El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Casi simultáneamente, un fenomenal shock, a la vez de oferta y demanda, comenzaría a recorrer el planeta, tomando primero Europa y los países desarrollados, y poco después América Latina. Lo novedoso del fenómeno y la naturaleza de la enfermedad en cuanto a su transmisibilidad y dificultad de detección, hicieron que el cierre de fronteras, actividades sociales, de servicios e industriales y cuarentenas más o menos prolongadas emergieran como la principal forma de respuesta a la pandemia por parte de los gobiernos en todos los niveles. Cadenas mundiales de valor colapsaron en poco tiempo, ingresos de familias e insumos para la producción se redujeron al mínimo. Dejaron de funcionar casi al unísono tanto el turismo en España e Italia, los coffe-shops en Londres y los espectáculos en Nueva York, como la potente industria alemana, las maquilas en México y los establecimientos fabriles que aún rodean grandes urbes en América Latina como San Pablo o Buenos Aires.
Más allá de la tragedia, la expansión del COVID-19 constituye un laboratorio de ciencias sociales excepcional para testear las respuestas de los gobiernos a fenómenos internacionales que los afectan simultáneamente. En efecto, al menos desde la crisis de 1930 que el mundo no era testigo de un shock tan concentrado temporalmente y con consecuencias tan profundas a escala planetaria. Según conceptualiza Peter Gourevitch (1986) en la “segunda imagen revertida” (y más tarde en su clásico La política en tiempos difíciles), fenómenos como el del COVID-19 permiten examinar no ya cómo el orden internacional es consecuencia del juego de poder entre naciones particulares, sino más bien cómo los shocks externos comunes son refractados de diferente modo y afectan en grados variables la gobernabilidad doméstica y las pujas distributivas en los países del globo.
La forma en que las organizaciones internacionales y los gobiernos enfrentaron (o refractaron) la ola internacional de coronavirus está siendo analizada en tres grandes ejes interrelacionados desde las Ciencias Sociales: la salud pública (Kavanagh et al., 2021; Dal et al., 2021; Bouey, 2020), la gobernabilidad (Testa et al, 2021; Bennouna et al., 2021; Calvo y Ventura, 2021; Nelson, 2021; Levy Yeyati y Sartorio, 2020) y lo económico-social (Cavallino and De Fiore, 2020; Blofield et al., 2021; Hancké et al., 2021; Beland et al., 2021; Lustig et al., 2021). Los gobiernos tuvieron que, primero, articular una repuesta sanitaria que incluyó intentar ampliar la infraestructura hospitalaria, conseguir respiradores y más tarde procurarse vacunas. En segundo lugar, debieron arbitrar los medios institucionales para implementar el distanciamiento social y los cierres de la actividad económica ya sea vía decretos, leyes parlamentarias o negociaciones variadas entres los Ejecutivos nacionales y los diferentes niveles subnacionales de gobierno. Finalmente, necesitaron contrarrestar la fenomenal caída del producto mediante políticas socioeconómicas, ya sean estímulos monetarios y fiscales generales como iniciativas dirigidas especialmente a estabilizar el mercado de trabajo y los ingresos de las personas más vulnerables.
En este estudio nos ocupamos de estas últimas, es decir, aquellas políticas públicas sociolaborales dirigidas esencialmente a individuos y empresas para sostener el empleo y compensar pérdidas de ingreso provocadas por el doble shock de demanda y oferta. En los países centrales la economía política comparada contemporánea distingue dos modelos generales de capitalismo (Hall y Soskice, 2001; Thelen, 2014). En las Economías de Mercado Liberales (EML) como EE.UU. o Gran Bretaña, las firmas, los trabajadores, el financiamiento y la capacitación laboral operan en el marco de un sistema general de competencia y mayor desigualdad. En las Economías de Mercado Coordinadas (EMC) de Europa Continental (por ejemplo Alemania, Austria y Holanda) y los países nórdicos, más igualitarias, rige el principio de coordinación colaborativa y estable entre empresas, sus asociaciones representativas, los sindicatos y los sistemas financieros y de capacitación laboral.
En una primera mirada, el menú general de políticas sociolaborales para combatir los efectos de la pandemia en los países desarrollados, básicamente consistente en subsidios al salario para trabajadores empleados, créditos subsidiados a las empresas, fortalecimiento de los fondos de desempleo y transferencias monetarias directas a los sectores más vulnerables, ha constituido un marco común en ambos tipos de economías. La magnitud de la crisis ha sido tal que incluso países liberales tradicionalmente reacios a la intervención directa en el mercado de trabajo, como EE.UU. o Gran Bretaña, han implementados algún tipo de subsidio directo al salario, han provisto ayudas directas a las empresas (claramente anticompetitivas desde la teoría) e incrementado políticas de transferencias novedosas a las familias. Con todo, en cada tipo polar de organización capitalista ha predominado un tipo de estrategia laboral o énfasis de implementación frente al COVID-19 (Hassel y Thelen, 2020; Hancké et al., 2021). Las EML han optado por proteger a las firmas con créditos preferenciales o subsidios directos, facilitando los despidos de trabajadores. A la vez fortalecieron las transferencias por desempleo para los nuevos desocupados. En las EMC, por el contrario, la protección a los trabajadores con empleo relativa a las firmas fue mucho mayor, esencialmente mediante la regulación de los despidos y subsidios al salario de los puestos de trabajo existentes. Sin embargo, más allá de estas importantes diferencias, el repertorio general de políticas sociolaborales para combatir los efectos de la pandemia ha sido bastante similar entre las democracias desarrolladas.
América Latina carece de modelos de organización capitalista tan polares como el Liberal y el Coordinado/Igualitario propio de los países centrales. Más bien, predomina un modelo de capitalismo general, un tipo “jerárquico” en términos de Schneider (2013), basado en la organización vertical de grupos económicos locales y multinacionales, mercados de trabajo fragmentados entre el sector formal y el amplio universo informal, y sistemas muy acotados de financiamiento empresario y capacitación técnico-laboral. No obstante, aun en este paisaje más homogéneo (y desigual), nuestro estudio argumenta que, paradójicamente, las respuestas sociolaborales a la crisis del COVID-19 en América Latina han sido mucho más variadas y diversas que en los países centrales. No existe un marco general de políticas donde las diferencias residan en el énfasis en una u otra, o en su implementación. México, por ejemplo, casi no ha aplicado políticas sociolaborales compensatorias; no puso en marcha mecanismos de subsidio al salario ni nuevos programas que atiendan al sector informal y ni siquiera recalibró significativamente aquellos programas sociales ya establecidos. En el polo opuesto, Argentina estableció un programa muy abarcativo de subsidio al salario en el empleo formal, recalibró momentáneamente los programas de transferencia a los sectores más vulnerables establecidos en la década de 2000 e innovó con un nuevo programa de ayuda a los sectores de cuentapropistas y trabajadores informales. En el medio, los diferentes países idearon variados mecanismos de sostenimiento tanto del trabajo formal como del no registrado.
