La inteligencia artificial (IA) nos vuelve a asombrar: el ChatGPT -un modelo que chatea con el usuario y ofrece respuestas extraordinarias, por su precisión conceptual y por sus habilidades lingüísticas- está en el foco de atención. Pero la IA no es solo una cuestión tecnológica: la pregunta sobre cómo este y otros desarrollos pueden mejorar la vida de las personas es una pregunta política. Y es una pregunta que las y los actores de la vida política argentina tienen que empezar a formularse cuanto antes.
Tomemos un ejemplo muy cotidiano, las multas de tránsito. ¿Quién no sufrió una multa de tránsito injusta y se ha resignado a pagarla para evitar el laberinto kafkiano que implica ir detrás de la raíz de esa injusticia? La empresa DoNotPay.com es una startup que usa IA para discutir multas. Es semejante a contratar un abogado robot: uno le indica la multa, la jurisdicción y la empresa se ocupa. Joshua Browder, su CEO y fundador, no se cansa de repetir que creó la empresa -que presta servicios en los EE.UU.- para representar a la gente en casos que ningún abogado tomaría: multas de tránsito, pero también reclamos de consumidores en general.
Recientemente, DoNotPay se hizo más conocida por ser parte del primer juicio con un abogado robot. Incluso, en uno de los casos, que debe resolverse personalmente en un tribunal frente a frente a un juez o una jueza, la persona va a concurrir con anteojos conectados a internet y va a recibir la información y las respuestas que debe dar mediante auriculares. Es decir que la inteligencia artificial va a susurrar las respuestas al oído del abogado. Además, la empresa fue todavía más lejos: ofrece un millón de dólares para el abogado que se anime a llevar a su robot-abogado a defender un caso frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En suma, los usos que la empresa hace de la IA son una muestra de cómo esta tecnología puede servir para mejorar el funcionamiento de una esfera tan sensible como la Justicia.
Los nuevos desarrollos en Inteligencia Artificial -como el ChatGPT y otros- permitirán a DoNotPay ser mucho más efectiva a la hora de presentar reclamos de consumidores y consumidoras por canales digitales, e incluso chatear y discutir con representantes de Atención al Cliente. Reclamos por problemas menores en productos -que hasta ahora estaban reservados a gente con mucho tiempo libre- podrán ser “delegados” en estos sistemas: es cuestión de entrenar el modelo con suficiente información de sentencias y otras fuentes legales. Esto puede ser de gran ayuda para casos que nunca llegan a juicio o para realizar un reclamo formal: las corporaciones confían en que muy poca gente tiene el tiempo o la energía para seguir el reclamo. Las IA podrían funcionar, bien miradas, como “Robin Hoods” algorítmicos.
Porque no se cansan y persiguen su objetivo hasta el final: pueden equivocarse, pero no rendirse. En un futuro -no sencillo de realizar, pero posible- ayudaría a mejorar el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables.
Ahora, pensemos un momento la posibilidad de aplicar esta tecnología en un sistema como la justicia argentina. La realidad es que no estamos listos: tenemos una justicia que usa procedimientos arcaicos y que no tiene las capacidades como para gestionar este tipo de innovaciones. En muchos casos, ni siquiera tiene las herramientas para entender lo que está sucediendo y los potenciales riesgos que vienen asociados al uso de inteligencia artificial. Imaginemos, por ejemplo, un estudio de abogados que utiliza un programa de inteligencia artificial análogo al que describimos. Un programa capaz de ingresar 50.000 demandas -coherentes, bien escritas, que cumplen todos los requisitos – por día durante un mes: esto haría colapsar cualquier sistema, en Argentina y en el mundo. Y a eso sumemos los problemas “clásicos” cuando queremos aplicar IA a la gestión de políticas públicas: problemas de sesgo, explicabilidad, responsabilidad, entre otros, que no se resuelven comprando una tecnología.
Hay mucho que hacer si queremos que la IA sea un instrumento de cambio positivo en una esfera como la Justicia (y en muchas otras). Ayudar a respuestas más rápidas, actuar como primeros filtros en casos más simples y asistir a los funcionarios y funcionarias, facilitando y ordenando el trabajo. A una demanda de Chat GPT, responder con un Chat GPT judicial. Para que esto ocurra, no se trata solo de incorporar una tecnología: se trata de modificar procedimientos y formas de trabajo, se trata de capacitación y de cambios en políticas públicas.
Hay muchísimo para hacer si queremos ir del asombro a la política. Un primer paso es dejar de hablar de la innovación tecnológica como un acontecimiento extranjero. Decir que la IA es una cuestión política es decir que debe ser pensada, discutida y decidida por las fuerzas de la vida política argentina: sus dirigentes, sus cuadros, sus técnicos. Para ello, es necesario estar a la altura de tales discusiones. No basta con tocar de oído. Y 2023 es un año electoral: en las elecciones se discuten -o se deberían discutir- programas y temas sensibles a la ciudadanía y a la mejora de las condiciones de vida. ¿No sería revolucionario que un tema como la IA esté presente en alguna de esas conversaciones? ¿No hablaría de líderes y lideresas políticas en sintonía no solo con los problemas muy serios del presente, sino con las posibles soluciones que nos ofrece el futuro?
Esta columna fue publicada originalmente en el diario La Nación el 1 de febrero de 2023.
