Todo lo que hacemos está atravesado por datos. Desde que nos levantamos y miramos el reloj para ver cuántas horas dormimos, hasta pasar por el pronóstico del tiempo para saber si salimos con paraguas. Algunos datos tienen mayor relevancia para la vida pública y pasan a formar parte de la memoria colectiva: nadie que habite estas tierras puede olvidarse de las tardes, mañanas y noches que fueron iluminadas por el tipo de cambio y la inflación.
Hay quienes pueden pensar, y no con mala intención, que el tratamiento de los datos es una competencia más arraigada en el sector privado. Nada más lejos de la realidad. El Estado también es un productor compulsivo de datos, de los más diversos, y esos datos representan un activo para la toma de decisiones, que pueden redundar en mejoras de la vida de cada uno/a de nosotros/as.
No se trata solo de producir datos sobre los ciudadanos; para que el ciclo sea virtuoso, el Estado debe tratar a los datos como un activo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe conocer con qué datos dispone y cuidarlos de forma tal que estén bien almacenados y asegurados. Debe ordenarlos, clasificarlos y ponerlos a disposición para su uso. Debe, en última instancia, implementar políticas públicas y tomar decisiones sobre la base de esos datos y de esa información.
Entonces, ¿podemos afirmar que el Estado está usando los datos? Como en la mayor parte de las políticas públicas, la respuesta es más compleja. Sabemos que lo puede hacer mejor. Veamos un ejemplo concreto: la segmentación de tarifas. La energía es uno de los nudos gordianos de la economía argentina actual.
El Estado cubre más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los hogares de mayores ingresos. En Argentina los subsidios al gas y a la electricidad se encuentran entre los más altos de la región. Más allá de las diferencias en cómo hacerlo, hay un amplio consenso en que esta situación merece ser revisada.
Por eso, la pregunta sobre cómo segmentar eficientemente las tarifas viene rondando la discusión pública desde hace un tiempo. La respuesta tiene que incluir necesariamente la gestión inteligente de los datos. Para una política de segmentación de tarifas más justa, que redunde en una mejor distribución de los subsidios y en un ahorro para el fisco, es imprescindible que el Estado administre la información con todos los medios que tiene a disposición.
Más allá de cuestiones políticas e ideológicas que han rodeado el tema, la demora en la segmentación de las tarifas se debió en gran parte a la falta de un enfoque inteligente en el intercambio de información. Hubo revoleo de datos entre funcionarios de alto rango de distintas dependencias: principalmente entre funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía.
Resumidamente, ¿cuáles fueron las propuestas de segmentación en pugna?
Desde el Ministerio de Economía se presentó un proyecto que implicaba una quita total de subsidios para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. Esos consumidores de energía serían identificados a partir de sus ingresos corrientes. Por otro lado, el ENRE, que es el organismo del Estado que regula a las empresas de energía que operan en el AMBA, en conjunto con el CONICET, utilizaron el valor inmobiliario de los inmuebles para la identificación de zonas cuyos hogares tuvieran capacidad de afrontar el costo total de la energía.
Finalmente las tarifas fueron segmentadas. ¿Cómo? Según la propuesta del ENRE. Se identificaron zonas según el valor inmobiliario de las propiedades. Esta metodología supone que las personas usuarias que residen en áreas de alto valor inmobiliario cuentan con ingresos relativamente elevados y están en condiciones de abonar el costo total del servicio.
¿Qué se podría haber hecho para mejorar la segmentación? Como dijimos antes, el Estado es un productor de datos de lo más diversos. Si bien implica más tiempo de preparación y un mayor esfuerzo de articulación, el Estado tuvo y tiene en sus manos la posibilidad de cruzar datos de distintos organismos y definir la asignación de subsidios a partir del ingreso de los hogares. Como vemos, segmentar las tarifas es una tarea sumamente compleja y el Estado debe asignar tiempo y recursos especializados para mejorar su implementación.
Esta discusión ilustra la importancia que tienen los datos para la toma de decisiones. Los datos no están ni a la izquierda ni a la derecha ni en el centro: deben estar en todos esos lados. Son una necesidad. La imagen del contexto político actual es la de un desierto de consensos. Si quisiéramos encontrar un hilo del que agarrarnos en ese terreno árido, los datos representan un nudo del que podemos y debemos tirar para desatar.
Esta columna se publicó originalmente en Ámbito Financiero el 9 de agosto de 2023.
