La obligación alimentaria es una responsabilidad financiera de padres y madres separados para cubrir los gastos asociados con la crianza de sus hijos e hijas. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es común en casi todos los países con datos disponibles y está vinculado a los roles de género y a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres.
Diagnóstico
En Argentina, la falta de pago de la cuota alimentaria afecta a un millón de hogares encabezados únicamente por mujeres (monomarentales), y a más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes.
- En Argentina hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 11,7% del total de hogares y uno de cada cuatro hogares con niños y adolescentes (NNyA). Hay más de 3 millones de NNyA viviendo en ellos (EPH-Total Urbano, T3 2022).
- Dos de cada tres de estos hogares no perciben los alimentos en tiempo y forma (UNICEF, 2023).
- En 2022, el ingreso promedio en los hogares monomarentales fue un 19,3% más bajo que en los demás hogares. La pobreza infantil fue del 58,6% (versus 46,9% en los hogares nucleares)y la indigencia infantil fue del 21,7% (comparada con un 11,3% en hogares nucleares) (UNICEF, 2023).
- El incumplimiento generalizado tiene distintas causas, una de las cuales es el marco adversarial: en Argentina la mayoría de las madres acreedoras de deuda alimentaria considera que el padre no paga porque se lleva mal o no tiene relación con sus hijos, y no por motivos económicos (UNICEF, 2023).
- El modelo de política alimentaria en Argentina está centrado en los juzgados, es decir que la determinación del monto y la sanción en caso de incumplimiento dependen enteramente del Poder Judicial. En los países que tienen agencias no dependientes exclusivamente de los jueces, la obligación alimentaria se cumple más.
- La introducción del Índice Crianza (IC) en 2023 como un indicador oficial del INDEC para calcular la cuota alimentaria muestra resultados preliminares prometedores, en tanto reduce los tiempos de decisión judicial y aumenta los montos. No obstante, aún son pocos casos y requiere de mayor impulso.
Aportes para políticas públicas por caso
El incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema público con implicaciones para la sociedad, y por lo tanto, demanda respuestas políticas. Para ello, se requiere avanzar en cuatro acciones:
Medir
- Mejorar la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Modificar la pregunta sobre la obligación alimentaria y capacitar a los entrevistadores para reducir la alta tasa de no-respuesta.
- Incorporar el Índice Crianza (IC) en el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Institucionalizar el IC (a través de una ley) para asegurar su continuidad.
- Crear canastas de crianza provinciales y/o regionales. Desarrollar índices específicos para reflejar las diferencias en los costos de vida y crianza en diversas regiones de Argentina.
- Sistematizar las estadísticas judiciales no penales, especialmente de divorcios y obligación alimentaria.
Mediar
- Crear una o varias agencias de apoyo y mediación. Crear agencias que faciliten acuerdos entre padres separados y medien en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
- Reforzar los mecanismos existentes de mediación. Promover la ratificación y homologación de acuerdos entre padres para reducir la carga judicial.
- Desarrollar herramientas prácticas de acuerdos. Crear guías y modelos de acuerdos para promover regímenes de convivencia y alimentos.
Monitorear
- Crear un Registro Nacional de Deudores: Implementar un registro que permita aplicar sanciones financieras y otras no penales para los deudores. Además, tener un registro nacional permitiría la recaudación de pagos a través de servicios públicos, impuestos y otros canales.
- Monitorear desde el Estado el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Establecer mecanismos a través de agencias que supervisen y verifiquen el cumplimiento de los acuerdos de obligación alimentaria.
Movilizar
- Expandir el uso del Índice Crianza (IC): promover su adopción a través de resoluciones judiciales y menciones en el Código Civil y Comercial.
- Capacitar a operadores judiciales: formar a jueces, trabajadores judiciales, abogados y trabajadores sociales sobre el uso del IC y la importancia de la obligación alimentaria.
- Reformar procedimientos judiciales: Actualizar los códigos procesales civiles (que dependen de las provincias) para mejorar los mecanismos de notificación y reducir las tácticas dilatorias.
- Concientizar sobre la obligación alimentaria: Desarrollar campañas que enfaticen los derechos de los niños y la importancia de la obligación alimentaria como responsabilidad compartida.
El contenido de este policy brief es el resultado del trabajo realizado por la autora en el marco de la beca Fundar-ILAS Columbia.
