La Fundación Libertad y Progreso, cercana al gobierno nacional, publicó una propuesta de reforma del CONICET que plantea, entre otras cosas, eliminar la carrera de investigador, migrar proyectos al sector privado y excluir las ciencias sociales del organismo. Aunque ningún funcionario respaldó públicamente el documento, sus ideas no son ajenas a los discursos del presidente Javier Milei, que ya había expresado su deseo de privatizar el centro de investigaciones. El CONICET necesita una reforma, pero no esta. Necesita una transformación que reconozca su trayectoria, corrija sus limitaciones y lo ponga a tono con los desafíos tecnológicos, sociales y productivos del siglo XXI.
Lo que está mal no es la pregunta, sino la respuesta
Hay tres puntos del diagnóstico de Libertad y Progreso con los que podemos coincidir: el sistema científico argentino necesita reformas, debe vincularse mejor con el mundo productivo y la inversión privada en I+D debe crecer. El problema es que la respuesta que proponen parte de una visión equivocada y desinformada sobre cómo funciona la ciencia en el mundo. Reemplazar la carrera de investigador por contratos temporales, condicionar la investigación al interés comercial inmediato y excluir a las ciencias sociales no es reformar: es desmantelar.
La ciencia no nace del mercado, lo hace posible
El documento sostiene que las actividades científicas deben financiarse solo si tienen valor de mercado. Es decir, si alguna empresa está dispuesta a pagar por ellas. Pero en ningún país del mundo desarrollado la ciencia funciona así, ni ahora ni cuando buscaban desarrollarse. Hablamos de países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur o Israel. El caso más emblemático es el de Estados Unidos: Internet, el GPS, las pantallas táctiles, los medicamentos contra el cáncer y la inteligencia artificial nacieron con financiamiento público. La Agencia DARPA, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la National Science Foundation (NSF) movilizaron grandes inversiones cuyos resultados fueron tomados por el sector privado para convertirlos en productos.
En Corea del Sur, durante décadas, fue el Estado el que lideró la inversión en investigación y formó generaciones de ingenieros e investigadores. Recién cuando las economías se desarrollaron la inversión privada superó a la pública. Lo mismo ocurrió en Alemania, donde institutos públicos como Fraunhofer y Max Planck son motores de la ciencia aplicada y básica. Este es el camino que están siguiendo los países de ingreso medio y muchos países de la región también. La tendencia es a invertir más en ciencia, tanto aplicada como básica, y a construir instituciones para conectar esas investigaciones con el mundo productivo. En todos estos casos, la inversión estatal no compitió con el sector privado: lo hizo posible.
Sin continuidad no hay ciencia, solo fuga de cerebros
Eliminar la carrera de investigador significa precarizar el trabajo científico. La investigación requiere tiempo, colaboración y continuidad. Ningún descubrimiento significativo nace de un contrato a plazo fijo. Las tecnologías que usamos hoy son resultado de décadas de acumulación de conocimiento. Sin condiciones laborales dignas, los mejores científicos se irán a otros países. Ya lo vivimos en los 90, no repitamos la historia. Además, condicionar la investigación al interés inmediato del mercado dejaría afuera áreas enteras del conocimiento: la matemática teórica, la física básica, la ecología, la historia, la filosofía. Y sin esas disciplinas, la ciencia aplicada tampoco puede avanzar. El desarrollo tecnológico necesita una base sólida de ciencia básica.
Las ciencias sociales también resuelven problemas
La propuesta también busca excluir a las ciencias sociales y humanidades del CONICET, tildándolas de “ideológicas”. Pero la ideología es pensar que solo importa lo que da ganancia. Las ciencias sociales ayudan a entender y abordar problemas como la pobreza, la educación, la violencia y la salud mental. Además, en los países desarrollados —de nuevo, desde Alemania hasta Canadá— estas disciplinas reciben apoyo estatal. Porque las democracias necesitan pensamiento crítico y porque el desarrollo no es solo tecnológico: también es social y humano.
Una reforma posible y necesaria
Reformar el sistema científico es necesario. Pero requiere diagnóstico, evidencia y diálogo. No eslóganes. Si partimos del consenso de que queremos más desarrollo, generar riqueza y mejorar la calidad de vida de la población, en primer lugar, se requiere de audacia para orientar estratégicamente incentivos y ubicar a la producción científica en un lugar jerarquizado respecto de ese proyecto de país. Esto implica una apuesta sostenida en el tiempo, en nivel de inversión y también en la selección estratégica de las tecnologías y los sectores a promover.
Este primer paso consideramos debe estar acompañado de una reforma inteligente: aumentar la inversión pública en ciencia, especialmente en investigación aplicada, sin descuidar la básica; mejorar los incentivos para que investigadores trabajen con el sector productivo y en problemas sociales relevantes; mejorar los incentivos para traccionar la inversión en I+D del sector privado; simplificar la gobernanza del sistema, para coordinar los esfuerzos y mejorar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de los objetivos, y fortalecer las instituciones intermedias, que son las que permiten que el conocimiento circule entre el laboratorio y la fábrica, la universidad y la comunidad.
Argentina tiene una comunidad científica reconocida internacionalmente, pero también tiene una deuda pendiente: lograr que ese conocimiento se transforme cada vez más en soluciones concretas. Eso no se logra ni recortando ni privatizando. Se logra invirtiendo mejor, vinculando más y apostando a la ciencia como política de Estado. Reformar es más difícil que destruir. Pero es lo único que construye futuro.
Esta columna fue publicada originalmente en Infobae el 16 de junio de 2025.
