis del cuentapropismo informal y una propuesta para mejorar su futuro.

Una política para un grupo heterogéneo

Cuando hablamos de «economía popular» estamos hablando de un universo de casi 4,3 millones de trabajadores. Es una quinta parte del mercado laboral argentino y es el tipo de ocupación que más creció en la última década. En términos sociodemográficos y socioproductivos, el segmento presenta realidades muy distintas. 

Esta heterogeneidad exige una perspectiva amplia a la hora de diseñar políticas. Un análisis pormenorizado nos permitió dar con una serie de caracterizaciones que sirven para dar entidad a este grupo heterogéneo y pensar soluciones a los problemas de conjunto.

Por un lado, vemos que está compuesto en su mayoría por varones y por personas de más de 45 años. Este último rasgo subraya que, con frecuencia, el cuentapropismo es una alternativa para la generación de ingresos ante la falta de oportunidades de empleo asalariado. Quienes desarrollan este tipo de actividades lo hacen desde hace varios años.

Si se consideran los atributos educativos y productivos, entre los cuentapropistas de baja calificación predomina un bajo nivel educativo formal. Casi la mitad no tiene estudios secundarios completos. En términos productivos, 8 de cada 10 no usan ningún tipo de tecnología en su trabajo. El 77% se concentra en cinco ocupaciones principales: comercialización directa (30,1%), construcción (18%), industria (13,6%), cuidado de personas (8,2%) y reparación (7,1%).

¿Adónde va el cuentapropismo?

A partir de datos dinámicos, se estudiaron transiciones desde el cuentapropismo de baja calificación hacia otras posiciones laborales. Entre un año y otro, 5 de cada 10 trabajadores permanece en el mismo tipo de ocupación y entre 3 y 4 de cada 10 pasan a la desocupación, a la inactividad o a un puesto asalariado informal. Apenas 4,4% pasan a un puesto de trabajo asalariado formal. 

Las transiciones laborales entre los cuentapropistas de baja calificación, además de ser limitadas, generalmente ocurren entre categorías vecinas con atributos productivos en común. Este resultado es una advertencia acerca de la complejidad que asumen las propuestas de re-entrenamiento (reskilling) para este sector. 

Los datos también permiten detectar dos franjas de trabajadores: una “persistente”, que a lo largo del tiempo permanece en el mismo tipo de ocupación, y una “inestable”, que entra y sale del mercado laboral. Esta última abarca al 41,4% de los cuentapropistas de baja calificación y es un segmento muy vulnerable. Tienen las remuneraciones más bajas y menos horas trabajadas, y encuentra sobrerrepresentadas a las mujeres y los jóvenes.

 

El segmento de trabajadores por cuenta propia de baja calificación es el más expuesto a la pobreza: casi uno de cada dos (46,5%) son trabajadores pobres. 

El 28,6% vive en hogares que reciben transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Prestación Alimentar. Estas prestaciones representan apenas el 3,6% del promedio del ingreso familiar. Se confirma, una vez más, que la principal fuente de ingresos de los hogares de estos trabajadores viene del mercado de trabajo. De allí se desprende la importancia de mejorar estos ingresos.

Recomendaciones para las políticas públicas

La estabilidad macroeconómica y el desarrollo sostenido son claves para mejorar las condiciones de vida, especialmente de los trabajadores por cuenta propia de baja productividad. Sin embargo, incluso con crecimiento, su incorporación al empleo formal es poco probable en el mediano plazo. Por eso, se requieren políticas activas que mejoren ingresos, promuevan la formalización y garanticen protección social.

Asegurar la terminalidad educativa y la continuidad formativa

El abandono de los estudios y la incorporación temprana al mercado laboral por parte de los jóvenes refleja frecuentemente las necesidades económicas de sus familias. Por eso, es imprescindible fortalecer y ampliar programas de apoyo económico que, como PROGRESAR, han sufrido un fuerte deterioro en el último año. 

Capacitación y certificación de habilidades y competencias

La mayoría de los trabajadores analizados son adultos que llevan años en actividades de baja productividad. Mejorar y certificar lo que ya saben les permite profesionalizarse y aumentar sus ingresos. Es clave a la hora de dimensionar la complejidad de los procesos de re-entrenamiento (reskilling). Para que estos procesos sean exitosos, deben garantizar recorridos que combinen experiencia previa con nuevas habilidades productivas.

Promover la formalización de trabajadores y unidades productivas

Se propone incorporar a los cuentapropistas informales al régimen general de monotributo con subsidios a la categoría más baja. También se puede apalancar este proceso con tecnología dirigida a simplificar el registro y a ofrecer herramientas innovadoras de gestión de negocio y facturación. Asimismo, dado que quienes logran escalar su actividad como microempresa consiguen mejorar sus ingresos, es preciso evaluar alternativas para favorecer la formalización de unidades económicas pequeñas.

Pisos de ingresos

En primer lugar, es fundamental fortalecer las políticas de mejora de ingresos laborales, a través del salario mínimo y de políticas salariales generales que aseguren que ningún trabajador quede por debajo de un umbral básico vinculado al costo de vida. En segundo lugar, resulta clave impulsar instrumentos que acompañen los procesos productivos, como el crédito, incentivos a la formalización y los apoyos a unidades productivas y cooperativas. Por último, este esquema debe complementarse con políticas sociales específicas, tales como transferencias alimentarias y mejoras en el sistema de jubilaciones y pensiones, que garanticen protección a quienes no logran insertarse plenamente en el mercado laboral.

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