Para cuando la pandemia termine, la situación económica de las mujeres en América Latina y el Caribe habrá empeorado. Faltan políticas tendientes a mitigar los efectos de la crisis, reducir brechas de género y garantizar la autonomía económica de las mujeres.
La crisis del COVID-19 ha exacerbado las brechas de género existentes y profundizado la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (ALC). Dado este contexto, el equipo de investigación del Área de Géneros de Fundar repasó las respuestas desplegadas por los gobiernos de 19 países de la región para mitigar los impactos de género de la pandemia. El análisis se basa en la información provista por la base de datos Rastreador Global de Respuestas de Género de la COVID-19, herramienta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con contribuciones técnicas y liderazgo sustantivo de ONU Mujeres.
Este texto es el resumen de un artículo que forma parte de la Serie de Documentos de Política Pública de COVID-19 del PNUD y que ha sido incorporado al libro Las implicaciones socio-económicas de la pandemia por COVID-19: Ideas para la acción en políticas públicas, publicado por el organismo. El libro se lanzó durante un evento en diciembre de 2020 con un panel que incluyó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Luis López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Paola Bergallo, Directora del Área de Géneros de Fundar.
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Como conclusión general, aun cuando América Latina y el Caribe es la región que alcanza la mayor cobertura relativa de políticas sensibles al género implementadas en respuesta a la pandemia, la intervención de los gobiernos ha sido limitada e insuficiente en términos de la cantidad de medidas implementadas, fragmentaria respecto de las áreas abordadas y heterogénea en su alcance.
Algunos datos que permiten caracterizar mejor la situación:
- Los gobiernos implementaron a nivel global un total de 2517 medidas de respuesta a la crisis del COVID-19, de las cuales el 39% (992) fueron sensibles al género.
- En ALC, los 19 países analizados implementaron un total de 415 medidas sensibles al género para abordar los impactos sociales y económicos de la crisis del COVID-19.
- La enorme mayoría de los esfuerzos, tanto a nivel global como en América Latina, se concentraron en las acciones de prevención y abordaje de la violencia basada en el género.
- A nivel global, 704 medidas fueron acciones de prevención y abordaje de violencia basada en el género. De ellas, 177 son de América Latina.
- Las políticas relativas a la seguridad económica de las mujeres y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado tuvieron una cobertura notablemente menor.
- A nivel global, hubo 177 medidas relativas a la seguridad económica de las mujeres (61 provenientes de ALC);
- En los 19 países de ALC analizados, esta área representó el 25% de las acciones sensibles al género y apenas un 12% del total de las acciones relevadas, con un promedio de sólo dos medidas adoptadas por país.
- Tomados en conjunto, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica concentran casi el 60% de las acciones implementadas relativas a la seguridad económica de las mujeres; nuestro país encabeza el grupo con 8 medidas adoptadas. En contraste, Uruguay, Panamá, Nicaragua y Cuba no adoptaron medidas en esta dimensión.
- A nivel global, hubo solo 111 acciones implementadas en relación al trabajo doméstico de cuidados no remunerado;
- En ALC, los 19 países abordados en el estudio implementaron un total de 15 medidas enfocadas en el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, lo cual representa menos del 6% de las medidas sensibles al género adoptadas por los países de la región y tan solo 2.6% del total de las medidas de respuesta a la pandemia implementadas por los países de la región;
- La mitad de las medidas relativas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados fueron implementadas por Argentina y Costa Rica; nuestro país da cuenta del 30% de las acciones regionales en esta dimensión.
- A nivel global, hubo 177 medidas relativas a la seguridad económica de las mujeres (61 provenientes de ALC);
Comparativamente, todos los países desplegaron intervenciones en el ámbito de la violencia de género. La gran mayoría implementó al menos una acción respecto de la seguridad económica, pero hay un déficit notable en términos de medidas destinadas al trabajo doméstico.
En el actual contexto, resulta fundamental la intervención focalizada para garantizar que las mujeres no sean dejadas atrás en los procesos de recuperación económica y para evitar que las oportunidades de reinserción en los mercados de trabajo se segmenten reforzando las desigualdades de género por la asignación de las mujeres al trabajo no remunerado del hogar.
Es necesario contar con políticas centradas en la empleabilidad, la participación laboral y el desarrollo empresarial de las mujeres, así como también el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el apoyo a los sectores productivos y categorías ocupacionales feminizadas.
El 8 de Marzo, como parte de las actividades conmemorativas del día de la mujer, el PNUD junto a ONU Mujeres, presentaron el documento «Los impactos del COVID-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe». De la presentación participaron Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; Maria-Noel Vaeza, Directora Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres; Paola Bergallo, Directora del área de Géneros de Fundar y Profesora de la Universidad Torcuato Di Tella; Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana; Hugo Ñopo, Investigador Senior de GRADE; y Ana María Tribin, Especialista en políticas públicas del PNUD. Aquí puede revivir el encuentro.