Un documento escrito por el Instituto Universitario CIAS junto con Fundar
Durante la última década, el Estado argentino no ha logrado reducir los índices de pobreza. Este desempeño va a contramano de lo que ocurre en la región: prácticamente todos los países de América Latina lograron hacerlo de forma sostenida. Las dificultades para combatir la pobreza en nuestro país no se originan en un gasto público insuficiente: Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social.
En vistas de este cuadro de situación, donde se combinan altos niveles de gasto social con niveles elevados de pobreza, entendemos que es necesario modificar el enfoque habitual sobre el tema: en lugar de estudiar el tamaño del gasto social en relación con el presupuesto o al PBI, es preciso analizar con mayor sintonía fina su composición y su evolución. Bajo esta premisa, este estudio realiza un análisis de la composición y evolución del gasto social entre 2002 y 2020, lo que permite identificar virtudes y problemas de la red de protección social en la Argentina, a la vez que sugerir cambios que mejoren la justicia y eficiencia de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza.
El trabajo presenta la evolución de los distintos componentes del gasto social en la lucha contra la pobreza entre 2002 y 2020, destacando cambios y continuidades entre gobiernos. Al mismo tiempo, analiza detalladamente los principales programas de distintas áreas del gasto social: asignaciones familiares, pensiones no contributivas, planes de cooperativas, políticas alimentarias, becas educativas y subsidios para la preservación o promoción del empleo formal. Por otro lado, presenta un análisis comparado del desempeño de la Argentina con respecto a otros países de la región en relación con sus indicadores sociales y a la inversión en protección social. Por último, ofrece una serie de aportes para contribuir con una posible reforma de los planes sociales contra la pobreza a fines de lograr una distribución del gasto social más justa y eficiente.
Se han identificado tres hallazgos principales en la evolución de la inversión pública en la lucha contra la pobreza. En primer lugar, la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres. En segundo lugar, los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016. El número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021. Por último, el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente – cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De hecho, en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular.
A los efectos de reformular el sistema de protección social en dirección a hacerlo más justo y eficiente, el trabajo ofrece una serie de aportes en la sección final. En concreto, nos centramos en tres propuestas principales: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal; y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal.
