En septiembre de 2021, el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Trabajo crearon Registradas, el primer programa que incentiva la registración en el segmento de empleadores de ingresos intermedios, y que provee apoyo económico para el cuidado en hogares con estos ingresos. Más allá de sus virtudes, no ha logrado resolver las inequidades en los sistemas de incentivos para la registración del trabajo en casas particulares.
El trabajo en casas particulares era, hasta el inicio de la pandemia, el sector que más mujeres empleaba dentro del mercado de trabajo. Lo que ocurre en este sector tiene un impacto considerable en el empleo femenino, tanto en términos directos como indirectos, por la relevancia del cuidado que las trabajadoras de casas particulares proveen a los hogares de sectores medios. Más de 400.000 puestos de trabajo se perdieron durante la pandemia, de los que se ha recuperado un porcentaje muy bajo.
Desde 2013, este trabajo está regulado por la Ley 26.844, que extendió los derechos de las trabajadoras. Sin embargo, los altos niveles de informalidad limitaron el alcance de las nuevas regulaciones: en 2018, el 76% de las trabajadoras del sector no estaban registradas. El empleo formal es clave en el acceso a derechos laborales: solo el 9% de las trabajadoras no registradas tenía obra social, el 14% vacaciones pagas y el 16% licencia por enfermedad.
Por su parte, la registración no permite el acceso a todas las protecciones laborales previstas por la ley para aquellas trabajadoras con jornadas de hasta 12 horas semanales y para las que tienen pluriempleo (un tercio). En la mayor parte de los casos, son las propias trabajadoras quienes deben completar el pago de las cargas sociales para acceder a las prestaciones. Aunque Registradas promueve la registración laboral en este segmento, no crea mecanismos que garanticen su completa protección.
Registradas ha tenido un mayor impacto en las trabajadoras que realizan tareas de cuidado, lo que muestra la importancia del programa en la provisión de cuidado a hogares de ingresos intermedios, pero también la necesidad de diseña políticas que promuevan la creación de empleo y la mejora en las condiciones laborales de quienes realizan tareas generales.
El programa no promueve condiciones para que las trabajadoras subempleadas —son 4 de cada 10— puedan extender sus horas de trabajo, lo que tiene un impacto directo en sus salarios.
Las trabajadoras de casas particulares tienen una alta necesidad de provisión de servicios, como el cuidado. Aunque cualquier política debe apuntar a más servicios públicos de cuidado, es importante sumar programas de apoyo para el cuidado no remunerado realizado por las trabajadoras.
Las condiciones de trabajo siguen siendo negociadas en términos individuales entre trabajadoras y empleadores, lo que redunda en dificultades para la efectivización de derechos y el mejoramiento de las condiciones laborales. En 2018, solo el 16% de las trabajadoras de casas particulares estaba sindicalizada.
Este policy brief recupera las limitaciones y los desafíos de la implementación del programa Registradas para brindar una serie de aportes para el diseño de políticas públicas contemplando tanto las desigualdades entre los empleadores como los diferentes perfiles de las trabajadoras.
