Hace siete décadas las argentinas votamos por primera vez en una elección presidencial. Por estos días, además, celebramos tres décadas de una de las innovaciones democráticas más importantes de nuestra historia: la ley de cupo femenino. El aniversario de la aprobación de esta norma pionera es una oportunidad para destacar la creatividad y el arrojo de quienes la concibieron. También es una ocasión para rememorar las luchas de nuestras lideresas políticas y del movimiento de mujeres, los éxitos de sus acuerdos transversales y su tarea sostenida de exigir cada norma conquistada desde entonces. El homenaje a la ley y a sus autoras es un buen momento para interpelarnos sobre cuán difícil es integrarnos al ejercicio real del poder. Un proyecto que nos desafía a volver sobre los pasos de las experiencias exitosas de construcción de transversalidad para pensar cómo alcanzar nuevos consensos.
La Ley 24.012 fue aprobada el 6 de noviembre de 1991. Estableció los términos de la primera política de acción afirmativa del país que exigía un 30% de mujeres en la conformación de las listas partidarias. Al fomentar un trato diferenciado para la inclusión de mujeres en las candidaturas a ambas cámaras del Congreso, la ley sentó las bases para una redefinición del ideario igualitario de la Constitución. Esta expansión de la ciudadanía política basada en el género se consolidó con la reforma de1994, que incorporó las acciones afirmativas y los tratados de derechos humanos a la Constitución. A nivel provincial, entre 1991 y 2017, año en el que la Ley 27.412 selló un compromiso más exigente con la paridad democrática, la expansión de las políticas de acción afirmativa se extendió a los sistemas electorales provinciales.
El cupo fue muy poco respetado en la primera elección y su constitucionalidad fue objetada en diversos planteos judiciales que devinieron abstractos gracias a la reforma constitucional de 1994. Entre 1992 y 1995, la Cámara Electoral emitió 79 pronunciamientos mientras que en 1996 y 1997, las decisiones emitidas fueron solo 8. Sin embargo, la ley produjo otras olas de litigios a los que se sumaron, entre otros, los planteos de las candidatas postergadas en el orden de las listas. Entre los conflictos contra la interpretación restrictiva de la ley, se destaca el que llevó al sistema interamericano de derechos humanos la Dra. Meciadri de Morini. Como consecuencia de ese litigio internacional, la legisladora radical provocó un acuerdo amistoso entre la Comisión Interamericana y la Argentina que culminó en la reforma de la reglamentación. La aplicación del Decreto 1246/00 dio lugar al salto en la cantidad de integrantes de ambas cámaras que asumieron en diciembre de 2001, cuando la ley cumplía su primera década.
La judicialización acompañó durante años la aplicación de la norma nacional y de sus pares provinciales. Más allá de los incumplimientos, en ocasiones los planteos vinieron de propuestas más exigentes, como la promovida por el partido Ciudad Futura de Rosario, a quien la justicia impidió integrar una lista solo por mujeres. A partir de 2018 los reclamos judiciales volvieron a aumentar como consecuencia de los conflictos sobre vacancias en la tensión entre la regulación del cupo y la ley de paridad. En los últimos años, gracias al trabajo cooperativo de legisladoras, académicas y organizaciones de la sociedad civil a través de la iniciativa Ojo Paritario, la cámara electoral, los tribunales provinciales y la Corte Suprema volvieron a pronunciarse sobre la igualdad política y su relación con la democracia paritaria.
Al mismo tiempo que operaban estos ciclos de regulación, judicialización y reescritura legislativa, las acciones afirmativas llegaron a la integración de la Corte Suprema. En ese sentido, cabe recordar el compromiso con la diversidad de género asumido por el Presidente Kirchner en el Decreto 222/03 que dio lugar a la elección de las juezas Carmen Argibay y Helena Highton. La aplicación de esta norma tampoco fue lineal y, como es sabido, en 2016 la vacancia que había provocado la muerte de la Dra. Argibay no implicó su reemplazo por otra jueza.
Las demandas y el consenso sobre la necesidad de expandir la paridad democrática a otros ámbitos tardaron más en llegar. Recién en los últimos años se han adoptado normas sobre las nominaciones del Consejo de la Magistratura, los directorios de las organizaciones corporativas, la conducción universitaria y el sistema científico-tecnológico. La aplicación de algunas de las nuevas reglas todavía se discute en los tribunales, como el caso de la decisión de la Inspección General de Justicia sobre los directorios. Aguardamos aún el debate sobre las regulaciones para la integración del Gabinete de Ministros y la alta dirigencia pública, mayores compromisos para la nominación de candidatas a gobernaciones e intendencias, y más roles de liderazgo en el sector privado. Ámbitos de gran valoración social como los deportes y sus instituciones aún son espacios donde no se cuestiona la preponderancia masculina. La tarea de construir consensos para aplicar la paridad en estos nuevos territorios de una forma armoniosa con la Ley de identidad de género es uno de los desafíos pendientes, ya que implica la inclusión de personas travestis, trans y no binarias.
La historia del cupo nos invita a recuperar los éxitos de la experiencia acumulada en la construcción transversal. Sabemos por los testimonios de las políticas radicales y peronistas que la ley surgió de una cooperación multipartidaria sin precedentes. Una articulación de tiempos de crisis en los que las mujeres ofrecían aires de renovación. El proyecto aprobado vino del puño de la radical Margarita Malharro de Torres y fue negociado por las primeras sororas radicales y peronistas en ambas cámaras. Entre ellas estaban Liliana Gurdulich, Norma Allegrone, María Teresa Merciadri de Morini y Marcela Durrieu. Una vez lograda la media sanción, fue clave para su aprobación el trabajo articulado por Virginia Franganillo desde el Consejo de Nacional de la Mujer y las redes provenientes de los encuentros feministas. La noche de la sesión maratónica en la que se sancionó la ley, la movilización transversal de las mujeres en las calles y dentro del recinto resultó clave para sostener la presión y asegurar un resultado positivo.
Durante la primera década de vigencia de la ley, estas políticas colaboraron en la construcción de multipartidarias provinciales, equipos de abogadas y nuevas organizaciones feministas que lograron algunos triunfos modestos en la legislación nacional. La tendencia en términos de la representación sustantiva en el Congreso comenzó a cambiar en 2002. Entonces, la nueva crisis y un número mayor de diputadas y senadoras llevó la construcción transversal y la articulación federal con los movimientos feministas y de la diversidad a un nuevo escalón. Así fue posible que entre 2002 y 2020, el Congreso aprobara 26 leyes en materia de violencias, salud, educación, sexualidad, reproducción, identidad de género, regulación de la familia, infancias, empleo, trabajo doméstico, cupo laboral trans, representación sindical y paridad.
La aplicación de ninguna de esas normas fue sencilla y los incumplimientos de todas son aún hoy frecuentes. Sin embargo, los ejercicios de cooperación que las hicieron posibles modelaron otra forma de diálogo democrático para encarar cuestiones muy divisivas para la sociedad, como pudo verse en la discusión sobre la legislación de interrupción del embarazo. En épocas de polarización extrema y diagnósticos sombríos para muchas de las democracias constitucionales del mundo, la democracia argentina deliberó y produjo una legislación liberal sobre el aborto en el curso de tres años de debates, movilizaciones, ciclos legislativos y electorales.
La integración paritaria del ejercicio del poder público y privado es aún una aspiración a pesar de que las mujeres ocupamos más lugares de decisión que nunca antes en la historia. Recordar los obstáculos y revalorizar las experiencias de cooperación transversal que jalonan las tres décadas iniciadas con un experimento de vanguardia como fue el cupo legislativo es una de las claves para lograr los acuerdos necesarios para retomar la senda del desarrollo inclusivo y sustentable.
