Argentina es el cuarto país con más conflictos mineros por cuestiones ambientales en América Latina: casi un tercio de las provincias avanzaron en la prohibición de métodos o productos vinculados a la minería metalífera en los últimos veinte años. Estas tensiones se intensifican por la creciente demanda de minerales necesarios para la transición energética. La distribución de los beneficios y las externalidades socioambientales deben estar en el centro de la toma de decisiones sobre la actividad.
Diagnóstico
- Los riesgos por impactos ambientales de la actividad incluyen diversos aspectos: el uso y la calidad del agua, la generación de residuos, el uso de la tierra y biodiversidad, y la modificación del paisaje. Estos varían de acuerdo al tipo de mineral, la tecnología utilizada y el medio receptor.
- El rechazo también proviene de cuestionamientos al modelo económico en los que se encuadra la actividad; la percepción de escasos aportes y beneficios locales así como a la debilidad en la capacidad estatal de garantizar la responsabilidad socioambiental.
- Siete provincias prohíben diferentes métodos productos vinculados a la actividad minera metalífera (Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, San Luis y Tucumán).
- Tanto el Código de Minería nacional como la Ley General del Ambiente establecen que debe evaluarse el impacto ambiental (EIA) de los proyectos. Sin embargo, la implementación de la EIA es local: la responsabilidad de llevar adelante instancias de participación es de las autoridades provinciales y su implementación en la práctica es heterogénea.
- Hay déficits en el acceso a la información pública ambiental y en la posibilidad que tiene la ciudadanía de participar en los procesos de EIA, ya sea por la asimetría de capacidades entre los participantes o bien falta de adaptación al contexto local del diseño de los procesos.
- Para alcanzar el nivel de emisiones consistente con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, se requiere un aumento significativo en el desarrollo e implementación de energías renovables, que dependen de determinados minerales. La demanda de litio ligada a energías renovables alcanzaría 904% para 2040 y la energía solar fotovoltaica requerirá casi triplicar la demanda de cobre.
- La producción de estos minerales enfrenta una doble presión: aumento en la demanda para implementar la transición energética y aumento en el escrutinio sobre la actividad debido a los efectos locales.
Para alcanzar el nivel de emisiones consistente con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, se requiere un aumento significativo en el desarrollo e implementación de energías renovables, que dependen de determinados minerales.
Aportes de políticas públicas
En el corto plazo, es fundamental mejorar los procesos de EIA de los proyectos: que los actores tengan acceso a la información socioambiental y que la participación se dé de forma temprana y simétrica. En el mediano plazo, las decisiones sobre la actividad deben surgir de procesos que compatibilicen las políticas con los objetivos de desarrollo sustentable, para lo cual es necesario que la política minera implemente la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
- Establecer requisitos y parámetros mínimos de evaluación de los proyectos mineros, a través de una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, que establezca un piso de estándares a ser cumplidos en todos los distritos al evaluar los impactos sociales y ambientales y que incluya a los proyectos mineros. Esta ley también debe prever requisitos mínimos para el ejercicio de la participación pública y de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el marco del proceso de EIA. Una regulación más detallada y precisa reduce el margen de discrecionalidad en su aplicación.
- Diseñar estructuras de soporte y apoyo a las comunidades locales en el marco de los procesos de EIA, lo que implica que el Estado ponga a disposición recursos y servicios profesionales que vuelvan más comprensible la información que se expresa en lenguaje técnico y favorezcan los procesos de interlocución. Podría surgir de un programa interministerial conjunto entre las carteras de Ambiente, Minería y Desarrollo Social, incluyendo a la autoridad ambiental provincial.
- Impulsar el funcionamiento de mecanismos participativos de monitoreo y fiscalización. Frecuentemente, las comunidades locales desconfían de la información presentada por las empresas y de los controles que efectúa el Estado: la participación pública en las tareas de control puede contribuir a la legitimidad de esos controles.
- Fortalecer los sistemas de información pública existentes. Generar incentivos para que las autoridades provinciales proporcionen la información ambiental de los proyectos bajo su órbita, integrándose en los registros públicos nacionales. El Estado nacional podría ofrecer beneficios para las provincias, condicionando su percepción a la provisión de información ambiental.
- Crear el Gabinete de los Minerales Estratégicos, con participación de distintos ministerios, el Consejo Federal de Minería (COFEMIN),el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como forma de consensuar lineamientos estratégicos a partir de la relevancia geopolítica de estos minerales y el impacto local de su desarrollo.
- Implementar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La EAE aplicada a políticas, planes y programas del sector permitiría generar un espacio de discusión estratégico de mediano y largo plazo, viabilizando la incorporación de los principios e instrumentos de la Ley General del Ambiente.
Este informe se desprende de Argentina Productiva 2030 (2023). “Misión 8. Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente”. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico – Ministerio de Economía de la Nación y Fundar.
