La liberación comercial en Argentina del primer trigo transgénico envolvió al sector agropecuario en un debate acalorado sobre las posibles consecuencias de la decisión. En general, las posiciones tendieron a polarizarse entre los que destacan el aporte de científicos argentinos al desarrollo tecnológico y empresarial, y los que advierten o se preocupan por el posible impacto comercial. La polémica trae una pregunta urgente sobre la necesidad de mejorar las capacidades regulatorias y de coordinación del Estado.
Para sorpresa de gran parte del sector agrícola, el pasado 11 de mayo el Ministerio de Agricultura resolvió liberar comercialmente el trigo HB4. La decisión fue muy bien recibida por los desarrolladores de la tecnología, los representantes del sector biotecnológico y funcionarios vinculados a la promoción de la ciencia y la tecnología, entre otros. Sin embargo, actores de la cadena comercial triguera —como productores y acopiadores— expresaron su rechazo al considerar que implica una amenaza a la comercialización de la producción argentina. En cualquier caso, la intensidad del conflicto no terminó escalando ya que Bioceres —la empresa nacional corresponsable de este desarrollo— aclaró que todavía no va a comercializar variedades de trigo HB4, por lo que la semilla no va a estar disponible para sembrar en esta campaña (solo lo va a hacer bajo el sistema de identidad preservada del que participan 250 productores).
Desde una perspectiva desarrollista existen muchos motivos para entusiasmarse con el avance de esta tecnología. Fueron largos años de esfuerzos e inversiones públicas y privadas para que una empresa nacional logre competir en un segmento que hasta ahora estaba dominado por multinacionales. Argentina es el tercer país productor de transgénicos: sin dudas este desarrollo es un movimiento hacia una mayor soberanía tecnológica en la materia. A su vez, la resistencia al estrés hídrico es una de las cualidades más buscadas por los desarrolladores de semillas en la actualidad: las proyecciones indican sequías recurrentes en los próximos años. Además, si el trigo HB4 tiene éxito comercial, podría garantizar un incremento en las exportaciones e ingresos al país por venta de semillas y pago de regalías a los titulares de las patentes, entre los que se encuentran instituciones públicas del sistema científico-tecnológico en alianza con una empresa nacional.
Los reparos de parte de la cadena triguera son atendibles y existen antecedentes que justifican la preocupación; también es cierto que existen resistencias del sector en adaptar las rutinas comerciales a nuevos desarrollos. La decisión del MAGyP representó un giro poco fundamentado respecto a lo que había sido hasta el momento la posición oficial, la cual supeditaba la aprobación en Argentina a la obtención del permiso de importación en Brasil, que a fines de 2021 había aprobado las importaciones de harina de trigo HB4, pero no la semilla o el grano. Esta condicionalidad a lo que haga un país importador de granos argentinos no es algo excepcional: para aprobar cualquier transgénico es necesario pasar por una evaluación de los posibles impactos comerciales. El temor de muchos productores radica en que una falla en la segregación de los granos puede generar cierta reticencia en los mercados y los socios comerciales podrían imponer sanciones, desde primas sobre los precios a bloqueos de los embarques. Estas sanciones, a su vez, se traducirían en un recorte del valor percibido por algunos actores de la cadena, típicamente trasladados hasta el productor. De fondo hay una discusión más amplia, que atraviesa a la industria agroalimentaria, sobre quién se hace cargo de las inversiones necesarias para asegurar la trazabilidad de los alimentos: productores, intermediarios, empresas de comercialización, o el Estado.
Más allá de los intereses que se oponen a la decisión, las expresiones de rechazo revelan una desconfianza sobre los procesos regulatorios y la forma en la que se toman las decisiones. La aprobación de transgénicos tiene mucho para mejorar, especialmente en el área de análisis de impacto comercial. La desconfianza se puede reducir sensiblemente si se genera más información sobre los posibles impactos comerciales a lo largo de la cadena y si esta información se presenta de manera accesible al público. Un Estado más legitimado en sus capacidades de decisión y regulación de la biotecnología agrícola es fundamental para insertar al país entre los pocos desarrolladores de esta actividad a nivel mundial.
