El litio es una oportunidad para la Argentina. Pero hay una carrera contrarreloj hasta que nuevas tecnologías lo reemplacen en la transición energética. Victoria Arias Mahiques escribe sobre la necesidad de llevar adelante reformas urgentes para hacer frente al desafío.
Cualquiera que viva en este mundo de estimulación constante y multitasking se ha encontrado frente a la necesidad de organizar su día. Una de las herramientas más populares para ese fin es la matriz de Eisenhower: una estructura gráfica de cuatro cuadrantes, divididos en dos ejes, en donde se completa con las obligaciones y se las clasifica: “URGENTE” y “NO URGENTE”; “IMPORTANTE” y “NO IMPORTANTE”.
Visualizar así las tareas ayuda a enfocarnos en lo que importa de verdad. Según Eisenhower: “Lo importante rara vez es urgente. Y lo urgente rara vez es importante”. Podemos coincidir con este postulado hasta que miramos a la Argentina en 2022. Lo urgente y lo importante aquí sí coinciden. Un país rico en recursos (gas y minerales) que son importantes y que son urgentes en el contexto de la transición energética. Entre ellos el litio, recurso clave en la transición hacia la electromovilidad, ya que las baterías de ion-litio son el corazón de los vehículos eléctricos. Argentina es el segundo productor mundial de litio a partir de salmuera (y el cuarto a partir de cualquier tipo de extracción): tiene el potencial para jugar un papel central. Podemos vender o exportar esos recursos, pero tenemos que ser estratégicos, porque la oportunidad dura mientras las carreras tecnológicas para reemplazar estos insumos no sean exitosas. Observemos el caso de China, por ejemplo, que ya está experimentando con baterías de ion sodio como una alternativa para proveer energía a los vehículos eléctricos. Es decir que el litio tiene fecha de caducidad como mineral privilegiado de la transición energética. Importancia, pero también urgencia. Tic tac, tic tac. La manera en que se resuelva la explotación del litio puede ser un caso de estudio prototípico de cómo la Argentina resuelve desafíos urgentes e importantes.
Capitalizar la oportunidad requiere considerar también cómo son gestionadas las implicancias negativas de cualquier explotación mineral para evitar que se continúen multiplicando las asimetrías en nombre de la transición. Cargas desiguales que se manifiestan, por ejemplo, en los impactos a la biodiversidad, en el acceso al agua y en la afectación a medios de vida de las comunidades que se alojan en los países productores de minerales, a costa del desarrollo tecnológico de los países demandantes. La transición se refiere a desarrollar economías más verdes, pero de una forma justa e inclusiva. La clave es pensar con anticipación. En lo sustancial: repensar los sistemas de energía, la importancia del lugar y la necesidad de priorizar a las comunidades marginadas. En lo instrumental, políticas y arreglos institucionales coherentes y consensuados.
Respecto al litio, los cuestionamientos más críticos por los potenciales impactos negativos son aquellos vinculados con los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo hídrico en la extracción del mineral. Consideremos el contexto: la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca es una región de territorios áridos. La preocupación es, como mínimo, razonable. Pero a no desesperar. La gestión ambiental se encarga precisamente de abordar estos desafíos. Para ello, existe la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento, diseñado allá por la década de los 70, que permite identificar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo, previo a la toma de decisión sobre su ejecución.
Primera cuestión: ¿esto aplica a todo tipo de proyectos? La respuesta es sí. La regulación minera (el Código de Minería) ya lo establecía desde 1995, pero la regulación ambiental (la Ley General del Ambiente de 2002) fue más precisa (o todo lo precisa que puede ser una ley de presupuestos mínimos) y agregó que debe contar con la participación del público. Segunda cuestión: ¿la EIA aplica para todas las provincias? Sí, porque son presupuestos mínimos. Pero no de igual manera. Por tratarse de un procedimiento (material local) y por abordar la gestión de los recursos naturales (de los cuales las provincias son titulares) la forma de realizar este proceso es regulado por cada provincia. Traducido: cada provincia define qué debe ser evaluado y qué no, quién hace esa evaluación, qué información se tiene que presentar y una cuestión fundamental: cómo generar la participación del público. Para 2022 todas las jurisdicciones tienen sus normas y procedimientos establecidos.
¿Estamos bien entonces? No lo sé, Rick.
Esta heterogeneidad de normas y códigos representa un problema en dos aspectos clave. Por un lado, la información ambiental con la que se toman decisiones: al no existir requerimientos comunes, el abordaje de los impactos acumulativos — críticos en las cuestiones ambientales, pero particularmente en los temas hídricos — es a veces tangencial, cuando no nulo. La convergencia de más de un productor que extrae salmuera de un mismo salar es un caso típico: si las autoridades otorgan permisos de extracción sin considerar el efecto incremental o combinado de otros permisos preexistentes o colindantes, existe un riesgo de afectación de la cuenca hídrica en su conjunto. En ese sentido, el caso de Atacama es por demás ilustrativo: los últimos estudios señalan que allí el uso total de agua está excediendo su capacidad de reabastecimiento. Por otro lado, la participación del público: al no estar definidas las instancias de participación, el grado de involucramiento efectivo depende de las decisiones de cada provincia. En la actualidad, solo una de las provincias en las que se desarrollan proyectos mineros litíferos tiene reglamentado con algún grado de detalle el desarrollo de las instancias de participación pública. A más discrecionalidad, menor credibilidad.
Entonces, se necesitan pautas mínimas comunes que sean una garantía tanto para el público como para los otros actores clave. ¿Hay incentivos para establecerlas? Si bien a la autoridad responsable de evaluar la discrecionalidad y ambigüedad de los términos, preservar el statu quo puede serle útil en el corto plazo; en el mediano la expone a riesgos de posibles planteos judiciales de los procesos. Los proponentes corren el mismo riesgo. Además, con el impulso y progresiva consolidación de regulaciones que de forma obligatoria establecen estándares ambientales a lo largo de toda la cadena de valor, las empresas mineras no resultan las únicas afectadas: las empresas automotrices y productoras de baterías, por ejemplo, corren riesgos y enfrentan potenciales consecuencias en la relación con sus consumidores. Paralelamente, el grado de incertidumbre regulatorio — en términos de estabilidad y de consistencia — es un factor gravitante para la atracción de inversiones.
¿Cuál es la solución? En el corto plazo, reconocer que hay que trabajar estos aspectos y no utilizar la herramienta ambiental como instancia de negociación informal de otros aspectos, por ejemplo para compromisos productivos. Usar el instrumento para su fin. En el intermedio, fortalecer los espacios institucionales interjurisdiccionales de articulación, alineando las estrategias de las diferentes provincias y elaborando marcos regionales comunes de requerimientos. En esa línea, existe una oportunidad en la conformada Región del Litio. En el largo plazo, la solución es una ley de presupuestos mínimos de evaluación ambiental que establezca contenidos mínimos de los estudios, criterios de participación y disponibilidad de la información, y fortalezca la fiscalización como un elemento integral al proceso de licencia en todas las provincias.
Para ser verdaderamente justa, la transición requiere de decisiones inteligentes que prioricen las reformas estratégicas adelantándose a lo cambiante del contexto. Lo contrario es seguir tropezando con la misma piedra. Y en tiempo de descuento.
