Vivimos en una época en que los datos y la información tienen una presencia constante en nuestras vidas. Tradicionalmente, la capacidad de extraer información de los datos fue aprovechada por las corporaciones para tomar decisiones operativas y comerciales y, por ejemplo, conocer a sus clientes, sus intereses y necesidades, anticipar sus comportamientos e incidir en sus decisiones de compra. Es una práctica habitual en la actualidad.
Esas estrategias se han complejizado con el desarrollo contemporáneo de la capacidad de cómputo y de los algoritmos, que permiten utilizar los datos de maneras cada vez más automáticas, eficientes y personalizadas para que las organizaciones, los Estados y las personas puedan tomar decisiones a distintos niveles y con diferentes alcances. En otras palabras, cada vez es más claro que contar con datos y tener la capacidad de obtener información de ellos resulta una fuente de poder.
En Fundar estamos convencidos de que los datos y la información pueden ser también un pilar para mejorar la vida de las personas, si se utiliza la información y su procesamiento para diseñar, implementar, gestionar, evaluar y mejorar políticas públicas basadas en información fehaciente, cuyos impactos sean los buscados y que estén por eso al servicio de los ciudadanos. Producir datos de calidad, considerarlos un activo y utilizarlos de manera correcta para obtener información son pasos fundamentales a la hora de encarar el desarrollo sustentable e incluso en la Argentina. En otras palabras, en la era de la inteligencia artificial y los datos, la información no es solo un activo que puede ser aprovechado por las corporaciones: tiene que convertirse en un patrimonio de la población.
Para lograrlo es necesario hacer disponibles los datos y los algoritmos en función de este objetivo. Un primer paso es reconocer la existencia y el valor de los conjuntos de datos que se encuentran en poder de diversas organizaciones. Gestionarlos con visión técnica, plural y reflexiva, con el objetivo de garantizar su calidad, permitir su usabilidad e intercambio es central en el camino hacia esa meta. Es necesario, además, incentivar la asociación y participación de los actores vinculados a las distintas etapas del ciclo de vida de los datos, de manera de facilitar el cumplimiento de estas premisas.
Esto implica también un cambio cultural importante en la forma en que se toman decisiones y se analizan las políticas. En particular, requiere complementar la elaboración de estudios que se basan en datos generados específicamente para esos casos con estudios que usan datos generados para otros fines y que tienen por eso una cobertura más amplia de la población. Se trata, en otras palabras, de pasar de una visión puramente cualitativa del diseño de políticas a una visión mixta, que involucre también el análisis cuantitativo.
Es importante destacar que el uso de datos y algoritmos para el desarrollo implica una perspectiva ética y de derechos humanos, en tanto sus aplicaciones impactan en la vida de los ciudadanos y ponen cada vez más en jaque al respeto por derechos como el de la privacidad y la protección de los datos. Las leyes, regulaciones y estándares actuales deben ser puestos en cuestión y es preciso reflexionar sobre sus implicancias.
Incorporar procesos de gestión, de toma de decisiones y de diseño de políticas basadas en datos y algoritmos es un desafío complejo en el contexto de nuestro país. La complejidad radica en la disponibilidad y calidad de los datos: en algunos casos no son almacenados, son insuficientes o no se comparten; en otros son generados como requisito de algunos procesos administrativos que desestiman su uso posterior, lo que condiciona definitivamente su calidad y usabilidad; existen riesgos asociados a su uso, en tanto pueden conducir a decisiones sesgadas por malinterpretar resultados, por usar datos o algoritmos incorrectos y, finalmente, se desconocen las restricciones existentes o las posibilidades y beneficios que traen estas herramientas, lo que termina por anular su incorporación en la toma de decisiones. Identificar casos de uso y sus potenciales impactos es un primer paso para resolver esas dificultades.
Realizar estudios con datos, determinar sus alcances y limitaciones, sus valores y derechos afectados ayudará a actuar en contextos en los que puede ser implementada la inteligencia artificial. Por otra parte, no se trata solo de incorporar tecnología o de realizar meros cambios metodológicos; la implementación de decisiones basadas en datos y algoritmos de análisis requiere un cambio cultural profundo, basado en la premisa de que el buen uso de la información salva vidas, como quedó de manifiesto durante la pandemia de COVID-19.
