La crisis y el paréntesis que trajo la pandemia en la negociación colectiva constituyen una oportunidad para realizar cambios estructurales en la macroeconomía en general y en los mecanismos de política salarial en particular.
El gobierno del Frente de Todos convocó recientemente a sindicatos y empresarios para coordinar una pauta salarial que contribuya a moderar la inflación e impulsar el salario real. Es un hecho auspicioso, que marca un cambio importante en la modalidad de negociación salarial libre desde su restitución formal en 1988 y su consolidación a partir de 2005. La existencia de una política de ingresos proactiva y consensuada con los actores sociales, que implique un nivel de coordinación entre los sectores, es central para apuntalar el control de la inflación y propender a una recuperación de los ingresos reales. Se trata de un componente clave para la estabilización de un régimen macroeconómico que tienda a la mejora en la distribución del ingreso.
Mirada en perspectiva, la ausencia de una política de ingresos es constitutiva del péndulo inestable de estrategias económicas que caracterizan a la Argentina de los últimos 10 años. La inflación alta de la última década tiene un componente fundamental de costos relacionado con las dinámicas del tipo de cambio, los precios regulados y las tarifas, y la puja distributiva (lo que no niega la necesidad de políticas fiscales y monetarias consistentes). Una estrategia que no se enfoque a la vez en todas estas dimensiones estará condenada al fracaso. Aquí intentamos contribuir a este debate poco desarrollado en nuestro país: la necesidad de una política gubernamental de ingresos consensuada con los actores sociales.
La negociación salarial con paritarias de sector potentes: breve mirada comparada e histórica
Dentro de las políticas de ingresos concertadas, la distinción más importante refiere a las nociones de Pacto Social por un lado y a los mecanismos más generales de coordinación salarial intersectorial por el otro. En la Argentina de hoy no están dadas las condiciones para un Pacto Social de estabilización amplio: éstos se suelen dar al principio de los gobiernos, y no en años electorales; la inflación, si bien continúa alta, ha bajado sensiblemente respecto de 2020; los actores hoy no tienen intención de delegar la negociación en las asociaciones de cúpula (como sucede en este tipo de pactos); y la coalición opositora, con su ala derecha hoy muy radicalizada, difícilmente coopere. En cambio, es un momento ideal para avanzar hacia un modelo de coordinación salarial como los que actualmente tienen muchos países con sindicatos fuertes, inflación baja e igualdad social como son los del norte de Europa continental (Países Bajos, Austria, Alemania) y Escandinavia y, en América Latina, a Uruguay.
En efecto, Argentina es el único país del mundo en el que las cúpulas sindicales y empresarias negocian convenios nacionales de actividad para una gran cantidad de trabajadores, pero carece de una instancia de coordinación intersectorial. Hasta la década de 2000 las políticas de ingreso desde el Estado se caracterizaron por ser implementadas en contextos de “emergencia nacional” frecuentemente asociados a la alta inflación y fueron, en general, más unilaterales que fruto de algún tipo de acuerdo social. De ahí su mala prensa. En los 2000 se vivió un período virtuoso de restauración del marco de la negociación colectiva, acompañado de fuerte recuperación del salario real e intentos informales de coordinación de pautas salariales. Sin embargo, a partir de 2012 el salario real se estancó de la mano de la inestabilidad macroeconómica, profundizada por el macrismo en el período posterior.
Ordenar la puja distributiva: la institucionalización de la coordinación de salarios
¿Cuáles son características que definen a la Argentina contemporánea? Una inflación alta crónica con un componente fundamental de costos vía tipo de cambio, tarifas y puja distributiva; actores sindicales y empresariales cuya relevancia impide o quita efectividad a una política de ingresos unilateral desde el Estado; y una política cambiaria con distintas variantes de flotación que impide el retorno a anclas del tipo de cambio permanentes (que anulan en la práctica la negociación salarial, como en los 90). Así, en nuestro país la coordinación salarial no solo es deseable sino que se vuelve imprescindible. Es decir, una política de ingresos estatal de referencia, proactiva y trabajada con los actores sindicales y empresariales, que establezca parámetros comunes entre los sectores, busque estabilizar expectativas, e induzca a una discusión prospectiva —basada en inflación futura y no pasada— sobre el salario real, eludiendo las pujas meramente nominales.
La política salarial es un tema tabú de la política argentina. Desde sectores empresariales y desde la derecha se plantea que los salarios deben ajustarse solos en negociaciones atomizadas, como si no existiera una tradición de paritarias de actividad densas entre actores sociales y como si el Estado no tuviera un rol. Desde algunos sectores del sindicalismo se tiende a pensar que las paritarias sectoriales son autónomas de la política económica y deben determinarse libremente — dependerían únicamente de la fuerza del sindicato de actividad. Bajo esta mirada, el salario es solo demanda e ingreso, no un costo. Ambas perspectivas eluden la discusión sobre el rol que siempre tiene el Estado —por acción u omisión— en el ordenamiento de la puja distributiva y la necesidad de que la política salarial se articule con un proyecto económico integral. Un dato fundamental: el mayor crecimiento del salario real se dio en la Argentina de los últimos años en el período de menor crecimiento del salario nominal, y las mayores pérdidas se dieron con episodios de aceleración inflacionaria y no cuando los salarios nominales se moderaron más. Además, las fuertes caídas del poder adquisitivo estuvieron vinculadas a crisis macroeconómicas con aceleración de la inflación y los salarios escalando siempre por detrás de los precios.
Un gobierno progresista con una base sindical tiene el imperativo histórico y una mayor facilidad política para elaborar una estrategia de coordinación salarial, dadas las relaciones de fuerza y su capacidad de diálogo con los actores. En un marco democrático como el actual, Argentina no va a ir a un modelo que modere salarios nominales vía flexibilización laboral, negociación por empresa y debilidad sindical. En otras palabras, las expectativas nominales de salarios serán coordinadas en el marco de un modelo con inclusión sindical, o no lo serán. Es preciso, entonces, institucionalizar una instancia que reúna a representantes del Gobierno, de las confederaciones empresarias y sindicales nacionales, pero a la vez cuente con la presencia de las cámaras patronales y sindicatos sectoriales de más peso. Un ámbito como este sería el más adecuado para discutir parámetros salariales y no salariales (como tarifas, precios regulados y de insumos clave, política social, perspectivas cambiarias) que ayuden a estabilizar la macroeconomía en la ronda de paritarias.
Oportunidad en la crisis
La crisis y el paréntesis que trajo la pandemia del coronavirus en la negociación colectiva constituyen una oportunidad para realizar cambios estructurales en la macroeconomía en general y en los mecanismos de política salarial en particular. La democracia argentina exige un salto de calidad en ambas esferas. La clase política tiene que internalizar de una vez la necesidad de una política formal de ingresos, orientada por el Estado y proactiva, consensuada con los actores sociales y que vaya más allá de dejar que la negociación por actividad funcione.
Por último, en un modelo de este tipo es muy factible que los actores económicos con el tiempo internalicen las ventajas de la coordinación de parámetros salariales y de la negociación colectiva en general. Los empresarios deben entender que el camino unilateral de la negociación atomizada y la desregulación laboral solo resultará en más inestabilidad y confrontación. En cambio, un modelo salarial coordinado efectivo producirá moderación nominal que ayude a contener costos empresariales y fiscales incompatibles con el Presupuesto —por el impacto en los salarios públicos y la movilidad de beneficios sociales atadas al salario privado—. A la vez, otorgará mayor previsibilidad por el bajo volumen de conflictos.
El sindicalismo debe valorar el mayor logro de los modelos coordinados en el mundo: el apoyo a los sectores de salario más bajo y la igualdad social. Los sindicatos argentinos deben asumirse como actores centrales que deben incidir en un ámbito permanente donde se discutan cuestiones económicas vitales de macroeconomía, tarifas y política social y regulatoria en general. Participar en la formación de la política económica es para los sindicatos un desafío y una responsabilidad: deben internalizar costos cuando la situación lo pide, ganar ingreso real cuando el contexto lo permite y entender que la mejor manera de defender y mejorar el salario real es evitar la puja nominal “corriendo de atrás” a la inflación alta.
