Desde 2007, la adopción de protocolos para el acceso al aborto en los casos permitidos por la ley contribuyó a una gradual ampliación de servicios en el sistema de salud. Gracias a iniciativas feministas, el acceso al aborto seguro también se amplió por fuera del sistema. Luego de décadas de movilización social, en 2020, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que abrió un nuevo horizonte de desafíos y oportunidades.
Quienes trabajan por el acceso al aborto, tanto dentro como fuera del sistema de salud, son agentes cruciales para fortalecer la implementación de la ley IVE. Apoyar a quienes brindan servicios dentro del sistema de salud es importante si se desea expandir el acceso. La calidad de los servicios también debe ser una prioridad. es importante seguir fortaleciendo las instancias de colaboración con la sociedad civil para asegurar la continuidad de las políticas públicas de aborto en contextos políticos cambiantes y frente a reacciones conservadoras.
En este documento hacemos una serie de recomendaciones de política pública que tengan en cuenta la perspectiva de los y las prestadoras de servicios dentro y fuera del sistema de salud.
